COMUNICADO DE LA FNFF ANTE LOS RECIENTES HECHOS HOSTILES A LOS QUE SE ENFRENTA

 

 

El pasado día 31 de enero, y como consecuencia de la apertura de la Delegación de la FNFF en Barcelona, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona con la honrosa excepción del Partido Popular firmaron una declaración institucional instando al Gobierno a tomar las medidas necesarias para declarar extinguida la Fundación Francisco Franco.

Recientemente, y ante las presiones de la izquierda radical en Sevilla, el acto de presentación de un libro histórico sobre la vida de Francisco Franco previsto para el próximo día 22 de febrero en el Ateneo de la capital andaluza ha sido anulado por dicha entidad contraviniendo el acuerdo alcanzado con los editores de dicho libro al efecto. Es evidente que la labor cultural de dicho Ateneo se limita al parecer al criterio de los grupos de izquierda y a lo que le dictan.

Y por último, y seguiremos, la vicesecretaria general de PSOE y portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha informado en un desayuno informativo que se reformará el Código Penal para que la apología y la exaltación del “franquismo” sea por fin un delito.

Nos preguntamos si la Sra. Lastra con su excelente formación jurídica sabe que el Código Penal es un Ley Orgánica por afectar a derechos fundamentales de los españoles. ¿Y qué pensar distinto que ella no es un delito?

Todo apunta a que paso a paso y conforme a lo que en la pasada campaña electoral el Presidente Sánchez anunciara a bombo y platillo anunciando que procedería a ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco va tomando forma mediática y de hecho.

Ante esta situación la Fundación Nacional Francisco Franco quiere hacer llegar a todos los españoles el siguiente mensaje:

Esta Fundación no es un partido político, sino una Fundación de carácter cultural que tiene por objeto difundir y promover el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco y del régimen político que rigió los destinos de España entre los años 1936 y 1977.

No es, pues, la política, sino la defensa de la verdad frente a la manipulación creciente de esa etapa histórica y la puesta a disposición de los historiadores de archivos y documentos relevantes para el conocimiento de esa etapa histórica, lo que determina nuestra existencia, imprescindible para garantizar la necesaria pluralidad y objetividad en el análisis de nuestra historia.

El objetivo que persigue el Gobierno con nuestra ilegalización no es otro que callar para siempre una voz discordante con el relato sectario que de nuestro reciente pasado quiere imponer la izquierda desde el Boletín Oficial del Estado.

Se trata de un gravísimo ataque a la libertad de opinión, ideológica, de expresión, de cátedra y de pensamiento contemplados en  los artículos 14,16 y 20 de la Constitución Española que debe repugnar a cualquier persona que, independientemente de sus ideas políticas, crea en la democracia y en el Estado de Derecho.

La criminalización de la disidencia amenaza ahora nuestra existencia, pero mañana buscará callar otras voces que se opongan a la llamada memoria histórica, a la ideología de género, a la muerte digna o a cualquiera de los demás consensos progresistas que quieren uniformar el pensamiento de los ciudadanos, imponiendo la dictadura del pensamiento único.

Esta Fundación reitera, pese a todo, su confianza en la justicia y anuncia que se defenderá utilizando todos los medios legales a su alcance, pero advierte a toda la sociedad española, que si el Gobierno consigue su liberticida propósito, la derrota no será sólo de una Fundación, sino de toda la sociedad española, que, desde ese momento, será para siempre una sociedad menos libre y plural.

En definitiva, hoy será esta Fundación pero mañana lo serán todos aquellos que se opongan al pensamiento único que el Gobierno social comunista pretende implantar.

 

Fundación Nacional Francisco Franco