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Como es sabido, tras la declaración del -mal llamado- estado de alarma (se trata de un estado de excepción pues limita derechos fundamentales) y a la vista de las medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó en sesión extraordinaria la suspensión en todo el territorio nacional de las actuaciones judiciales programadas y de los plazos procesales, manteniendo los servicios esenciales de la Administración de Justicia y hasta que pierda vigencia el mencionado Real Decreto o sus prórrogas.
Parece ser que a la familia Franco no se la deja “descansar” ni estando confinada, pues resulta que el Juzgado de primera instancia e instrucción nº 2 de Betanzos considera esencial, para quitárselo de encima, continuar con el procedimiento por el asalto al Pazo de Meirás y, mediante auto de 29 de abril de 2020, se ha inhibido en favor de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para el conocimiento de los hechos investigados y constitutivos de delitos de daños, allanamiento de morada, contra el honor y de odio, ocurridos el pasado 30 de agosto de 2017 (resultan irónicas las prisas de ahora, ¿verdad?).
La decisión de la inhibición responde a la condición de aforado que ostenta el investigado asaltante Néstor Rego Candamil, diputado por la circunscripción de La Coruña que, al igual que los socios marxistas a los que sirve, opta antes por la violencia que por el Estado de Derecho. Ya en ese sentido amenazó a aquellos que piensan diferente el pasado 29 de abril, en el Congreso de los Diputados, el vicepresidente segundo (recordad que, dentro de la política de austeridad, el Gobierno tiene cuatro vicepresidencias) y miembro de la Comisión Delegada del CNI, Pablo Iglesias: “España, una vez más, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan”.
Es evidente que es un asunto poco atractivo, pues requiere valentía y ganas de buscar la verdad y que, bien de una forma (alegándose por el Ministerio Fiscal prejudicialidad con la inventada discusión sobre la propiedad, que finalmente fue rechazada por el Juzgado) bien de otra (el fuero personal de uno de los asaltantes), Betanzos se lo quiere “quitar de encima lavándose las manos” para que sean otros los que decidan
La Fundación Nacional Francisco Franco seguirá utilizando, dentro de la legalidad y del estado de derecho, los medios necesarios para la defensa de la memoria de quien fuera Jefe del Estado Español y sus obras póstumas como lo es, ahora de plena actualidad y utilidad, el sistema público de salud y de seguridad social que él puso en marcha con el esfuerzo de todos los españoles (pese a que Patxi López lo considere un invento socialista).