Reseña sobre el libro 1936: Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular

Álvarez Tardío, Manuel y Villa García, Roberto:

1936. Fraude y violencia en las
elecciones del Frente Popular,

Espasa, Madrid, 2017, 623 págs.

Fernando Paz

Razón Española

nº 204(julio-agosto)

Hay libros que marcan un antes y un
después en el debate sobre una cuestión; libros que se convierten en clásicos
porque consagran una interpretación histórica; libros que deshacen para siempre
un enfoque hasta ese momento prevaleciente o que decantan un litigio
intelectual sin posibilidad de rectificación. Pues aunque el conocimiento de la
historia avanza con su permanente revisión, hay aportaciones que no se alcanza
cómo podrían ser revocadas.

La trascendencia del libro que nos ocupa
–compendio de las virtudes glosadas en el párrafo anterior– es tan evidente
que, a aquellos que escriben la historia al dictado de la ideología, les faltó
tiempo para lanzarse a la yugular de la obra –¡dos días antes de que saliera a
la venta! – «argumentando» que podía justificar el golpe del 18 de julio. Un
retrato definitivo tanto del sectarismo de estos como de la importancia del trabajo
que impugnaban.

En cierto modo, la tesis esencial del
libro ya era conocida y, para aquel que se acercara sin orejeras a la época que
este trata, ampliamente compartida; pero también es cierto que una parte
sustancial de los historiadores e intelectuales más militantemente
antifranquistas –precisamente aquellos que ocupan la academia y los medios–, se
podían permitir alegar aquello de que «no hay pruebas ni las habrá» del fraude
electoral que en él se narra. Desde la publicación de este libro ese argumento
ya no puede esgrimirse.

Porque las pruebas aportadas en el libro
son tan contundentes, tan concretas, tan documentadas, que no cabe oponerles más
que una desazonada frustración.

Pero vayamos a la obra en sí.

Desde el punto de vista temático, el libro
se divide en tres partes.

La primera es el del camino que conduce
al 16 de febrero, a las elecciones que presuntamente ganó el Frente Popular. Se
examinan de modo exhaustivo los avatares políticos para llegar a la
conformación de las candidaturas en toda España, y las negociaciones entre las
fuerzas políticas de todo signo, en medio del complicado sistema electoral de
la República, que es primeramente explicado pues, de otro modo, la cosa sería punto
menos que incomprensible.

El relato de esta parte de la historia
es verdaderamente prolijo y (para el lector menos avezado, o más acostumbrado a
lo divulgativo) puede hacerse poco digerible, pero es de un interés innegable,
y tiene una conexión con lo que viene a continuación. Sobre todo en cuanto a
que refleja la decisión de la izquierda revolucionaria y sus ansias de
desquite, por un lado, y la indecisión y el miedo de la derecha.

En la segunda parte se trata la violencia
política que precedió a las elecciones, un tema crucial. Durante los últimos
años se ha tendido a rebajar su importancia, para sugerir que los comicios no
se celebraron en un clima de tensión que justificara la deriva posterior; en
definitiva, para normalizar el periodo histórico republicano incluso en los
momentos en los que a este se le ha supuesto una mayor agitación.

Pero el estudio de los autores arroja un
resultado algo distinto. Para empezar, en lo concerniente a la primera vuelta
de los comicios, hubo medio centenar de muertos y unos ochenta heridos graves,
alguno de los cuales murió más tarde. La cifra doblaba la producida en las
elecciones de 1933, ya de por sí poco asimilables a lo que se entiende por «normalidad
democrática».

Además, han establecido la autoría de
los crímenes en tres de cada cuatro casos, una proporción sobrada para sacar
las pertinentes conclusiones. Y estas son demoledoras: un 70% de los atentados
fueron llevados a cabo por la izquierda, deshaciendo la patraña que cierto tipo
de autores han venido sosteniendo al atribuirlos a la Falange, que quería destruir
el sistema democrático; ahora, cuando se demuestra que esa violencia era
revolucionaria, ¿seguirán sosteniendo que sus autores pretendían acabar con la
República o la alteración de la identidad política de los violentos cambia
también la consideración moral de esa violencia?

Lo cierto es que las agresiones fueron
generalizadas, sobre todo por parte de las organizaciones revolucionarias.
Asciende al medio millar el conjunto de actos violentos que tuvieron lugar solo
durante la campaña electoral, sobre todo en mítines y actos de propaganda, lo
que da idea de la escasa normalidad democrática existente. En las dos semanas
que precedieron a la jornada electoral se produjeron quince actos de violencia por
día, no pocos de ellos con resultado de muerte (de hecho, murieron 18 personas
y hubo 57 heridos graves por razones políticas durante esas dos semanas).

Hasta donde ha podido averiguarse, las
agresiones se dirigieron en una proporción muy grande contra miembros de la
CEDA, presa más fácil; en general, los izquierdistas solían evitar a los
falangistas, aunque también se dieron casos de agresiones contra estos. Pero
mientras que la violencia ejercida sobre los conservadores no se veía contestada
con una respuesta violenta de estos, sabían que la que se producía contra los
afiliados a Falange tendría su cumplida respuesta. Aun así, el más grave de
todos los asaltos a sedes políticas fue el de un grupo de pistoleros
izquierdistas al local de Falange en Vigo, que se saldó con dos muertos y
varios heridos.

Entre las detenciones por actos de tipo
violento, resulta llamativo que se practicara un total de 25 en las persones de
candidatos; todos, excepto dos, de izquierdas. La explicación de tal
desequilibrio, que según algunos autores se debería a la beligerancia de la
policía contra los partidarios del Frente Popular, no se sostiene: solo en uno
de cada diez episodios violentos tuvo alguna relevancia la actuación de las
fuerzas del orden, y no hay indicios relevantes de que estas actuaran con
parcialidad alguna sino, la mayor parte de las veces, repeliendo una agresión;
dos policías fueron asesinados durante la campaña electoral.

Los autores concluyen con que «la
violencia fue mucho más relevante y menos esporádica de lo que los estudios
disponibles señalaban hasta ahora».

Pero la conclusión principal es que la
violencia no fue coyuntural, como se ha pretendido, fruto de la tensión inherente
a todo proceso de democratización, sino que se debió a «una fractura subyacente
de carácter sistémico». Quienes decían sostener ideales democráticos no estaban
dispuestos a aceptar la derrota en las urnas, principio elemental de esa misma
democracia, lo que les llevó a rechazar la simple presencia de los adversarios
–aterrorizados ante la sola perspectiva de que los revolucionarios de Octubre
triunfasen– en el espacio público.

Los medios de izquierdas (desde El Socialista al Heraldo) anunciaban, el mismo 16 de febrero, que no aceptarían el
resultado electoral si este era contrario «al pueblo». A nadie extrañaban esas
palabras. El propio Azaña, a quien se podía considerar el más moderado de los
líderes del Frente Popular, había manifestado apenas cuatro días antes que si
la izquierda no ganaba se debería a que las autoridades conservadoras habían
adulterado los resultados, algo que repitieron hasta la saciedad otros muchos
candidatos del Frente Popular. El comunista José Díaz, en fin, había llamado a
tomar las calles antes de que se conocieran los resultados electorales, en previsión
de que tomase el poder «el fascismo amenazador». Lo que, en efecto, llevarían a
cabo.

En el lado derechista, las perspectivas
no eran mucho mejores. Literalmente aterrorizados ante la posibilidad de un
triunfo de los revolucionarios de Octubre, llamaban sobre todo a la
movilización ciudadana, ya que consideraban que, al aliarse el voto republicano
con el revolucionario, la opinión moderada optaría por las candidaturas de centro-derecha.
La Vanguardia consideraba que a la
derecha más le valía ganar por razón del más simple «instinto de conservación»,
mientras que Informaciones hablaba de
morir con honor antes que «bajo los fusiles de los revolucionarios asesinos».

El 16 de febrero de 1936, ante la
seriedad de las amenazas de la izquierda, la autoridad montó un dispositivo
policial sin precedentes, que incluyó tanquetas y nidos de ametralladoras en
las principales zonas de las más importantes ciudades. Escasa de medios, la
policía fue autorizada para requisar medios de locomoción privados que
facilitaran su tarea, que se preveía ímproba. Se prohibió la venta de bebidas alcohólicas
durante todo el día y desde la medianoche anterior. En ciudades y pueblos se
dispusieron patrullas que cacheaban de forma generalizada, y se asignó
protección especial a embajadas, bancos, iglesias, cárceles y, claro, colegios
electorales.

El miedo podía palparse. El día anterior
a las elecciones se habían formado largas colas ante las panaderías para
adquirir alimentos, por lo que pudiera pasar, y en el conjunto de España se
registraron más de 17.000 renuncias a formar parte de las mesas electorales.

La jornada estuvo jalonada de violencias
en numerosos lugares, destacando Galicia, en donde se llegó a impedir del voto
de las religiosas que se acercaban a los colegios electorales; se robaron las
actas, grupos armados de izquierdas ocuparon los colegios, e incluso se llegó a
secuestrar a un interventor de la CEDA, al que se retuvo maniatado y se le
propinó una paliza. En el conjunto de España se rompieron numerosas urnas, hubo
tiroteos en los lugares de votación y asesinatos hasta el número de diez, más
dieciséis heridos, no pocos de ellos de gravedad.

Antes de que se conocieran los
resultados, las izquierdas ya habían sacado a su gente a las calles, como urgía
el PCE, hasta entonces pequeño partido pero cada vez más influyente. La
agitación revolucionaria llevó a las autoridades a una dejación de sus
funciones, en muchos casos completa, por simple terror. La mañana del 17,
frente al ministerio de Gobernación, una nutrida manifestación que la policía
se veía impotente de disolver proclamaba el lema de inequívoco sabor: Todo el poder para las izquierdas. Una
situación que se generalizó en toda España.

El tercer tema es la cuestión esencial de
la obra, y radica en torno al recuento electoral. La desaparición del centro
benefició, por distintas razones, tanto al Frente Popular como a la derecha,
aumentando ambos sus votos. Pero la evolución del sufragio, con tratarse
pormenorizadamente, no es lo sustancial. Lo esencial es lo que sucedió después
de la jornada electoral.

El gobierno que había convocado las
elecciones dimitió antes de terminar el escrutinio, en medio de un fraude
generalizado que decidió el resultado. La representación en distintas
circunscripciones fluctuaba en un escaso número de sufragios, y la presión de
la izquierda más revolucionaria –comunistas, anarquistas y socialistas– terminó
por hacerse insoportable.

El fraude en el recuento fue
generalizado; Pontevedra, Jaén, Valencia, Málaga… fueron testigos de algunos de
los más vergonzosos sucesos, pero no fueron nada comparadas con lo que sucedió
en Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas o La Coruña. La izquierda asaltó
literalmente el poder incluso allá donde se había producido ya la proclamación
de la victoria conservadora.

El traspaso de poderes, algo parecido a
una huida por parte de los responsables centristas y derechistas, a manos de la
izquierda facultó el que las nuevas autoridades republicanas y revolucionarias impugnaran
los resultados en aquellos lugares en los que habían ganado las derechas. Los
autores repasan de forma exhaustiva los lugares y las condiciones en las que
tuvo lugar dicho fraude y cómo se alteró el resultado final de las elecciones,
que entronizó a un gobierno que jamás debería haberlo sido.

Y que, si careció de legitimidad, pues,
de origen, no haría nada para ganarse la de ejercicio.

En último análisis, el valor de libro
radica, seguramente, en esto. Los autores han concretado, punto por punto, lo
que durante largas décadas se sospechaba y de lo que se tenía indicios
abundantes, pero no definitivos: que las elecciones de 1936 habían constituido
un fraude presidido por la violencia. Lo que eran indicios son ahora pruebas. E
irrefutables.

Pero el libro no solo tiene valor por
esto, por sus aportaciones cuantitativas; y no solo por lo que explicita, sino
también por lo que sugiere.

Y lo que se desprende de este magnífico
trabajo es que lo que sucedió el 16 de febrero de 1936 no encaja con la versión
oficial de unas fuerzas democráticas respetuosas de la opinión popular, unas
fuerzas de izquierda amantes de la República y la libre expresión, cuyo
proyecto sería, en lo esencial, asimilable al de las naciones democráticas
europeas; no, lo que 1936. Violencia y fraude
en las elecciones del Frente Popular establece es que se trataba de unas
fuerzas –bien republicanas, bien revolucionarias– para las que la democracia y
la opinión del pueblo poco significaban, para las que la democracia y la República
no constituían sino algo puramente instrumental, y que para conseguir sus fines
no había tropelía que no estuviesen dispuestas a cometer.

Definitivamente, 1936. Violencia y fraude en las elecciones del Frente Popular deshace
el argumento de que la rebelión de 1936 se produjo contra un gobierno legítimo,
por la sencilla razón de que aquel gobierno ni era legítimo ni siquiera debiera
haber existido jamás.