¿Cuántos médicos se podrían contratar con el gasto en publicidad institucional sobre el franquismo?. Por Rubén Arranz

Por Rubén Arranz.

¿Cuántos libros para las bibliotecas públicas podrían adquirirse con los 3,6 millones de euros que se va a gastar el Ministerio de Cultura para alentar a la población a que vaya al cine, al teatro o a las salas de conciertos?

Puestos a hacer demagogia, cabría preguntarse cuántos médicos de atención primaria podrían contratarse con 300.000 euros. Según un informe del sindicato de facultativos de Granada, un profesional de este tipo percibe en Madrid entre 45.000 y 64.000 euros anuales. Es decir, con 0,3 millones se puede reforzar algunos centros de salud. Esa cantidad se destinará en 2023 a una campaña publicitaria del Ministerio de la Presidencia que estará dedicada a “promover la reparación moral y la recuperación de la memoria personal, familiar y colectiva de las víctimas de la guerra de España y la dictadura franquista“.

Los medios de comunicación no suelen ser muy críticos con la publicidad institucional porque, a fin de cuentas, todos beben de esas fuentes y no está la cosa para tirar cohetes. Pero cabría preguntarse por la utilidad de determinadas campañas que cruzan la fina línea entre la información pública y la propaganda. En el caso de estas últimas, es lógico que los ciudadanos se pregunten: ¿por qué emplea el Gobierno mi dinero para hacer proselitismo de sus causas ideológicas?

El plan anual de publicidad institucional 2023 recoge varios ejemplos de este tipo. Abundemos en el mismo razonamiento: ¿cuántos sanitarios podrían contratarse con los 400.000 euros que empleará el ministerio de Yolanda Díaz para informar a los ciudadanos sobre las acciones que han ejecutado para dotar a los ciudadanos de unas condiciones de trabajo dignas? ¿Y con los 225.000 euros que irán a parar a la propaganda de las medidas tomadas contra la precariedad laboral? ¿Se informará sobre las situaciones penosas e ilegales o se vanagloriará a la titular de esta cartera?

Es posible que estas partidas de gasto estatal representen uno de los mejores ejemplos sobre la arbitrariedad con la que el Estado actúa en los ámbitos en los que le conviene. Porque entra dentro de lo normal que las administraciones informen sobre las precauciones a tomar durante la operación salida de agosto (DGT), sobre la campaña de vacunación de la gripe o sobre los peligros que ocasionan las especies invasoras en los ecosistemas patrios. Es lógico que se gaste para advertir a los desinformados de que no hagan hogueras en el monte en verano y no cacen cuando se cierra la veda.

Propaganda pagada por el contribuyente

El problema se presenta cuando estas campañas se travisten y se utilizan como una herramienta más de propaganda. Principalmente, porque supone el uso de fondos procedentes de los impuestos de los ciudadanos para ensalzar a un Gobierno. Pero también viola la neutralidad institucional que debería respetarse siempre en las democracias representativas, dado que otorga al Ejecutivo unos fondos para publicitarse con los que no cuenta la oposición.

Para más inri, es Moncloa la que fija el gasto total en publicidad institucional, así que en este año electoral ha decidido destinar 145 millones de euros en esta causa. En 2018, el año en el que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia, esa cantidad era de 71 millones. La diferencia entre el anterior y actual Ejecutivo en este sentido es evidente. Éste entiende mucho mejor las ‘necesidades’ de los medios. Las más inconfesables.

Así que Teresa Ribera invertirá 4 millones de euros en destacar los beneficios que generará la transición hacia las energías renovables; y Miquel Iceta -como contó Vozpópuli-, 4,5 millones de euros en promocionar su Bono Cultural Joven, por el que se entregarán 400 euros a los -¡oh, casualidad!- nacidos en 2005, que podrán votar por primera vez este año.

¿Demagogia?

La demagogia es un recurso muy simplón, pero con su empleo se accede a veces a algunas verdades incuestionables. Veamos: ¿cuántos libros para las bibliotecas públicas podrían adquirirse con los 3,6 millones de euros que se va a gastar el Ministerio de Cultura para alentar a la población a que vaya al cine, al teatro o a las salas de conciertos? ¿Y cuántos tratamientos médicos podrían pagarse con los 3,2 millones que el departamento del ‘derrochón’ Iceta empleará en promocionar el deporte femenino y LGBTI? ¿Y acaso los 3,1 millones de euros que se emplearán para vender las bondades de RTVE no podrían destinarse… a la construcción de un centro de ocio para mayores?

Es evidente que los anteriores ejemplos pueden resultar grotescos, pero conducen hacia una conclusión lacerante, y es que el Estado gasta muchos millones de euros de forma injustificable. ¿En qué? Entre otras cosas, en propaganda que sólo beneficia a quienes la impulsan. Es decir, a quienes están al frente de las Administraciones que hacen un mal uso de la publicidad institucional, que son todas. Repito: todas.

Todo esto debería hacer reflexionar a los ciudadanos que piden un incremento del gasto público -a los militantes o a los movidos por militantes-, porque quizás la clave para que el Estado funcionara mejor sería que se invirtiera el dinero de los impuestos de una forma mucho más eficiente… por ejemplo, evitando el empleo de la publicidad institucional para ensalzar al Gobierno y a sus componentes. Porque esa política contribuye a que se expandan mentiras que, poco a poco, con cientos de millones de propaganda, se convierten en verdades aceptadas, como aquella que hasta el inicio de la pandemia sostenía que España tiene la mejor sanidad del mundo.

La complicidad mediática

Los medios de comunicación, como siempre, hacen el paripé en estos casos. Se limitan a enviar una unidad móvil a cualquier manifestación que sea ruidosa o que reclame algo que coincida con su línea editorial, pero no suelen realizar el esfuerzo de analizar si los protestantes tienen razón o no. De lo contrario, podrían pasar a engordar el bando de los enemigos de quienes reparte la publicidad institucional. Ojo, no sólo sucede en el ámbito público. También pasa en el privado. Para el recuerdo quedará aquel programa de Salvados sobre el vaciado de los pantanos por parte de Iberdrola, que estuvo precedido de un publi-reportaje de Endesa que incluía una declaración de su consejero delegado.

Está claro que esta actitud mediática no se corregirá, pero, al menos, está bien que los ciudadanos, antes de ver, de leer o de escuchar, sepan a lo que se exponen. Así, quizás, por ejemplo, la próxima vez que alguien del PSOE o de Podemos abra la boca para lamentar el recorte en la atención primaria, se le podrá espetar: a lo mejor iría todo mejor si no invirtierais 300.000 euros al año en propaganda sobre la memoria democrática.