DELITO Y DELINCUENTE

 

 

 

 

   Ninguna imagen representa mejor la farsa secesionista, delincuencial, de un régimen treinta y nueve años consensuando, consintiendo y auspiciando el engaño, la traición y la manipulación de un pueblo hasta dividirlo y enfrentarlo en este grotesco remedo plebiscitario que se consumó el 9 de Noviembre de 2014. Mientras Don Tancredo, en la Moncloa, se fumaria un puro. La fiscalía todavía analiza la evidencia de los hechos, incluida la autoinculpación innecesaria del Rey Arturo de Camelot. La justica, a la altura de la descomposición general e irresponsabilidad gubernativa, veía “desproporcionado” el hacer cumplir las dos resoluciones de Tribunal Constitucional, el mas alto Tribunal en el orden jurisdiccional, e impedir que se cometieran los fragantes delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, usurpación de funciones y desobediencia o desacato a los tribunales, como lo pedían distintas agrupaciones y partidos.  

 

   Todo falló en esta Nación sin Estado, sin voluntad de permanecer, sin nervio, sin espíritu histórico como legado recibido, sin alma colectiva, sin dignidad personal o responsabilidad institucional. En cualquier país civilizado parecía inconcebible que esto pudiera darse y menos en la cuna de la Europa civilizadora que encumbró Roma y fortaleció la evangelización cristiana. En el 98, al menos, hubo heroísmo, aunque el pueblo inconsciente, como ahora, se fuera a los toros. Hoy, el heroísmo se considera vano e inútiles los muertos por España, por defender a la sociedad frente al terrorismo secesionista de ETA; la paz de todos nosotros y esta falsa democracia que permite a sus verdugos una libertad anticipada, Seguridad Social, vacaciones pagadas, y representación en las Instituciones para consumar su iniquidad.  

 

   El daño ya está hecho, la estrategia del perfil bajo, una vez MAS, oculta una cobardía insuperable, una carencia de principios permanente, y un ansia de gobernar a toda costa, aunque los Reinos de Taifas restaurados en España nos lleven a la destrucción, la ruina y el enfrentamiento permanente. Los separatistas consiguieron su propósito de votar en cuantas urnas quisieron y con toda la parafernalia de los movimientos de masas, dar el resultado que les plazca. Y lo han hecho con impunidad y burlándose del Estado de Derecho y todas sus instituciones. Se han burlado de la soberanía del pueblo español, donde dicen, radica el pilar jurídico y factico de la Nación. La bufonada de agitación y propaganda prosigue su avance sin mayor oposición que la de esperar que un milagro nos devuelva a la cordura y las masas, cada vez mas instrumentalizadas, tengan un rapto de lucidez imprevisible.  

 

   No, Jorge Pujol votando, es el paradigma de este proceso degenerativo, de una democracia prostituida en su raíz. Representa lo que todos: Adolfo Suarez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y ahora, Mariano Rajoy, han sembrado a lo largo y ancho del territorio nacional con una política insustancial y errática en lo coyuntural y de entreguismo en lo sustantivo. De haber aplicado el sentido común y un mínimo de conocimiento histórico, y no sus intereses partidistas sobre como llegar y mantenerse en el poder, jamás hubiera crecido y se hubiera asentado el nacionalismo periférico en España. Ningún sentido, ni pasado histórico, habían tenido para darles el tratamiento de nacionalidad y unas transferencias superiores a cualquier Estado Federal, de sanidad, hacienda, interior y medios de comunicación, instrumentos con los cuales y el transcurso del tiempo necesario han producido la actual desintegración.  

 

   Pujol, votando, es la mejor metáfora de unos dirigentes sin altura de miras, instalados por encima de la Ley, con desprecio absoluto hacia sus votantes a los que no se deben. Solo se deben al Partido que los ha colocado en las listas para Concejales, Alcaldes, Diputados y Senadores. Todo ello multiplicado por las 17 Autonomías, Diputaciones y demás canonjías que salen de unas empresas publicas deficitarias e  ineficientes, mantenidas como centros de colocación a costa de los contribuyentes. Con una justicia dominada por lo conveniente y al servicio de quien la elije y promociona, la corrupción lo inunda todo, porque está en la base de todo, sin control.  

 

   Pujol, votando, hace un ultimo servicio a la Patria común que odia, al pueblo que desprecia, y un flaco favor a la oligarquía separatista en la siempre se apoyó. Es posible que todos comprendan las razones últimas para separarse de España. Su imperiosa necesidad de controlar la justicia, el orden público (interior), la hacienda y la enseñanza. Su llamada “construcción nacional” pretende evitar su corrupción institucional, el que se proyecte en la historia su ínfima catadura moral y destruir la nación que reconquista, luce y guía el occidente cristiano, con los catalanes como estandarte y vanguardia.  

 

   El único aceptable lamento, hoy, de los españoles, es no haberse dado cuenta antes de la impostura, pues todos somos culpables, por acción u omisión, de los gobernantes que hemos tenido, sin que quepa o sea aplicable la atenuante de engaño manifiesto o utilidad del voto. El mal menor nos ha llevado al mal absoluto que se cierne, cada vez más amenazante, sobre el proyecto histórico, convivencial, ilusionante, llamado España. Lo único positivo es recordar de dónde venimos y quien fue el último Estadista que tuvo España y las razones que asistieron a su generación para impedir que durante cuarenta años la democracia liberal no desgobernara la Nación y arruinara al pueblo. El Ayer, no ha muerto, aunque no esté el futuro en el pasado escrito, como acertadamente señalara A. Machado. Pero ¿hay futuro sin una reforma a fondo y estructural del sistema? ¿Con las soluciones del comunismo reconvertido en adalid de la libertad y justicia?¿Debemos seguir confiando en quienes son la causa del mal causado? ¿Alguien en su sano juicio, puede creer que un Estado Federal solucionaría el problema de quien no quiere formar parte de la Nación? Solo una alternativa real, constructiva y viable a la enorme complejidad de los problemas, donde la Ley justa y orientada al bien común sea aplicada e impuesta, como base común de la convivencia y del Estado de Derecho.