Por último, pero no menos importante, es urgente modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar la intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo y recuperar el delito de sedición en el Código penal, endurecer las penas para delitos graves y violaciones
Luis Felipe Utrera-Molina
Los estertores de ocho años del gobierno más nefasto de nuestra historia hacen que los españoles respiremos una atmósfera turbia, ya cansada, como de taberna al final de una noche crapulosa. Asistimos al acto final de una mascarada protagonizada por bandoleros de la peor calaña que han dejado al descubierto las deficiencias de nuestro Estado de derecho, que saldrá muy tocado de esta interminable pesadilla.
Sin embargo, toda catarsis es una ventana de oportunidad para enderezar el rumbo de una nave que lleva demasiado tiempo navegando a la deriva.
Hace unos días escuchaba a un líder nacionalista vasco decir, preguntado por su eventual apoyo a una moción de censura, que su «línea roja» es Vox y tiene sobrados motivos para decirlo, porque, entre otras cosas, es el único partido que lleva en su programa la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General de 1977 que lleva lastrando la vida política española con el chantaje de partidos separatistas, con una sobrerrepresentación en el Congreso que hace que el voto de un andaluz o un castellano valga menos que el de un catalán o un vasco.
Y es que la reforma de la ley electoral es ya una reforma inaplazable para una nación grande que no puede seguir siendo objeto de un chantaje permanente de los partidos separatistas. La reforma óptima sería establecer una circunscripción nacional única, la misma que se utiliza para las elecciones europeas, de forma tal que todos los ciudadanos y sus votos serían iguales y los partidos tendrían escaños proporcionales al número de votos que reciban, estableciéndose un umbral mínimo de los votos emitidos para tener representación. La fórmula es sencilla, pero cuenta con el inconveniente de que, mientras la reforma de la Loreg sólo requiere mayoría absoluta en el Congreso, el sistema de circunscripciones provinciales está inserto en el artículo 68 de la Constitución, por lo que se requeriría mayoría de tres quintos para llevarla a cabo (210 escaños).
Sin embargo, el cambio de circunscripción no es la única vía para corregir un sistema electoral proporcional que se ha demostrado ineficiente, pudiéndose establecer umbrales mínimos de voto a nivel nacional que corrijan la sobrerrepresentación de los partidos periféricos, para lo que tan sólo se necesitaría una mayoría absoluta del Congreso (176 escaños). En cualquier caso, la reforma de la ley electoral es absolutamente inaplazable para que España avance como nación sin pagar un peaje a quienes apuestan por su desintegración y debe estar sobre la mesa en cualquier escenario de pactos poselectorales.
No menos urgente es la derogación inmediata de toda la legislación ‘memorialística’, que no debe ser sustituida por ninguna legislación ‘concordialística’, porque el juicio de la historia debe dejarse a los historiadores y nunca más a los políticos, que han aventado odios dormidos mediante la torticera interpretación de nuestra historia.
También es prioritario el desmontaje de las leyes ideológicas «de género» que no sólo han demostrado ser absolutamente inútiles para reducir la violencia doméstica, sino que, por ejemplo, han causado daños irreparables a menores de edad que al alcanzar la madurez se han arrepentido de haber sido sometidos a terapias de conversión irreversibles y han arruinado las vidas de muchos hombres contra los que se han utilizado las denuncias falsas para arrebatarles la custodia o el derecho de visita de sus hijos.
Por último, pero no menos importante, es urgente modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar la intromisión de los poderes legislativo y ejecutivo y recuperar el delito de sedición en el Código penal, endurecer las penas para delitos graves y violaciones y deshacer todas las modificaciones legislativas impuestas por los partidos separatistas durante los últimos años de postración del Estado.
Qué duda cabe que el desmontaje del Estado llevado a cabo por el gobierno Frankenstein requiere que la revisión legal sea más profunda. Pero la agenda de derogaciones mínimas antes apuntadas debe acometerse durante los primeros dos meses de gobierno con el objeto de desmontar de forma rápida todo el proyecto sociológico de la izquierda.
Asumo que la derogación de las normas mencionadas debería concitar el consenso de los dos grandes partidos de la derecha, pero todos sabemos que el Partido Popular no es fiable a la hora de revertir políticas de la izquierda –a la mayoría absoluta de Rajoy en 2011 me remito–, por lo que resulta indispensable que Vox tenga la fuerza electoral necesaria para hacer realidad una agenda reformista que tiene incluida desde hace años en su programa electoral.
Sánchez ha demostrado que –en política– es capaz de hacer nuevas todas las cosas, por lo que, aunque su final se adivina, tardará en llegar pues no está dispuesto a renunciar al blindaje legal de la Presidencia del Gobierno Mientras tanto, no basta con esperar sentado a ver pasar el cadáver de tu enemigo. La oposición debe tener preparadas y pactadas las proposiciones de ley, los decretos y los reales decretos leyes necesarios –que ahora sí serán de extrema y urgente necesidad– para revertir cuanto antes ocho años de ignominia y bandolerismo gubernamental que han dejado al Estado de derecho y a la nación española en un estado agónico ante el que no podemos permanecer impasibles.