Editorial de Abril de 2015

 

 

   Cuando se cumplen 40 años de la muerte del Generalísimo Francisco Franco, un grupo de historiadores, encabezado por Julián Casanova, deconstruye con toda la carga ideológica, falseamiento de la realidad, tendenciosidad habitual y desprecio por la historia. Autores como Paul Preston, Ángel Viñas, Borja de Riquer, José Carlos Mainer, Mary Nash o Agustín Sánchez Vidal acreditan desde sus mal ganadas cátedras de una historia contemporánea que ignoran, la importancia que tiene en la formación de la conciencia colectiva el relato univoco, ideologizado, político y propagandístico de la historia que comenzara Tuñón de Lara y continúan estos aventajados discípulos de un relato histórico al servicio de la mentira y la manipulación con un brochazo simplista, pero eficaz. Su relato irreal y tendencioso no admite el debate con el rigor intelectual, documental e histórico de Pio Moa, Luis Suarez o Ricardo de la Cierva. Precisa, por el contrario, de la política absolutista de borrar, mediante inconstitucional Ley, la mejor historia reciente de España. Inútil propósito. Se puede borrar su huella y la de tantos héroes que dieron su vida por la España de sus calles y plazas, pero resultará imposible borrarla del alma colectiva de cuantos descendientes no nos avergonzamos de ellos; del pueblo confundido y anestesiado que va perdiendo paulatinamente todos y cada uno de los logros y bienestar social con Franco alcanzados; de aquellos que aspiran a una patria unida y su bandera e himno respetados; de cuantos queremos que la Ley sea orientadora del bien común y respetada y cumplida por todos. En fin, de cuantos queremos que nuestros hijos tengan el mismo futuro que tuvimos nosotros, que no tengan que trabajar mas para vivir peor que nosotros, como inexorablemente ocurrirá.    

 

    El régimen llamado franquista, se caracterizó por su defensa de los valores del occidente cristiano, por su defensa de la propiedad y la libertad,; si, la libertad esclarecida y responsable que tiene su fuente y fortaleza en la verdad, que repugna el libre albedrio como degradación de la libertad superior del hombre y que no puede explicitarse en las libertades formales de opinión, sea esta rectamente formada o no, y la libertad de decidir, en unas elecciones, al partido de turno que siempre defraudará sus expectativas y se servirá del libre voto soberano. Por su defensa de la Ley y del Estado de Derecho; de la unidad de España, en su historia, convivencia y futuro, de todas sus instituciones; el respeto a la tradición y culto a la historia común, derecho a la vida desde su concepción, libertad económica y fiscalidad mínima, racionalización de la administración publica y la territorialidad regional de España; defensa de la libertad de educación exigente y responsable que erradicó tanto el analfabetismo como la politización de la universidad, males endémicos en la II Republica, y una defensa inequívoca del individuo como eje del sistema, al que debe servir y respetar la comunidad política eficazmente organizada.

 

   De ahí la importancia de saber como estaba nuestro pueblo y nación en 1976. Con el apoyo de la estadística y consultando al B.O.E. se colige que nadie pagaba impuestos, por lo que cabe formular una elemental pregunta ¿De donde sacaba Franco el dinero para hacer todo lo que hizo? Hoy esa pregunta es inconveniente y políticamente incorrecta, por lo que no cabe siquiera su formulación en ámbitos periodísticos y en las terminales mediáticas. Si antes del 76 jamás se hacía declaración de la renta ni se pagaban impuestos.  

 

   El “Estado del Bienestar” fue creado por Franco que transformó la sociedad en solo cuarenta años, como no lo había conocido nuestra historia. Comienza con las leyes del FUERO DEL TRABAJO, en plena guerra civil, el 9 de marzo de 1938, siendo Ministro D. Pedro González Bueno y Bocos, ley base sobre la que se sustentan todos los derechos básicos, hasta entonces inexistentes, de los trabajadores, base del futuro Estado social y de derecho que se estaba creando. En base a
esta ley fundamental, se aprueban las siguientes leyes:

 


Ley del Subsidio familiar, el 1 de Septiembre de 1939.

Ley del Subsidio de Vejez, de 23 de Septiembre de 1939.

Ley de Descanso dominical y días festivos, de 13 de julio de 1940.

Ley de Patrimonios familiares, de 25 de noviembre de 1942.


Ley de Seguro Obligatorio de enfermedad de 14 de diciembre de 1942.

Para dar cobertura a la Ley del Seguro Obligatorio de enfermedad, se
 construyó una red hospitalaria, dependiente de la Seguridad Social:


292, Residencias hospitalarias;

500 Ambulatorios;

425 
Consultorios;

96 Residencias concertadas.

 

El 26 de enero de 1944
 entra en vigor en toda España, – no existían los vacíos legales autonómicos, ni distintas legislaciones dentro del mismo Estado -, el Contrato de Trabajo, vacaciones retribuidas, seguro de maternidad para las mujeres trabajadoras y garantías sindicales.
El 19 de noviembre de 1944, se otorga la primera Paga extraordinaria de Navidad.


El 18 de julio de 1947 
la Paga extraordinaria del 18 de julio, todavía no derogada.

El 14 de junio de 1950 
se Reforma el Instituto Nacional de Previsión, I.N.P., para una mejor cobertura en la acción protectora.


El 22 de junio de 1956
se da cobertura jurídica y asistencial mediante Ley de Accidentes de Trabajo.

El 24 de abril de 1958, entran en vigor los Convenios colectivos que regulan las relaciones del trabajador con la empresa.

El 23 de abril de 1959
 se crea la Mutualidad agraria. En ella se encuadran 2.300.000 trabajadores del campo, por cuenta ajena y propia.


El Seguro de Desempleo se promulga el 2 de abril de 1961.

La Ayuda a la Ancianidad entra en vigor el 14 de junio de 1962.


La Ley de Bases de la Seguridad Social es de 28 de diciembre de 1963.


El 31 de mayo de 1966 
se promulga el Régimen Especial Agrario.


El 2 de octubre de 1969
entra en vigor La Ordenanza General del Campo, donde se establece la jornada laboral de 8 horas.


El 20 de agosto de 1970
la Mutualidad de Autónomos Agrícolas.


El 23 de diciembre de 1970
la Ley de Empleo Comunitario.
  

 

   Con motivo del cuarenta aniversario del fallecimiento del Jefe del Estado, Francisco Franco, conviene explicitar una serie de falacias que el tiempo, la historia y algunos historiadores, pocos la verdad, se han tomado el trabajo de desenmascarar con un rigor intelectual y valentía humana digna de tal causa.    

 

   Primera falacia.– Ocultar o tergiversar que la transición a la democracia parte directamente del franquismo, un régimen con democracia orgánica, no de partidos: La llevan a cabo un Rey nombrado por Franco, Juan Carlos, y dos ex secretarios generales del Movimiento, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez, con la colaboración de la mayor parte de la clase política del régimen anterior y la aquiescencia del ejército. La transición se hizo con la formula conocida “de la ley a la ley”, es decir, de la legitimidad franquista a la legitimidad democrática, aprovechando la prosperidad económica y la reconciliación habida de los odios que engendrara y destruyera la II República.  

 

   Esta democracia le debe mas al franquismo que sus enemigos. Ese sistema de libertades, separación relativa de poderes, igualdad ante la ley y elecciones libres, es su aspecto formal y de imagen, en realidad no cumplen esos requisitos, aunque resulte una loable aspiración. Históricamente son recientes, después de sufrir una profunda crisis entre la I y la II Guerra Mundial. En Europa  occidental, las democracias solo han podido subsistir o crearse gracias a la intervención militar americana y su posterior tutela política. Por el contrario en España su democracia proviene de su propia evolución interna, aunque sus dirigentes no tuvieran ninguna visión superior y fueran cipayos tutelados desde el exterior. Una democracia sólo funciona si tiene una sociedad próspera, con amplia clase media, moderación política, respeto a las esencias de la configuración de la sociedad y escasez de mesianismos o utopías. El legado del franquismo fue la prosperidad, una amplia clase media, la reconciliación muy extendida y un Estado basado en el imperio y cumplimiento de la ley para todos.    

 

   Segunda falacia.– Sostener que la transición la hizo la izquierda democrática opuesta a Franco, lo que posibilitó la actual ruptura. La ruptura que enarboló la oposición en pleno agrupada en torno a la llamada “PlataJunta”, no eran mas que un reducido núcleo de totalitarios marxistas con apoyo internacional, pero escaso en el interior de España, como se pudo acreditar en el Referéndum para aprobar la Ley para la Reforma Política en que solo obtuvieron, en su conjunto un 14% del electorado, contando las abstenciones.  

   Por consiguiente el antifranquismo es actualmente el mayor enemigo de la democracia. No solo ha fomentado la recuperación de los odios republicanos, sino que todas las amenazas  a la democracia llevan su sello: terrorismo, separatismo, politización de la justicia, corrupción masiva… El fenómeno mas alarmante de la degradación política y moral, ha sido que los líderes antifranquistas  hayan venido marcando la orientación política durante estos cuarenta años bajo banderas supuestamente democráticas.    

 

   Tercera falacia.- Considerar demócratas a los miembros de aquella PlataJunta de eximia representación que no reconocía legitimidad al franquismo y sí al Frente Popular. En su origen los antifranquistas, debido a su debilidad,  se vieron obligados a aceptar  en la transición la reforma en lugar de la ruptura por ellos auspiciada, mera cuestión táctica pues prosiguieron con su labor tenaz para implantarla.

 

   Con Zapatero el antifranquismo alcanzó su zenit, consiguiendo deslegitimar el franquismo y su consecuencia: la transición, la monarquía y la propia democracia; debilitó la unidad de España reforzando la alianza con los separatistas siguiendo el esquema del Frente Popular. Y colaboró con la ETA, premiando con su legalización política los asesinatos. Era preciso vengarse del franquismo por haber dejado un país próspero y moderado y desbaratar el  estado de derecho, como parte de una especie de deuda y reconocimiento moral, ya que la ETA, al revés que casi todo el resto de la oposición,  no claudicó ni siquiera tácticamente con la transición, sino que se opuso radicalmente a ella desde el principio.    

 

   Cuarta falacia.- Querer identificar hasta el delirio el antifranquismo con la democracia. De tal modo que si te consideras demócrata tienes que denostar vivamente y con publicidad al Franquismo. No importa su propia biografía, ni la de sus antepasados; el bautismo en la pureza democrática viene otorgada por la explicita declaración de antifranquista . Por ello nadie había mas demócrata que los comunistas y los grupos terroristas como Eta, Grapo, Frap, pues eran los únicos que habían luchado contra el franquismo, mientras el resto habían prosperado dentro de él, como el PSOE, o habían formado parte de él, como la UCD o Alianza Popular (PP).  

 

   Al no haberse resuelto la cuestión histórica del antifranquismo, ni intelectual, ni políticamente, ello sigue  condicionando la política actual y enfermando la democracia.  Después de 40 años de paz interna, cada vez más alterada por el antifranquismo, si los españoles van a tener que volver a optar entre una derecha sin valores (P.P) o un marxismo radical y frente populista como el ya conocido y superado en España, es que estamos condenados a reeditar el “mito de Sísifo”.  

 

   Quinta falacia.-  El comunismo se hace demócrata y acepta sus reglas. La estrategia del eurocomunismo de Berlinguer, importada estratégicamente por el genocida de Paracuellos del Jarama Santiago Carrillo, al saberse débil y en peligro de mantenerse en la clandestinidad (como en Alemania), actuó de forma moderada, aunque insistiera en la ruptura, aceptó como única posibilidad la reforma del franquismo: monarquía, bandera y símbolos, economía de mercado, unidad nacional. Por el contrario el Psoe, inexistente durante el régimen de Franco, reconstruido por los servicios secretos de Carrero Blanco, con ayuda de los sindicatos alemanes, la extrema derecha alemana, entre otros, se presentaba con un plan enormemente rupturista: Republicanismo, oposición a la defensa atlántica, rechazo al europeísmo, economía autogestionaria, reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña, “Euskadi” y Galicia etc.  

 

   Sexta falacia.- Sostener que el pueblo español no apoyaba mayoritariamente a Franco, que vivía sojuzgado por su carencia de libertad o que era una dictadura ominosa. Baste con reseñar aspectos incontestables del modo de gobernar de Franco: El poder legislativo correspondía a la Cortes, elegidas por sufragio universal orgánico, según el criterio natural del organicismo social a través de sus cauces naturales: familia, municipio, sindicato y corporaciones de derecho público. El Poder Ejecutivo fue limitándolo con el tiempo por el propio Franco, creando al modo francés un ejecutivo dualista, la Jefatura del Estado que siempre recayó en Franco y la Presidencia del Gobierno, cuya elección le correspondió al Almirante Carrero Blanco hasta su asesinato. Siguiendo las previsiones sucesorias el Príncipe fue coronado Rey al fallecimiento de Franco, señalando de ese modo la continuidad del régimen, pues no debe ocultarse que la Monarquía fue instaurada por Franco y no restaurada por una legalidad inexistente y una legitimidad de la que carecía. El poder judicial nunca fue más independiente, creándose las condiciones para que el ejercicio del poder jurisdiccional fuera respetado, sus miembros nombrados por concurso e idoneidad profesional y la ejecución de sus resoluciones firmes cumplidas.  

 

   Por ello el gobierno de Suárez cosechó un éxito fundamental en el referéndum  de diciembre de 1976, al ser continuador del régimen del que provenía mediante la previsión reformista. Y, sin embargo, a partir de ese momento Suárez fortaleció a los rupturistas, renunció a la batalla de las ideas, renegó de facto de la legitimidad franquista y dejó  la bandera de la democracia en manos de la oposición. Así comienza a despeñarse la transición, originando entre otras cosas una Constitución muy defectuosa, cuyos peligros fueron adelantados por personajes como Julián Marías o el propio Torcuato Fernández Miranda, que no la votó. El proceso rupturista fue imponiéndose hasta culminar en la ley de memoria histórica de Zapatero, una ley totalitaria porque impone una versión de la historia; falsaria, porque esa versión choca manifiestamente con los hechos conocidos y documentados; e inmoral, porque sitúa a los verdugos chekistas y asesinos confesos como victimas de la represión franquista.  

 

   Séptima falacia.-  La idílica Republica democrática fue asaltada por una sublevación militar que socavó los cimientos de la legalidad existente. Nada más ajeno a la realidad y para no ser exhaustivos solo comprobar lo que pensaba Largo Caballero y escribió  en el Socialista, 9 de Febrero de 1936 “Estamos decididos a hacer en España lo que se ha hecho en Rusia. El plan del socialismo español y del comunismo ruso es el mismo”. El propio Azaña, presidente de la República, escribió: “… había gobiernitos de cabecillas independientes en Puigcerdá, La Seo, Lérida, Fraga, Hospitalet, Port de la Selva, etc. Debajo de eso, la gente común, el vecindario pacífico, suspirando por un general que mande, y que se lleve la autonomía, el orden público, la FAI, en el mismo escobazo”. Añade también Azaña, uno de los fundamentales responsables de la guerra civil:  “… Cuando empezó la guerra, cada ciudad, cada provincia quiso hacer su guerra particular. Barcelona quiso conquistar las Baleares y Aragón, para formar con la gloria de la conquista, como si operase sobre territorio extranjero, la gran Cataluña. Vasconia quería conquistar Navarra; Oviedo, León; Málaga y Almería quisieron conquistar Granada; Valencia, Teruel; Cartagena, Córdoba. Y así otros. Los diputados iban al Ministerio de la Guerra a pedir un avión para su distrito, “que estaba muy abandonado”, como antes pedían una estafeta o una escuela. ¡Y a veces se lo daban!”

 

   En el fondo, provincianismo fatuo, ignorancia, frivolidad de la mente española, sin excluir en ciertos casos doblez, codicia, deslealtad, cobarde altanería delante del Estado inerme, inconsciencia, traición. No precisa de mayor comentario.  

 

   Octava falacia.- El Franquismo ha sido un régimen ilegal e ilegítimo. Esa es la función de la Ley de Memoria Histórica, que la derecha no parece aún darse por enterada, pues ha renegado de sus orígenes y desconoce de donde viene. Ello  dota de autoridad moral y democrática a la izquierda del frente popular histórico y al que se está gestando en la actualidad. Deslegitimado el franquismo, de donde viene este sistema etiquetado ya como el “Régimen del 78”, la monarquía, el Estado, la economía de mercado, el sistema financiero, Europa, la Otan, la unidad de la nación etc. quedaría deslegitimado, volviéndose al antecedente histórico de la II Republica. Difícil será no imaginar que las mismas causas no producirían los mismos efectos. Salvador de Madariaga escribió poco después de la sublevación de 1934, que las izquierdas carecían de valor moral para condenar  el alzamiento derechista de 1936. El argumento es consistente ya que las izquierdas atacaron en 1934 a un gobierno legítimo, salido de las urnas y moderado, que defendió la legalidad republicana. Las derechas en 1936 se rebelaron contra un gobierno salido de unas elecciones fraudulentas, violento destructor de la legalidad y amparador de un proceso revolucionario. Ello no puede ofrecer la menor duda a quien atienda a los hechos  por encima de los pretextos y falacias justificativas. 

 

   Novena falacia.- La represión del franquismo es calificada de genocidio y se extiende como delitos de lesa humanidad hasta el año 1975, pretendiendo culpabilizar a algunos ministros supervivientes de aquella época de la aplicación de la pena de muerte vigente, dictada por tribunales ordinarios a terroristas, convictos y confesos de distintos crímenes.

 

   Dentro del contexto histórico y político en que se produjo la guerra civil, es preciso encarar con objetividad el aspecto mas doloroso de todo enfrentamiento entre hermanos, vecinos etc., sin dejar que la manipulación interesada siente cátedra y se judicialice, como está ocurriendo en España. Aquí la falsedad y manipulación adquiere tintes siderales. Los propagandistas subvencionados de la “memoria histórica irreal” hablan hasta de 200.000 asesinatos. Ya R. Salas Larrazábal redujo a la décima parte los supuestos 200.000 ejecutados. A partir de ciertos informes, Salas estimó en 50.000 las condenas a muerte, casi la mitad conmutadas por cadena perpetua. Una “perpetua” que pocas veces pasó de los seis años, por indultos y redención de penas por el trabajo. El archivo de las penas de muerte remitidas obligatoriamente al gobierno, y que ahora empieza a investigarse, da otras cifras: unas 22.000 condenas, casi la mitad conmutadas.

 

   Conviene precisar ante la exageración cuantitativa que ante todo, la represión de posguerra fue totalmente judicial, a diferencia de la practicada en la posguerra de Francia, Italia, no digamos Alemania o países del este, donde se realizó por asesinato puro y simple. La LMH declara nulos aquellos juicios, alegando falta de garantías. Pero siendo menos garantistas que los juicios actuales, lo son mucho más que los tribunales “populares” del bando rojo, de arbitrariedad máxima y  con los que, sin decirlo, se identifican los autores de la LMH, según es fácil observar.  

 

   La anulación –fraudulenta- de aquellos juicios, por parte de la LMH tiene el único propósito de ocultar que ellos afectaron ante todo a autores de asesinatos, violaciones, torturas y expolios. Y que si los nacionales capturaron a muchos miles de tales delincuentes debido a que los jefes de estos los abandonaron a su suerte, solo preocupados de huir con ingentes riquezas saqueadas al patrimonio histórico y artístico y a particulares, peleándose por ellas en el exilio, como ellos mismos explicaron. Presentar a los sicarios abandonados como honrados defensores de la democracia y la libertad vuelve a resaltar la monstruosidad moral de esa ley.

 

   La republicana Clara Campoamor relata así en 1937 en su libro  “La revolution espagnole vue par une republicainne”: “Solamente en la Casa de Campo se encontraban de 70 a 80 cadáveres cada mañana. Un día, el gobierno hubo de confesar que había 100 muertos. No obstante sus panegiristas la han atenuado o justificado: habría sido un terror de respuesta al de sus enemigos y  tenido carácter popular y espontáneo, luego encauzado jurídicamente por las autoridades “democráticas”. Y habría constituido una especie de justicia histórica, idea que empapa la LMH en la línea expuesta por J. Villarroya y J. M. Solé: “La represión ejercida por jornaleros y campesinos, por trabajadores y obreros y también por la aplicación de la ley entonces vigente, era para defender los avances sociales y políticos de uno de los países con más injusticia social de Europa. Los muchos errores que indudablemente se cometían pretendían defender una nueva sociedad. Más libre y más justa. La represión de los sublevados y sus seguidores era para defender una sociedad de privilegios“. De ahí a gritar “¡Bien por el aniquilamiento de los opresores!” no media ni un paso, pues la conclusión viene implícita.

 

   Decima Real.– En prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza. La cuestión reside en algo que nunca se defiende desde postulados de gobierno y desde la II Guerra mundial: El humanismo cristiano. Los valores de occidente que configuraron Europa y mantuvieron una civilización superior de respeto al hombre como ser hecho a imagen y semejanza de Dios, frente al Estado, frente al partido y frente a cualquier utopía ideológica. En prueba de mi verdad es que el régimen de Francisco Franco auspició y encarnó esos valores cristianos con una coherencia ejemplar. En esos años trascendentes se edificaron las referencias culturales indispensables para la madurez personal, el desarrollo intelectual y el espacio social y político donde la civilización, en cada vida, adquiere pleno sentido.

 

   El “Himalaya de falsedades” y la constante mentira sobre nuestro inmediato pasado lo contamina todo desde 1975. En estos cuarenta años de deconstrucción del franquismo y nacional, no es mera  coincidencia, ha generado una insufrible agresividad contra los símbolos de España, su historia, sus instituciones, su identidad y su unidad. El insultarles es un derecho democrático, un símbolo de libertad. Una generalizada opinión auspiciada por la izquierda y los separatistas y no combatida por la derecha es la de considerar que España y sus símbolos es un invento de Franco. Al demonizar conscientemente a éste se demoniza a la nación en su conjunto. La muestra de mi firmeza consiste en poner un dique, como erigiera Franco, para que todas las generaciones de españoles fueran educadas en la verdad histórica, en el ejercicio libre de la enseñanza y la sana crítica, no en la fábula construidaen el siglo XIX e implantada en el XXI de que esas regiones de España pertenecen a unas naciones milenarias sojuzgadas por Franco. Esas patrañas han adquirido carta de naturaleza y se enseñan como si fueran historia en colegios, universidades y medios de comunicación públicos.  

 

   Un pueblo que pita a su himno nacional y que ofende silbando a su Jefe del Estado, nos ofende a todos, es un pueblo en esencia corrompido, con un concepto falso de la libertad, nula educación y al límite de la barbarie. Un Estado que consiente que eso ocurra sin tomar medidas preventivas y coercitivas, invita al derribo y crea las condiciones para su autodestrucción. Un Gobierno incapaz de imponer que no se produzcan esos hechos que tanto dañan nuestra imagen exterior, tanto socava los cimientos de la convivencia y que tampoco respeto le merece la Ley y las instituciones que no defiende, debe dimitir en pleno de unas funciones que no ejerce.  

    

   En reconocimiento a la Santa de Ávila que tanto ayudó, desde su providencia celestial a la victoria contra el materialismo ateo, en su quinto centenario, mantenemos en Franco, como Santa Teresa en Cristo, en prueba de nuestra verdad, esos inmortales versos: “aquí estriba mi firmeza, aquí mi seguridad, la prueba de mi verdad, la muestra de mi firmeza”