Editorial de Noviembre de 2013

 

 

 

   Hay que prohibir, es el verbo más utilizado por los demócratas de diseño y coyuntura, enterradores de Montesquieu y en el camino de enterrar a España, al referirse a quienes defendemos la historia tal como fue y los principios y valores que hicieron posible que esa historia no hubiera sido de otra manera. Como el balance histórico les resulta enormemente desfavorable y el silencio o manipulación empleado, hasta ahora, contra Franco, resulta insuficiente e ineficaz, estos falsarios de la democracia y los derechos humanos no tienen otro recurso que el prohibir en su acepción más académica: mandar o disponer con autoridad de cualquier clase que no se haga o no se use cierta cosa, en referencia al anterior régimen, es decir, se pretende ilegalizar e  ilegitimar al Régimen del que trae causa la actual democracia en virtud de la previsión normativa recogida en la Ley para la Reforma Política.  

 

   Conózcase bien, no hubo en España un proceso revolucionario o una ruptura al morir el anterior Jefe del Estado Francisco Franco, sino una Reforma, siguiendo las previsiones normativas existentes para modificar aquella Constitución (Leyes Fundamentales). Se pasó de la Ley a la Ley, aunque los encargados de velar por el cumplimiento de la nueva legalidad estuvieran dispuestos a saltarse todos los límites con tal de obtener o mantenerse en el poder. Sólo la torpeza infinita, el desconocimiento de la historia y la carencia de altura moral e inteligencia política de los nuevos dirigentes nos ha llevado a esta subversión incontenida del orden constitucional. Sólo esa fealdad que les transmite su espejo y, el miedo a las odiosas comparaciones, puede justificar el intento de prohibir la historia. Sólo desde el totalitarismo iconoclasta cabe tal desafuero. Sólo desde el resentimiento de los incapaces de construir el futuro puede entenderse ese afán por destrozar el pasado. Sólo desde la cobardía del espíritu se puede combatir a quienes ya no pueden defenderse. Sólo la Inquisición trasladó las culpas a los herederos. Sepan que todas las culpas que nos trasladen las llevaremos con sano y modesto orgullo, con conocimiento de causa de las razones que asistieron a nuestros padres y abuelos para asumir tamaño sacrificio, con resignación cristiana e indolencia celtibérica. Y sepan que ello nos les eximirá, a los represores de hoy, de sus culpas en ese pasado que quieren manipular, en el presente ruinoso y en el futuro inquietante que sus errores provoca.  

 

   Un Tsunami imparable de indignación, rabia contenida e impotencia recorre el tejido social de España ante la iniquidad que suscita una sentencia europea contra la soberanía nacional, a favor de unos abyectos criminales y escarneciendo a las víctimas. La cooperación necesaria y complicidad de este y anteriores gobiernos es palpable. La razón política se incardina en un falso proceso de paz, donde los terroristas imponen al Estado sus condiciones para no seguir matando. La aceptación de semejante infamia, arbitrariedad e injusticia, donde la derrota y humillación de la victima viene recompensada por el enaltecimiento del verdugo, no puede traer paz social, sino desgarro brutal. Porque victimas somos todos, los familiares directos que sufrieron el dolor de la perdida inhumana e  injusta, y la comunidad que soportó la barbarie creyendo que el Estado repararía, en la medida de lo posible, tanto sufrimiento, aplicando la ley y resarciendo el daño. Porque las víctimas murieron por defender a la sociedad, servir al Estado y representar a España como unidad de historia, de convivencia y de futuro. Porque los criminales lo son contra la unidad de España, contra la convivencia, contra el progreso en común, contra nuestro futuro. Su odio no puede triunfar sin “volarse” la arquitectura moral, jurídica, política e histórica de España.   Resulta insólito que el Tribunal de Estrasburgo se apartara de su propia doctrina, como señaló el voto particular de los jueces Mahoney y Vehabovic: “El TEDH se apartó de la lógica y la interpretación de la jurisprudencia asentada del Tribunal”. Hasta la sentencia de esta sanguinaria terrorista, el Tribunal de Estrasburgo tenía una consolidada doctrina según la cual el principio de irretroactividad únicamente se refería al delito y a las penas, no a los beneficios penitenciarios. La propia sentencia cita esa doctrina: “cuando la naturaleza y finalidad de la medida se refieren a la reducción de una condena o el cambio del régimen de excarcelación anticipada, no forman parte de la pena”, y, por tanto, queda al margen del Convenio. Y esa, precisamente, era la finalidad de la doctrina, mal llamada Parot, fijada por el T.S. 197/2006 de 28 de Febrero, siendo ponente Julián Sánchez Melgar, que la redención de penas por el trabajo no permitieran la excarcelación anticipada, antes de cumplir las penas impuestas. Además, resulta ofensivo que el TEDH imponga a España la puesta en libertad de Del Río “en el más breve plazo”, dado que en ningún otro caso previo equiparable, el Tribunal había impuesto al Estado una concreta forma de ejecución de su sentencia.  

 

   Sorprende la lenidad e inaplicación de los medios de defensa que tiene un Estado, no utilizados ni antes ni después de la Sentencia, no obstante la gravedad y trascendencia en nuestro derecho interno que la resolución comportaba. Ha sido una derrota, sin paliativos, de nuestro Estado de Derecho frente al secesionismo en su vertiente más brutal y obscena: la terrorista. Las terminales mediáticas al servicio del separatismo que vienen haciendo la guerra a España desde la pluma, amparados en una falsa libertad de expresión que ellos mismos cercenan allí donde gobiernan, vienen insistiendo en que,  al adoptar la denominada doctrina Parot, el Tribunal Supremo retorció el Derecho para hacer justicia. Nada más lejos de la realidad. Aquí, a diferencia de Núremberg, no quiebra el principio de legalidad, ni se conculca la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, ni se produce una modificación legislativa. Se aplicó el artículo 70, regla segunda, del Código Penal de 1973, vigente en el momento de cometerse los hechos, cuya acumulación se pretendía.  

 

   Irrita y descorazona constatar que la Nación que ha soportado durante cuarenta años el terrorismo más feroz y sanguinario, el que más muertos ha ocasionado a los servidores de la sociedad y del propio estado, no haya adecuado su legislación conforme a criterios de justicia y legalidad para defenderse y derrotarles. Criminales condenados a mas de 3.000 años de cárcel, que apenas cumplen 30 en virtud de una legislación benefactora con su actividad, que convierte los miles de años de prisión, de facto, en una nueva pena de 30 años distinta de las anteriores… ¡Y a eso le llaman progresismo! ¡Y durante estos 38 años, de mal llamada democracia, hemos tenido gobiernos mayoritariamente de izquierdas y de derechas! Por ello tiene que alzarse el dedo acusador del pueblo, contra unos y otros, por tan abyecta permisividad con los asesinos.  

 

   Ofende al sentido común, a la moral, la razón y el derecho que se mantenga una legislación con sus exegetas, que sostienen y aplican que da igual cometer un delito que 25, pues tiene el mismo límite de cumplimiento de condena, 30 años. Y un Fiscal de Vascongadas se atreve a decir que ya han cumplido con la sociedad, se han reinsertado al cumplir las penas impuestas y no debe estigmatizarse llamándoles terroristas. ¿Cabe mayor ofensa?  

 

   Inquieta que un Estado mantenga y no recuse al magistrado, profesional de la política y catedrático de derecho constitucional, que de manera diáfana mantenía un criterio opuesto a las tesis defendidas por el Estado de Derecho, en amparo del Tribunal Supremo y el Constitucional, reiterada en sus resoluciones, con respecto a la doctrina que se iba a enjuiciar. Ello, con independencia, de que el propio magistrado Luis López Guerra debería haberse abstenido por su participación y contaminación en los hechos enjuiciados, cuando era funcionario cualificado del Ministerio de Justicia. Esa cabeza visible del progresismo jacobino, en permanente defensa de los derechos del verdugo y en contra de los inalienables de la víctima, ha tenido sus corifeos en el T.S. y el Constitucional, cuando se dilucidó la llamada “doctrina Parot”. Conviene recordar sus nombres y someterlos al “juicio de la historia” por su responsabilidad, antes de que se produzca la “ira de los justos”. Ellos son los que emitieron votos particulares discrepantes de la mayoría y a favor de los terroristas: José Antonio Martin Pallín, Perfecto Andrés Ibáñez y Joaquín Giménez García, todos ellos, ¡oh casualidad!, abrazados en su ideología, filiación, nombramiento y servicio, al Partido Socialista. De igual modo y condición, tenemos a los magistrados de Constitucional: Elisa Pérez Vega, Luis Ortega Álvarez y Adela Asúa Batarrita. Todos tan ocupados y preocupados por garantizar los derechos humanos de los terroristas, se olvidaron de que las victimas también tenían derechos y expectativas de vivir.  

 

   Rebela e indigna, la soez y despiadada manipulación que de las víctimas hace éste y anteriores gobiernos. ¡Todos han legitimado a ETA, negociando con ellos! ¡Todos han hecho concesiones inadmisibles y vergonzantes! ¡Todos han contribuido al actual estado de putrefacción institucional! ¡Todos son responsables por acción u omisión de que los terroristas usen y abusen de las Instituciones del Estado para dinamitarlo! La candidatura de Bildu, la legalización de Sortu, la suelta “humanitaria” de De Juana Chaos, la excarcelación de Bolinaga, la Sentencia del Faisán no recurrida, y la celeridad en cumplir la inhumana sentencia de Estrasburgo, evidencia un pacto espurio contra España, el pueblo español en su soberanía, y las víctimas del terrorismo.  No habrá paz sin justicia y sin la derrota del separatismo. Lo refleja la historia, lo dicta la conciencia, nunca dormida, del pueblo español, y lo demanda un futuro en progreso y libertad.  

 

   Mientras el aguacero de la arbitrariedad se abate sobre España y la inclemencia de la tormenta separatista de Cataluña, aumenta, nuestro Presidente, sospecho, recibe el susurro de Arturo Mas al oído “me gustas cuando callas… porque estas como ausente” (Cernuda dixit). Único apoyo literario posible a quien asiste en Palacio, cual Nerón redivivo, a la voladura incontrolada de España, el Estado de Derecho, la convivencia, la libertad y la Constitución.  

 

   El último carota que se quita la carena es uno de los llamados “padres de la Constitución”, lo que denota la inspiración y espíritu de algunos de los constituyentes y el error cometido por quienes aceptaron el Título VIII de la misma para encajar, según se decía entonces y se sigue diciendo ahora, los derechos históricos de catalanes, vascos, etc… Pero esos derechos históricos, a modo de privilegio, no trajeron más que guerras, ruina, injusticias y resentimiento. No aportaron nada a la vertebración de España y se convirtieron en el mayor problema enquistado en el alma colectiva que “hay que sobrellevar” como sostenía Ortega. Ese fatalismo nihilista, esa resignación cobarde, esa complacencia suicida, ha venido presidiendo los distintos gobiernos de España desde 1978. He aquí el resultado de aquellos polvos. El lodo consecuente amenaza la destrucción de la Nación más antigua de Europa. 

 

   Por ello es hora de levantar el dedo acusador en defensa de España, su historia y su destino, nuestro mapa en la tierra, sus hombres y mujeres, su tradición y su futuro, el arte, la cultura y la milicia, nuestras gestas gloriosas por el mundo, su estilo, sus muertos, todos sus aconteceres, eso que ha sido su gloria y su martirio.   

   

   Sí, yo acuso, a los llamados “padres de la Constitución” y los sucesivos gobiernos que tuvo España durante los últimos 38 años, por establecer y mantener un modelo territorial aún más pernicioso que el de la II República, dejando abierto un permanente “periodo constituyente”, lo que imposibilitó la configuración definitiva del Estado. A ello se añade una Ley Electoral enormemente beneficiosa a las formaciones separatistas que abusan de la política nacional para destruirla, sirviendo, en muchos casos, a la creación de mayorías parlamentarias y gobiernos sometidos a su permanente chantaje. Así, estos partidos-bisagra, se convierten en indispensables para la estabilidad del Gobierno de la Nación, obteniendo a cambio inadmisibles contraprestaciones, dada la carencia de miras y el cortoplacismo de los gobiernos centrales de turno. 

 

   Yo acuso, a Miguel Roca Junyent, del mayor delito que se puede cometer contra una comunidad política configuradora del Estado: la traición. Ha traicionado, con su posicionamiento, a la Constitución, norma suprema que Vd. auspició, juró o prometió defender. Ha traicionado al pueblo español, cuya soberanía Vd. niega, como único destinatario del sustantivo de la Nación. Ha traicionado y debe devolver al erario público, todos los salarios percibidos por sus muchos años de servicio a la comunidad que le retribuía en el convencimiento de que estaba a su servicio y del bien común, no al de su destrucción. Ha traicionado la confianza del pueblo que le votó, sin conocer sus aviesas intenciones, por no figurar en su programa lo que ahora sostiene. Ha traicionado en privado, con trascendencia pública, y espero se lo demanden retirándole el apoyo, al defender en un tribunal español a una Infanta de España, hija del Rey, símbolo de la unidad de la Nación que ahora combate. Puede alegar “demencia senil” en su descargo, pero resultará difícil predecir la fecha en que se produjo, dado su camaleónico existir. Bellido Dolfos y el Conde D. Julián, sus antecesores históricos, remotos, pagaron por su crimen y la historia refleja las consecuencias de sus actos con singularidad y abundancia. Vd. correrá similar suerte y, ni un poemario podrá glosar una Florinda que justifique la traición. Su vida resulta más material que prosaica y se deja acompañar de varios ceros a la derecha que justifican tan honorable asesoramiento.   

 

   Yo acuso, de permitir de manera alevosa, por acción y omisión, durante estos 38 años de falsaria democracia, la construcción nacional de Cataluña, Vascongadas, Galicia y lo que venga, permitiendo utilizar la lengua propia como instrumento de homogeneización y diversidad necesaria para obtener la independencia. A partir de la aprobación por el Parlament de la “Ley 7/83 de normalización lingüística de Cataluña”, se impone obligatoriamente la enseñanza en catalán en todos los niveles educativos, contraviniendo lo preceptuado en los artículos 3, 14, 20, 23.2, 27 y 149.1.30 de la Constitución. No obstante el Tribunal Constitucional, en uno de sus pasteleos antijurídicos infames, consagra la constitucionalidad de la ley catalana en su sentencia 337/94, consiguiendo como órgano de amparo a la Constitución, favorecer la violación de la norma y el nacimiento del totalitarismo nacionalista que hoy existe en Cataluña, con la anuencia complice de los diferentes gobiernos de España.

 

   Una vez establecida “la conciencia donde se fabrican las similitudes de las que resulta la comunidad que es cimiento de la nación” según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, los maestros de la nueva realidad en construcción “actúan cotidianamente, a través de su cometido, sobre la facultad de expresión de toda idea y de toda emoción que representa el lenguaje, y al enseñar a todos los niños la misma lengua, única, clara y fija, les inclina naturalmente a ver y sentir las cosas de la misma manera, trabajando en la construcción de la conciencia común de la nación…”. Así comienza la inmersión lingüística y la conversión de la lengua catalana en la hegemónica, excluyente y totalizadora en su Comunidad. Así surgen las televisiones en catalán, los documentos oficiales solo en catalán y hasta se imponen multas por rotular a los comercios en español, lengua oficial del Estado y cooficial en la Comunidad. Todas las sentencias de Supremo y el Constitucional, en contra, siguen sin cumplirse, ante la pasividad e indiferencia del Gobierno de la Nación.     

 

   Yo acuso, de tolerancia y permisividad suicida a los distintos gobernantes de nuestra comunidad nacional, al no oponerse a la sistemática manipulación de la historia llevada a cabo para convencer de que Cataluña es un país diferente de España. Para ello se difundió y consolidó los símbolos propios de Cataluña en detrimento de los del Estado, desapareciendo en muchos ayuntamientos la bandera de España, mientras se multiplicaba constantemente la senyera; se celebra el 14 de Septiembre el día nacional de Cataluña y se canta Els segadors como himno nacional. Se sembraron de seudoembajadas el mundo con nuestro dinero y al mismo tiempo se subvenciona a toda la prensa y medios de comunicación catalanes para tenerla domesticada. Así publicaron un manifiesto vergonzante y totalitario exigiendo al Tribunal Constitucional que respetase la integridad del Estatut de 2006.    

 

   Yo acuso, la complicidad del Gobierno de Zapatero, mantenido en la actualidad, en la proclamación y “construcción jurídica” de que Cataluña es una nación, expresión creadora que hace existir lo que enuncia en afortunada expresión kantiana. Esa falacia e ilegalidad se consuma con el nuevo Estatut en 2006, que nadie había exigido, salvo los nacionalistas catalanes y Pascual Maragall. Tal ilegalidad emana de los diputados catalanes quienes votaron en una materia que no es de su competencia y va en contra del Art 2 de la Constitución, pues la soberanía para tal aserto reside en el conjunto de la nación, no en una parte. Ese nuevo Estatuto sigue vigente y operando en todas las facultades que le son propias a un Estado y vaciando de contenido el que configura al conjunto de la nación española.  

 

   Yo acuso, de indefensión a nuestro pueblo, cuando no se rebate ante la opinión pública, con los medios adecuados que un Estado tiene, la falacia separatista de que “España nos roba”, cuando quien eso sostiene es una Comunidad despilfarradora, en quiebra técnica, insolidaria y que ha recibido más de lo que ha aportado, en la actualidad y en la historia de España. No puede seguirse subvencionando, con el dinero de todos los españoles, a quienes quieren destruirnos, enfrentarnos y arruinarnos, con su deslealtad y falacias.  

 

   Yo acuso, que siga sin aplicarse la Ley y sin actuar el Gobierno, mientras se aprueba en el Parlament, por una gran mayoría, una “Declaración Soberanista” que aspira a construir un nuevo Estado que forme parte de la Comunidad Europea. Partiendo de esa declaración Arturo Mas ha creado un “Consejo Nacional” para la transición de Cataluña, creando detalladamente sobre las competencias del Estado unas “subcompetencias” autonómicas, evitando así que el Estado pueda aplicar su legislación sobre ellas. Entre ellas la “ Ley de Consultas” que será la que se utilice para convocar ilegalmente el referéndum independentista.  

 

   Yo acuso, por todo lo anterior y dado que el Referéndum secesionista sigue obstinadamente adelante, se recurra, en defensa del Estado de Derecho, de España y del pueblo soberano español, al artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno, con aprobación por mayoría absoluta del Senado, suspender temporalmente la autonomía en aras del interés general. De igual modo acudir al artículo 32 de la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio que señala expresamente: “Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 116 de la Constitución, podrá proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio”. 

 

   ¿Le parece a Rajoy muy dura la medida?, pues es plenamente constitucional y adecuada si los separatistas se empeñan en violar la Constitución y las Leyes. Porque lo que está en juego no es solamente la separación de una parte esencial de nuestro territorio e historia, sino la destrucción de España, pues esa secesión vendría seguida por la del País Vasco, Galicia y cualquier otra que se sumara. El Estado/Nación mas antiguo de Europa no tiene derecho a suicidarse de ese modo. Es preferible mandar a la cárcel o al exilio a Roca Junyent, Carles Viver i Pi Sunyer, Isidoro Faine y cuantos traidores a la comunidad nacional, sean actores intelectuales o políticos, estén en este contubernio.  

 

   Asistimos, en este mes, a la efemérides del fallecimiento de nuestro “Caudillo” Francisco Franco, el gobernante y estadista que condujo al pueblo y nación española a las cotas de bienestar, paz y desarrollo más importantes y en menor tiempo que ha conocido la historia de España, desde los Reyes Católicos. Y ello evidenciando que uno de los males que aquejaron a nuestra patria en los dos últimos siglos, causa de nuestra decadencia, fue la partitocracia liberal de distinto signo, ajena al interés general y a resolver los problemas que aquejaban a su nación y pueblo. Por eso no debe extrañarnos que no le dejen en paz, y pretendan borrar toda huella que se refiera a su persona u obra, con las descalificaciones más peregrinas e infundadas que imaginar se pueda. De ahí la promulgación de la estalinista “Ley de Memoria Histórica”. De ahí el intento sistemático y recurrente de sacarlo del Valle de los Caídos y destruir el monumento cristiano de reconciliación más importante que conoció el mundo, reflejo de su pensamiento y actuación política. El odio no puede triunfar sobre el amor, aunque, a veces, comprobemos que avanza imparable destruyéndolo todo a su paso.  

 

   Es tiempo de afirmaciones, de explicitar nuestras convicciones, de interiorizar el combate que se avecina. De juramentarnos con los versos de Emilio Romero, insigne periodista y patriota:

 

   ¡SÍ, JURAMOS! “no dejarnos vender por servidores de intereses de fuera. No postrarnos ante dudosos santones o al impulso de un fulano cualquiera. No perder ni identidad, ni blasones”.

   ¡SÍ, JURAMOS! “no dividirnos en pequeñas patrias, en tribus regionales, en regresión a las antiguas razas, a las viejas razones ancestrales. Nos une a todos solamente España”.

  ¡SÍ, JURAMOS! “Barrer de nuestro suelo a los agentes de los colonizadores. Limpiar de nuestra compañía la aparente cordialidad de tantos opresores. Quitar de nuestro lado mala gente”.

   ¡SÍ, JURAMOS! “No traicionarnos como muertos de hambre. Tampoco desdecirnos. Alta la frente, buen talante, ni soberbios, ni orgullosos, ni mínimos. Abierto el corazón y buen semblante”.

   ¡SÍ, JURAMOS! “No perecer bajo ninguna bota. No sucumbir bajo ningún tirano. No jurar ante Dios su ley en vano. No aceptar una España pobre y rota. Y, si por nuestra culpa vence la derrota, que Dios nos deje siempre de su mano”.

 

   Hacemos nuestro y extendemos tal juramento a quienes se sientan compelidos por el Referéndum de la historia.