El buen gobierno en España, por Javier Montero Casado de Amezúa

Javier Montero Casado de Amezúa

Boletín FNFF nº 151

Comentaba alguien en uno de esos vídeos que se reciben por el móvil, que los españoles somos unos gorrones; y lo decía apoyándose en una encuesta en la que se mostraba cómo los españoles son, de entre los europeos, los que en mayor porcentaje consideran que es al Estado al que corresponde resolver los problemas de cada ciudadano. En realidad, la cuestión no es tan sencilla ni cabe responderla utilizando una encuesta en la que como es sabido no tienen cabida los matices.

El problema en sí es fácil de identificar: los españoles nos desinteresamos totalmente de los asuntos públicos porque pensamos que lo público no es de nadie. Lo que ocurre es que el socialismo es el primero que fomenta esa mentalidad y en cuanto se le permite hacerlo, se apodera de lo público. Por lo tanto, nuestro problema es de educación y de responsabilidad cívica y por ello mismo es una educación y una responsabilidad que los socialistas no fomentarán jamás.

La raíz de todo ello está en que el carácter típicamente español busca la tranquilidad y desea que los asuntos públicos se resuelvan de modo que el ciudadano pueda desinteresarse de ellos. Por eso solamente está satisfecho si el poder está en manos de personas conocidamente honradas. Cualquiera que haya vivido en épocas de buen gobierno lo comprenderá. España pudo salir del subdesarrollo y del retraso acumulado por dos siglos de revoluciones e inestabilidad gracias al orden y la paz que garantizaba un gobernante que alcanzó y conservó el poder por sus cualidades morales demostradas en su vida profesional y personal. Eso fue lo que posibilitó el que gobernara mucho tiempo y que los españoles lo aceptaran y que además trabajaran con afán en la reconstrucción de España. Y  hay un ejemplo significativo: es el caso de las evaluaciones globales que hacía el fisco.

En efecto; la administración tributaria de entonces –no la temible Agencia Tributaria de hoy, cuyo poder omnímodo le permite recaudar con cruel eficacia- habilitó, en ese tema siempre espinoso, un procedimiento que permitía lograr una recaudación suficiente para el erario público que a la vez era repartida equitativamente. Se trataba de que en un primer momento se fijaba una cantidad global que la Administración consideraba correspondía a los representantes de un determinado sector de actividad –convenio- y a continuación correspondía a los representantes del sector el lograr un acuerdo para el reparto de la total carga fiscal entre ellos.

Esto es a mi juicio un ejemplo significativo de la leal colaboración entre ciudadanos y poder político que garantiza tanto el compromiso del contribuyente con la cosa pública, como el equitativo reparto de la carga fiscal dentro de cada sector de producción en cuyo seno las argumentaciones de unos y otros para logar dicho reparto equitativo están siempre firmemente fundadas en apreciaciones, no demagógicas ni políticas, sino estrictamente económicas derivadas del balance de pérdidas y ganancias experimentado por cada cual en cada ejercicio.

A esto se arguye con frecuencia que en el fondo se trataba de desplazar el debate a las corporaciones en las que dominaban los empresarios más fuertes, lo que no podía garantizar la necesaria equidad del reparto. Sin entrar en el análisis detallado de este sistema, me limitaré a poner de relieve cómo con la llegada del social-capitalismo, la equidad en el reparto de las cargas fiscales no solo es que no ha mejorado sino que ha desaparecido, ya que tanto los gobiernos capitalistas como los socialistas han integrado en su aparato de gobierno a las grandes empresas junto con las cuales dictan la política fiscal y la económica en perjuicio del 90% de las PYMES y de los autónomos que sufren las consecuencias de un régimen fiscal confiscatorio.

Por tanto ha sido la democracia social capitalista la que ha dado lugar a que en España haya tantas personas que sean partidarias de que sea el Estado el que les resuelva sus problemas, ya que al haber sido asfixiadas las PYMES y los autónomos, unos y otros no han tenido más remedio que cerrar sus establecimientos y dedicarse a esperar las ayudas públicas.

Viene bien aquí la cita atribuida a Abrahán Lincoln: No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos; no puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte; no se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro; No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien le contrata; no se puede promover la fraternidad del hombre incitando al odio de clases; no se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa y la independencia de las personas; no se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos los que ellos pueden y deben hacer por ellos mismos.

También convendría enterrar de una vez el lema de la Revolución Francesa que a tantos lleva ya engañados, porque siendo la naturaleza humana la que es, si los hombres han de ser iguales no pueden ser libres y si han de ser libres, no pueden ser iguales, frase de sobra conocida y poco meditada.

Una verdadera hazaña fue pues el que conociendo la idiosincrasia del pueblo español, se llegara a diseñar un orden administrativo y político que permitió que la vida de trabajo de cada español le proporcionara ingresos suficientes para mantenerse a sí mismo y a su familia. Es cierto que no pudo acabarse de configurar una participación política universal, sino sólo por parte de quienes estaban implicados en la marcha de los asuntos públicos en los niveles estatal, provincial y local. Sin embargo, la paz y el orden cívico que propició se adaptó extraordinariamente bien el modo de ser de los españoles que nos desinteresamos de la cosa pública pero siempre que nos conste que la misma esté en manos de personas honradas.

El español que queda reflejado en las estadísticas citadas al principio no es pues un gorrón, sino alguien al que o bien se le ha arrebatado su trabajo como autónomo, o bien se le ha obligado a echar el cierre a su PYME o a encerrar el autobús o el camión en la cochera y que en lugar de luchar por su trabajo y echarle en cara al gobierno el desamparo en el que se encuentra, empieza a pensar que el Estado le resolverá todos sus problemas. Pero ya sabemos que eso significa perder la libertad. Y no creo que el español piense seriamente en ello. Algo de tiempo aún tenemos para comprender que frente a esa gorronería que significa ser esclavo y pobre, aún hay margen para coger la propia vida en las manos y ser verdadera y responsablemente libres.