El Gobierno insiste en «aplicar la ley» con la Fundación Franco. Por Andrés Bartolomé

Por Andrés Bartolomé.

«Nuestra ilegalización tendrá que decidirla un juez», dice su presidente

Ilegalizar la Fundación Nacional Francisco Franco (FNNF) es un objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez que viene de lejos. Tanto casi como la meta de exhumar los restos de Franco del Valle de los Caídos, anunciada al poco de que el presidente tomara posesión –el 1 de junio de 2018–, o la «devolución» al Estado del Pazo de Meirás, la residencia de verano del «Caudillo» en Galicia. Mientras el traslado de los restos de Franco se llevó a cabo en aplicación de la Ley de Memoria Histórica el 24 de octubre de 2019 –aquel histórico 24-O en El Pardo– tras una larga y accidentada batalla judicial, el desenlace de Meirás no ha culminado –está por admitir el recurso de la familia en el Tribunal Supremo– y el mismo camino parece que tendrá que recorrer la Fundación Franco, a la que se refirió ayer el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, al insistir en que es una posibilidad ilegalizarla «si exalta al dictador».

Bolaños defendió la Ley de Memoria Democrática, una norma que se está empezando a implementar que apoyó al entender que en España había una «anomalía» hasta su aprobación. Y entre las tareas pendientes explicó que está la Fundación Franco. «Si esta fundación, que tiene sus estatutos, lo que hace es enaltecer a un dictador habrá que aplicar la ley y tendrá las consecuencias que correspondan», advirtió. Unos estatutos que la entidad adaptó en 2018 para atenerse a lo establecido en la Ley de Fundaciones, en especial lo que atañe a sus fines.

El aviso de Bolaños fue respondido –en declaraciones a LA RAZÓN– por el presidente ejecutivo de la FNFF, Juan Chicharro. «Efectivamente, la ilegalización o no de esta fundación debería ser objeto de un proceso judicial, según señala la Ley de Memoria Democrática, y consecuentemente demostrar que la supuesta apología del franquismo se hace con menosprecio y humillación a las víctimas y con incitación directa al odio y la violencia», señaló. «Algo que jamás ha hecho la Fundación Franco, al contrario de lo que hace todos los días este Gobierno socio de filoetarras y golpistas que busca sin cesar el enfrentamiento y la división entre españoles», denuncia el general de División de Infantería de Marina en situación de retiro, que recuerda que la norma «está recurrida por su obvia inconstitucionalidad», en referencia al recurso que interpuso Vox el pasado día 13 ante el Tribunal Constitucional, al entender que «constituye una violación masiva de derechos fundamentales, la igualdad y las libertades de los españoles, la libertad de expresión, la de asociación, la de fundación y de pensamiento e ideológica».

“La exhumación de Primo de Rivera está cercana y cuenta ya con licencia de obra”

El presidente de la FNFF espera el veredicto del TC, pero añade que «deberán ser modificadas leyes como la de Fundaciones o de Derecho de Asociación y, por supuesto, ejerceremos nuestra defensa en los tribunales», por lo que, en última instancia, «la palabra la tendría un juez». Chicharro pregunta además a Bolaños su opinión acerca de «las múltiples fundaciones marxistas a las que riegan con subvenciones públicas».

El ministro de la Presidencia anunció asimismo un próximo acuerdo con la familia de José Antonio Primo de Rivera para exhumar sus restos de Cuelgamuros. El Gobierno, según sus declaraciones en los Desayunos Informativos de Europa Press, espera que haya resultados en breve. Hay «conversaciones muy avanzadas con la familia» y esos contactos tendrían resultado «bien pronto», informa Ep. No obstante, Bolaños no quiso ir más allá alegando que la familia ha pedido discreción y se va a respetar. «Espero que muy pronto podamos de la mano de la propia familia hacer un anuncio», dijo. De momento, ya está concedida la licencia de obra –menor– para ejecutar la intervención en la basílica del Valle de los Caídos.