‘Franco, jefe de Estado’, estreno aplazado, por Pedro F. Barbadillo

Pedro F. Barbadillo

Libertad Digital

 

 

Los historiadores y periodistas de choque se indignan porque el Tribunal Supremo recuerda que el general Franco fue jefe del Estado español desde el 1 de octubre de 1936 y no desde el 1 de abril de 1939, o por ahí.

Cuando la ideología se eleva a guía de conducta para ser aceptado o excluido del espacio público, nos encontramos que se convierte en causa infamante reconocer la realidad y los documentos oficiales. La versión progre sobre la República, la guerra civil y el franquismo se ha convertido, con la ayuda de derechistas que quieren sillones en la Academia y cátedras, en un cuento de Disney, en el que señores ya jubilados pretenden borrar los hechos que les disgustan como los niños están convencidos de que el coco desparecerá si cierran los ojos.

Así, en las páginas de la Wikipedia relacionadas con la guerra de 1936-1939 aparece, en distintas formas, la frase: “El golpe del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno democrático del Frente Popular cuyo fracaso parcial dio origen a la guerra civil”. Y tal frase la deben incluir los estudiantes en los exámenes y los trabajos, so pena de arriesgarse a ser suspendidos por los centinelas de la moral pública.

Esta consigna pretende inculcar en los jóvenes la idea de que la II República era maravillosa hasta que unos militares ultraderechistas (en ocasiones, fascistas) se sublevaron. Igual función pretende cumplir la machacona repetición de la palabra “sublevados” para calificar al bando vencedor de la guerra. ¿Cuándo dejan de ser “sublevados” los mismos que formaron un Estado con todas sus características?

Rebelde y traidor hasta que vences

En la guerra civil de EEUU, la propaganda del Norte calificaba de “rebeldes” a los del Sur, pero ese tratamiento desaparecía en la universidad y los libros serios, donde se hablaba de la Confederación, sin que ello implicara aplauso a la secesión, sino un deseo de ecuanimidad. Ahora que los profesores de universidad son los primeros propagandistas seguramente esa conducta también haya desaparecido.

Cuando se producen guerras civiles en países importantes, sus vecinos y el resto de la comunidad internacional suele tomar partido por uno de los bandos. Durante la guerra de Sucesión española, Francia reconoció a Felipe V, mientras que los miembros de la Gran Alianza (Austria, Inglaterra, Provincias Unidas y Portugal) reconocieron y colaboraron con el archiduque Carlos, a quien, por cierto, no había jurado como monarcaninguna de las Cortes españolas. Portugal y Baviera primero reconocieron al Borbón y luego trasladaron su reconocimiento al Habsburgo; y, una vez hecha la paz, enviaron embajadas al rey Felipe. En Roma, el Papa tuvo que apañárselas con dos embajadores españoles, el enviado por Felipe y el enviado por Carlos.

En la primera guerra carlista (1833-1840), la regente María Cristina y la reina niña Isabel II tuvieron el reconocimiento de las potencias liberales: Francia, Inglaterra y Portugal. Por el contrario, Austria, Prusia y Rusia mostraron su preferencia por el pretendiente Carlos María Isidro, sin llegar a enviar embajadores a su corte.

En la guerra civil rusa, los Aliados trabajaron con el Gobierno bolchevique hasta que éste firmó la paz con los Imperios Centrales. Una vez estallada la guerra civil, los Aliados colaboraron con los Blancos, aunque sin reconocimiento diplomático, hasta el extremo de enviar tropas, suministros y representantes oficiosos al almirante Kolchak.

Situaciones parecidas de choque entre dos legitimidades se dieron con el refugio de Carlos II de Inglaterra en Francia, las guerras jacobitas, el pretendiente a la corona portuguesa Antonio de Crato, la guerra de independencia de EEUU…

Unidad de mando

En agosto de 1936, después del Convoy de la Victoria y de la unión de las zonas rebeldes en Extremadura, quedó claro que el conflicto derivaba hacia una guerra civil, con intervención de varias potencias internacionales, como la URSS, Alemania, Italia y Francia. A los militares alzados les tocaba construir un nuevo Estado. En la otra zona, aunque se mantenía la apariencia de legalidad, se dictaron normas que subvertían ese ordenamiento, como la disolución de todas las unidades militares y el comienzo de las depuraciones de los cuerpos de enseñanza y judiciales.

En los primeros planes, se había preparado un Directorio Militar presidido por el inútil general José Sanjurjo, que murió en un accidente de aviación en Portugal el 20 de julio. El 24, se formó en Burgos una Junta de Defensa Nacional (“que asume todos los Poderes del Estado y representa legítimamente al País ante las Potencias extranjeras”), en la que no participó Franco y que presidió el republicano y masón Miguel Cabanellas, por su condición de general de división más antiguo entre los sublevados.

A finales de septiembre, los miembros de la Junta comprendieron que era imprescindible el mando único para alcanzar la victoria. El 21 se reunieron en una finca de Salamanca y nombraron a Franco generalísimo de los ejércitos. El 28 hubo una nueva reunión, con la euforia de la liberación del Alcázar de Toledo y la creencia de una inminente caída de Madrid, para discutir sobre el mando político. Con el único voto en contra de Cabanellas, se eligió a Franco.

El boletín de la Junta de 30 de septiembre contiene el decreto, firmado por Cabanellas, por el que “se nombra Jefe del Gobierno del Estado Español al Excmo. Sr. General de División D. Francisco Franco Bahamonde, quien asumirá lodos los poderes del nuevo Estado” y “asimismo Generalísimo de las fuerzas nacionales de tierra, mar y aire, y se le confiere el cargo de General Jefe de los Ejércitos de operaciones”.

El 1 de octubre, Franco juró su cargo en la Capitanía General de Burgos y empezó a ejercer su mando único. Ese mismo día disolvió la Junta de Defensa y la sustituyó por un embrión de gobierno, la Junta Técnica. El 1 de octubre, conocido como Día del Caudillo, fue festivo en la España franquista.

Antes de acabar 1936, el Gobierno de Franco obtuvo los primeros reconocimientos diplomáticos: Guatemala, El Salvador, Italia, Alemania y Vaticano. También empezó a acuñar moneda, fijar sus impuestos, comprar suministros en el extranjero y dictar una legislación.

De haber vencido el Frente Popular, Franco habría quedado como un rebelde derrotado, como cualquier carlista o cantonalista; pero como el bando nacional ganó la guerra, sus instituciones y su legalidad fueron las que se impusieron. Igualmente, la comunidad internacional reconoció a Franco como jefe del Estado primero oficiosamente y luego oficialmente. En febrero de 1939, antes de que acabase la guerra, los Gobiernos de Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Argentina, Gran Bretaña y Francia trasladaron su reconocimiento de la República a la España Nacional. México y la URSS jamás reconocieron a ésta, aunque en los años 60 y 70 hubo contactos de carácter mercantil.

“La dura realidad de la historia”

Tan pronto como en 1982, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre el encaje de las normas jurídicas emanadas de los dos bandos de la guerra civil. La sala segunda del TC atendió un recurso presentado por un antiguo militar del Ejército Popular de la República que pretendía que el Estado democrático reconociera sus ascensos durante la guerra.

El TC sentenció (STC 28/1982, de 26 de mayo) que los decretos que fijaban sus ascensos jamás se integraron en el ordenamiento jurídico posterior a 1939.

Al término de la guerra civil, cuya proyección jurídica es precisamente la ruptura del ordenamiento, se integraron en éste, como únicas normas válidas, las que efectivamente habían tenido vigencia en el territorio sustraído a la acción del poder republicano, a cuyas disposiciones no se les otorgó otra consideración que la de puros facta, no sólo carentes de fuerza de obligar, sino susceptibles incluso de ser considerados como hechos delictivos.

Los magistrados, entre los que había juristas de izquierdas como Francisco Rubio Llorente y Francisco Tomás y Valiente, actuaron entonces con más tino que los Viñas, Preston y Casanova:

Esta es la dura realidad de la historia, que no puede ignorarse ni eludirse mediante el recurso a principios que, como el de ‘lex posteriori derogat anterior’, sólo tienen sentido para resolver el problema de la sucesión en el tiempo de normas integradas en un mismo ordenamiento o que, como el de ‘lex superior derogat inferiori’, sólo puede utilizarse para negar validez a la norma inferior, pero nunca para volver a la vida normas que nunca existieron como tales para el ordenamiento en el que la ‘lex superior’ viene a superponerse.

Las guerras, sobre todo las guerras civiles, alteran todas las normas jurídicas. ¡Qué noticia!

No sé si comprenden los historiadores y periodistas ‘de choque’ que se empeñan en que solo existió una legalidad en España durante la guerra civil, la que les gusta a ellos, que están reforzando la responsabilidad del Frente Popular (PSOE, PCE, UGT, ERC) en todos los asesinatos y matanzas perpetrados por las milicias de izquierdas y las sentencias dictadas por los tribunales populares. Incluso en medidas ‘legales’ como la depuración de los cuerpos de enseñanza, la apertura de los primeros campos de trabajo forzado en España y la entrega obligatoria de oro y joyas.