Hasta el fondo

 

Vamos quedando pocas personas que cuando Franco murió teníamos más de veinte años. Sin embargo a pesar de que los que podían aportar recuerdos y experiencias seamos una minoría sin apenas fuerza en la actividad económica, la situación actual provoca en mí una pregunta: ¿a qué viene enfocar el debate político sobre el lugar donde reposan los restos de Franco?

 

Buscando una respuesta satisfactoria he recordado mis años juveniles en los que yo me mostraba en contra de la prohibición de los partidos políticos y la consecuente falta de libertad de expresión política. Me parecía que si lo político es lo que afecta a todos, todos deberían tener el derecho, y de alguna forma el deber, de adoptar su opinión sobre estos temas. En la Universidad se respiraba un ambiente de deseo de libertad reprimido por los intentos de “la social” por controlar a los líderes de los movimientos de protesta. Todos pensábamos que teníamos que exigir la libertad de expresión. En aquel ambiente era absolutamente impensable expresiones como “lo políticamente correcto”, o la “disciplina de voto”, se entenderían como una aberración, y todo ello por el ansia de libertad para manifestar cada uno su criterio.

 

Los más preparados en materia política nos transmitían que la ley era la expresión de la voluntad popular que no era la voluntad de la mayoría, pues ello implicaría una represión de la minoría. La teoría, que nunca me convenció, era que la participación política era la forma de conocer la voluntad popular, y una vez conocida nos obligaba a todos, tanto a los que se mostraban conformes con el texto, como a los que no, pero que éstos debían plegarse a la voluntad popular que se había conocido por la participación, y por ello se debía obedecer y tanto unos como otros con el mismo entusiasmo, debían mostrar su fidelidad a la ya “conocida voluntad popular”.

 

En aquellos años no interesaba ni convencía a nadie la participación de los llamados “Procuradores en Cortes” en su labor legislativa, aunque en las distintas Comisiones estudiasen y trabajasen en la elaboración de las leyes. Esta labor legislativa dio lugar, en varias ocasiones, a la devolución de propuestas legislativas al Gobierno para que procediera a su rectificación, práctica hoy día impensable en nuestro sistema de mayorías parlamentarias. En aquel entonces los llamados por Montesquieu “poderes” se denominaban “funciones”; la cámara legisladora se dedicaba a legislar y los tribunales de justicia a juzgar, no habiéndose producido interferencias entre los que ejercieron las citadas “funciones” que de hecho gozaban de bastante independencia. Hoy en día se afirma teóricamente la existencia de la independencia de los “poderes”, pero los Gobiernos (poder ejecutivo) caen porque no pueden legislar (poder legislativo) y el poder judicial, único del que se pide la independencia, está condicionado en el nombramiento de su Consejo General por unas pocas asociaciones de jueces, vinculadas de hecho a los distintos partidos políticos. Personalmente he hecho la prueba: he preguntado a alguien ¿Quién estaba en el poder el año…? Nunca me han respondido ¿en cuál de los poderes? Desde luego que legislar o juzgar no se ejercen por un líder, pero el poder ejecutivo, el único y auténtico poder es el que ejerce el líder del partido que “está en el poder”.

 

En materia de legislación hoy día estamos asistiendo a varios fenómenos que plantean cuestiones en los fundamentos teóricos de la política. Por un lado la ley ha dejado de ser expresión de la voluntad popular para ser la voluntad de los políticos que ostentan el Gobierno, hasta afirmar sin rubor, que para ilegalizar la Fundación Francisco Franco, se van a modificar las leyes de fundaciones y de asociaciones, que deberían ser expresión de la voluntad popular, la cual hoy es una y mañana otra.

 

Esta situación provoca una desconfianza hacia la autenticidad democrática, es decir a la verdadera participación de las personas en los problemas que nos afectan a todos, es decir, en la política, y sería bueno estudiar cuando ha habido más participación en la elaboración de las leyes si en el régimen anterior con las iniciativas personales de los Procuradores o en el actual con sus Diputados obligados a la disciplina de voto. Ahí están los archivos de las sesiones parlamentarias esperando una tesis doctoral. De hecho, pasados 16 años desde la muerte de Franco y los años de Gobierno de la UCD y nueve de los catorce del PSOE, se hallaban vigentes 94 leyes, alguna de las cuales siguen vigentes en la actualidad. No puede afirmarse que el mérito fuera la voluntad de Franco, sino el buen legislar. En cuanto a la justicia, ¿en qué casos no funcionó correctamente? y por lo que se refiere a las elecciones es bueno recordar algo que la mayoría de las personas ignoran hoy día, y es que las elecciones de 1977 se celebraron bajo la legislación política del régimen anterior que estuvo vigente, con La Pasionaria, Santiago Carrillo en el Congreso, y que así estuvo hasta la aprobación de la Constitución en 1978, algo más de tres años tras el fallecimiento de Franco.

 

Con respecto a la corrupción parece que se critica menos al régimen anterior, por razones obvias, pero en los primeros años después de la transición, oí en múltiples ocasiones “en tiempo de Franco había mucha corrupción, pero lo que pasaba era que no se sabía”. Siempre me pregunté, si no se sabía, ¿cómo lo afirma esta persona?, pero este juicio no se corresponde con la verdad cuando se juzgaron asuntos como el de Matesa, el del aceite de Redondela y el caso de Sofico, por ejemplo. Se afirma con frecuencia que “el poder corrompe y el poder absoluto, corrompe absolutamente”, pero a Franco aunque se le reconoce un poder absoluto, no le han acusado de asunto de corrupción alguno.

 

Un tema de actualidad es el cambio del nombre de algunas calles, en especial las de personajes que lucharon en la Guerra del 36 en el bando nacional. Estas actuaciones adoptadas a los ochenta años de la guerra me han hecho recordar otros cambios anteriores. Se decidió cambiar la destinada al “Generalísimo”, sin reacción significativa; se cambió la dedicada al General Sanjurjo, recuperando la denominación anterior y he podido comprobar que las personas siguen conociendo más a Sanjurjo que a Abascal, por tanto se puede concluir que el cambio de nombre de las calles no es eficaz, la gesta del General Moscardó seguirá siendo más recordada que la obra de Edgar Neville, y se deberían haber ahorrado tantas molestias a vecinos, autónomos y empresas al cambiar la denominación del domicilio para nada, salvo para provocar enfrentamiento, ya se sabe, “la crispación nos beneficia”, que le captaron a Rodríguez Zapatero, y lo están haciendo sabiendo que se resiente la convivencia familiar y las amistades.

 

He leído varios libros de personas que trataron a Franco y me resulta evidente que cualquier Presidente del Gobierno actual, toma más decisiones personales de gobierno en un mes, que el “dictador” en un año.

 

Tengo esperanza en que en España se produzca una verdadera participación en la “cosa pública”, tengo ansia de que las personas que sientan el deseo de trabajar por los demás y que muchas veces son las mejor preparadas y más valiosas, salgan a la vida pública.

 

Deseo cauces de participación más verdaderos y eficaces que los actuales y conseguir que “salgan en la foto” los que, ejerciendo su libertad, se muevan.

 

Los que vivimos todo lo comentado en este artículo, tenemos más de 60 años, esa debe ser la razón por la que la condena mediática de Franco ha esperado tantos años