Ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, por Juan Chicharro

En apenas mes y medio se cumplirán 45 años de la creación de la Fundación Nacional Francisco Franco que tengo el honor, hoy, de presidir como presidente ejecutivo.

El día 10 de diciembre de 1976 el exministro Don Joaquín Gutiérrez Cano pronunció las siguientes palabras en el acto que tuvo lugar con tal motivo :

«Quienes formamos parte de la Comisión Organizadora de la FNFF no tenemos propósitos políticos de ningún tipo, la Fundación va a tener un carácter netamente cultural , humanístico y docente. Sus fines son difundir el conocimiento de la figura de Francisco Franco y sobre las realizaciones de los años de su mandato».

Han pasado 45 años y son muchas las vicisitudes acaecidas desde entonces. La mayoría de las personas que formalizaron su adhesión a la Fundación ya no están con nosotros, pero se mantiene incólume el espíritu de lo que significó aquello pese a que las circunstancias no son precisamente las mismas. Lo que en aquellos días era una tarea exenta de complicaciones hoy es una auténtica proeza. La animosidad creciente contra todo lo que significa la figura de Francisco Franco ocasiona que la tarea de la Fundación se vea entorpecida desde muchos frentes. El mero hecho de la presentación de un libro, la organización de una cena o, incluso, la de una misa en su recuerdo supone superar toda clase de obstáculos.

Y por si fuera poco todo lo expuesto, el Gobierno socialista comunista en el poder pretende ilegalizar la propia Fundación, tarea en la que cooperan numerosos medios, correa de transmisión del propio Gobierno. Para eso les pagan, claro. La Fundación Nacional Francisco Franco se atiene, en el ejercicio de su libertad, al argumento base de la Ley de Fundaciones: servir a fines de interés general. Difícilmente se puede mantener que una Fundación dedicada al conocimiento de un periodo trascendental de la historia de España sobre una persona que fue Jefe del Estado durante 40 años y que, además, lo hace desde una aportación documental propia, no tenga interés o utilidad pública.

Encaje de bolillos es lo que hace este Gobierno para buscar la ilegalización de la Fundación. La vía es el proyecto de Ley de Memoria Democrática actualmente en trámite parlamentario. El odio y la venganza es el motor que le empuja pero también evitar el conocimiento de cómo Franco propició la mayor transformación social y económica de toda nuestra historia y la comparación con la situación desastrosa en la que se encuentra España ahora. Y que no me hablen de la falta de libertades, tal y como las entendemos hoy, pues si así lo vociferan algunos es por su desconocimiento de que en la historia de los pueblos hay veces en que las circunstancias lo imponen y menos aún exponerlos en momentos dictatoriales como el actual, donde se han cercenado impunemente derechos fundamentales, tal como ha sentenciado recientemente el Tribunal Constitucional.

En buena ley jamás este proyecto podrá salir adelante. Las razones son muchas siquiera sea solo porque así a bote pronto incumple flagrantemente hasta cinco artículos de la CE ( el 14, el 16, el 20 y el 34) y se opone frontalmente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando este protege especialmente la expresión de opiniones de carácter político, aunque estas sean «minoritarias» e incluso «pongan en cuestión la democracia y los derechos humanos» siempre y cuando «no inciten la comisión de un delito o creen un riesgo claro de hostilidad o violencia». El derecho a no ser ofendido no existe como tal, en cambio la libertad de expresión sí.

No deja de ser asimismo preocupante que quienes propician este proyecto de ley sean los mismos que amparan, negocian y colaboran con ETA y sus representantes y humillan constantemente a sus víctimas. ¿Dónde está la credibilidad de este Gobierno?

En cualquier caso, digamos claro que la FNFF, como fundación de carácter humanístico, cultural y docente, en el uso de su libertad de expresión e ideológica y de sus derechos constitucionales presentes, seguirá recordando la memoria y figura de Francisco Franco, no solo durante los años de su mandato sino también con anterioridad a la Guerra Civil, destacando su inmejorable trayectoria militar, y las obras y actividades llevadas a cabo como Jefe del Estado sin incitar en ningún caso a la violencia ni a la humillación de las víctimas del otro bando.

Nos hablan igualmente de apología del franquismo como algo casi delictivo, sin tener en cuenta que la apología como el discurso de palabra o escrito, en defensa o alabanza de alguien o algo (según definición de la Real Academia Española) en ningún caso puede ser objeto de sanción penal siempre que no esté acompañada de alguna circunstancia de menosprecio o humillación de víctimas, algo que está fuera de las actividades de esta Fundación. La apología es simplemente una forma de expresar una opinión. Nada más. Es por todo ello, que se hace impensable sancionar la libre expresión de ideas cuando éstas únicamente tienen por fin la defensa o alabanza de alguien o algo sin causar daños o menosprecios a las víctimas. Quede claro que castigar la apología del franquismo cuando no esté causando daño a terceros sería aplicar un precepto contrario a la Constitución.

La pregunta es: ¿ se cumple la Constitución española? Esa es la cuestión.