El pasado día 14 de abril, el Ministro de Cultura, Ernesto Urtasun, en una conferencia de prensa «ad hoc», anunció que acababa de firmar una resolución para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco. La razón oficial es que esta entidad «no responde al interés general». Con esta fórmula, el Ejecutivo pretende justificar una medida que, lejos de ser un acto administrativo neutral, revela una concepción totalitaria del Estado: el poder decide qué parte de la historia nacional merece ser conocida y cuál debe ser borrada.

El argumento es tan simple como peligroso. Si el conocimiento de una parte sustancial de la historia de España –el periodo 1939-1975– no forma parte del «interés general», entonces el Estado se arroga la facultad de definir qué es y qué no es legítimo recordar. No se trata de una mera discrepancia ideológica. Se trata de una redefinición autoritaria de la verdad histórica. El franquismo no fue un paréntesis insignificante: fue un régimen que duró casi cuatro décadas, que reconstruyó un país devastado por la guerra civil, que firmó tratados internacionales, que desarrolló infraestructuras, industria y educación, y que, con todos sus defectos y errores, forma parte inseparable de la biografía colectiva de los españoles. Negar que su estudio y análisis respondan al interés general equivale a afirmar que el Estado puede declarar «ilegal» una porción entera del pasado. Esa lógica es propia de regímenes que queman libros o derriban estatuas para imponer una única narración oficial.

El Gobierno, consciente de que la mera «apología del franquismo» resulta insuficiente para justificar la disolución, recurre a la Ley de Memoria Democrática. Según esta norma, la apología solo es sancionable cuando va acompañada de «menosprecio, humillación o descalificación» a las víctimas. Hasta ahora, los servicios jurídicos del Estado no han logrado acreditar que la Fundación haya incurrido en tales conductas de forma explícita y manifiesta. Ante esta ausencia de pruebas, se ha inventado una nueva categoría: el «negacionismo».

¿Qué es el negacionismo según esta interpretación? Negar determinados hechos históricos a través de artículos, estudios o publicaciones. Es decir, ejercer la libertad de opinión y de expresión. La Constitución Española, en su artículo 20, protege de manera explícita el derecho a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones». No establece excepciones para aquellas ideas que al poder le resulten incómodas. La libertad de expresión no es un lujo democrático; es su columna vertebral. Cuando el Estado castiga no la injuria, no la calumnia, no la incitación a la violencia, sino la simple discrepancia interpretativa sobre hechos históricos, lo que hace es criminalizar el pensamiento.

La maniobra es clara: al no encontrar «humillación explícita a víctimas», se equipara cualquier análisis revisionista con una forma de «negacionismo» equiparable al negacionismo del Holocausto. La comparación es obscena y deliberadamente falaz. No estamos ante la negación de un genocidio industrialmente planificado, sino ante interpretaciones históricas sobre un régimen político controvertido. Convertir el debate historiográfico en delito es el mecanismo clásico de los regímenes que temen la pluralidad de voces.

Esta vía es, además, claramente inconstitucional. La Fundación Nacional Francisco Franco es una entidad privada, con personalidad jurídica propia, que se financia con aportaciones voluntarias y que ejerce su derecho a la libertad de asociación (artículo 22 de la Constitución) y a la libertad ideológica (artículo 16). El Estado no puede disolverla por el mero hecho de que sus fines no coincidan con la narrativa oficial del Gobierno de turno. Hacerlo supone una violación flagrante del principio de neutralidad ideológica que debe presidir cualquier democracia liberal.

El procedimiento elegido –la vía administrativa de extinción por «falta de interés general»– es tan arbitrario como peligroso. ¿Quién define el interés general? ¿El partido que ostenta temporalmente el poder? Si mañana un gobierno de signo contrario decidiera extinguir fundaciones dedicadas a la memoria de la Segunda República o de la Guerra Civil por considerar que «enaltecen el terrorismo» o «justifican la violencia», ¿aceptaríamos el argumento? La respuesta es no. Porque el interés general no puede ser el interés del Gobierno. El interés general es la preservación de la pluralidad, del debate libre y del acceso a todas las fuentes históricas, por incómodas que sean.

Esta actuación no es un caso aislado. Forma parte de un patrón más amplio: la progresiva judicialización y administrativa de la historia. Se pretende convertir en dogma lo que debe ser objeto de investigación. Se pretende que los españoles aprendan una sola versión de su pasado, sancionada por el poder político. Eso no es memoria democrática; eso es memoria de partido. Es, en definitiva, una vía sectaria, claramente inconstitucional y evidentemente totalitaria. La Fundación Nacional Francisco Franco no es un club de nostálgicos. Es una institución que custodia documentos, archivos y testimonios de una etapa decisiva de nuestra historia. Extinguirla no borrará el franquismo de la memoria colectiva, pero sí enviará un mensaje escalofriante: el Estado decide qué se puede estudiar y qué debe desaparecer. Y cuando el Estado decide qué historia es lícita, la libertad ha dejado de existir.

Lo que está en juego no es la existencia de la Fundación Franco sino la libertad.