Juan Chicharro Ortega
Pilar Pérez García
El 25 de octubre del 2025 el ministro de Cultura acordó el inicio de un procedimiento para instar la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). Alega el citado ministro que lo hace por considerar que la divulgación de la figura y legado de un jefe de Estado que dirigió los destinos de España durante casi cuarenta años no es un asunto de interés general de los españoles y que, por demás, la citada FNFF hace apología del franquismo y humilla a las víctimas.
Cuesta entender que no sea de interés general de los españoles el conocer su propia historia, no tanto el que la FNFF haga apología del franquismo, algo evidente y que desde la propia fundación no negamos, al contrario que la humillación a víctima alguna, que es algo en lo que nunca ha incurrido la fundación.
En definitiva, será en sede judicial donde se solvente este asunto, pero así a primera vista es obvio que para este Gobierno la libertad ideológica y los derechos a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones –derechos fundamentales regulados por la CE– solo son derechos válidos para aquellos que comulguen con sus ideas, nada más. Es lo normal en pseudodictaduras socialistas comunistas.
Buena prueba de ello es la existencia en España de fundaciones de carácter ideológico bien distintas a la FNFF, pero que se encuentran amparadas y subvencionadas por el actual gobierno socialista comunista. Hablaremos de algunas de ellas con expresión de las subvenciones públicas, que pagamos todos y que vienen reflejadas en el BOE.
En España, el sector fundacional convive con distintos mecanismos de financiación pública: subvenciones por convocatoria, ayudas finalistas (por ejemplo, para archivo y conservación documental) y convenios administrativos para actividades concretas. En el caso de las fundaciones vinculadas o dependientes de partidos políticos, el Tribunal de Cuentas emite informes de fiscalización que se elevan a las Cortes Generales y se publican posteriormente en el BOE.
Se persigue a la Fundación Nacional Francisco Franco optando por su extinción, y se le da repercusión mediática, pero nada se dice de otras Fundaciones como la proetarra Fundación Iratzar (vinculada a Sortu), que registra subvenciones públicas por 80.332,40 €, procedentes del Gobierno Vasco: Consejería de Política Lingüística y Cultural (76.292,00 €) y Ministerio de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales (4.040,40 €), en el informe publicado en BOE para el ejercicio 2020. Otras, como la Fundación, supremacista, Sabino Arana (vinculada al PNV), en el mismo informe, registra subvenciones públicas por 393.561,80 €, con desglose por administración: Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (28.350,00 €), Gobierno Vasco (244.526,92 €) y Diputación Foral de Bizkaia (120.684,88 €).
O la Fundación Pablo Iglesias (vinculada al PSOE), que registra subvenciones públicas por 132.927,61 €, procedentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (17.927,61 €) y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (115.000,00 €).
Y, ¡cómo no!, está la Fundación Francisco Largo Caballero, que tiene un convenio, registrado en el BOE (Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática + Fundación Francisco Largo Caballero), para coorganizar una exposición conmemorativa. En ese texto se establece una aportación máxima del Ministerio de 100.000,00€, con indicación de la aplicación presupuestaria y de los conceptos financiables (diseño, producción, montaje, desmontaje, etc.). Posteriormente, el BOE publica una adenda que prorroga la exposición y mantiene el mismo importe total (100.000,00 €), detallando su distribución entre 2021 y 2022. Y también existen ayudas para mejora de mobiliario que rozan los 5000 euros.
Es evidente que la ley no es igual para todos. A la FNFF se la persigue, y se busca su extinción, mientras que con aquellas que defienden posiciones afines al socialismo/marxismo/separatismo/supremacismo no solo se las ampara, sino que con el dinero de todos los españoles se las subvenciona.
Alega el ministro de Cultura que la extinción de la FNFF se deriva de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática (LMD) y que las otras fundaciones citadas no se ven afectadas por la citada Ley. Cierto, lo que el Sr. Urtasun no tiene en cuenta es que esta LMD tiene recurrida su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por ser sectaria y totalitaria y que en una democracia que se digne de tal nombre parecería prudente tener en cuenta esta circunstancia. La realidad es que le da exactamente igual.
En la FNFF no nos rendimos pese a ser conscientes de que nos enfrentamos a una decisión tomada de antemano. Mantenemos la esperanza en la justicia, pero es necesario que la sociedad española sepa, al menos, que con sus impuestos se amparan, protegen y subvencionan otras fundaciones.