«¿Es “papel mojado” la inviolabilidad de los lugares de culto?», se preguntan desde la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) acerca de los planes del Gobierno para desacralizar el Valle de Cuelgamuros. Tras pedir ayuda al nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, la FNFF reclama ahora la mediación del cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, al que ha dirigido una misiva explicando sus razones y argumentos a favor de preservar la esencia del complejo monumental, diana recurrente de la izquierda en los últimos años.

El mismo objetivo tiene desde hace tiempo la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos (ADVC), que comparte con la entidad la petición de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) del recinto de la sierra de Guadarrama, una etiqueta que podría evitar el deterioro de las instalaciones, presa de las goteras y de una falta de mantenimiento general que afecta especialmente a las tallas en piedra de Juan de Ávalos, como ha denunciado en estas páginas Juan de Ávalos Carballo, hijo del reconocido escultor. Una solicitud que Patrimonio Nacional delega en la Comunidad de Madrid, aunque desde Sol aseguran no tener competencias para ejecutar tal medida.

Recuerda la Fundación Franco las palabras del cardenal Cobo hace un año, cuando defendía «la inviolabilidad» del templo, porque como tal fue levantado, y acerca de la misma salvaguarda que corresponde a la comunidad benedictina «que está rezando allí» y «que reza por la paz» en el contexto de una «vida de oración».

Apelaba asimismo entonces el arzobispo a «las jurisdicciones propias que son de los benedictinos y los acuerdos entre la Iglesia y el Estado».

Desde la FNFF aseguran que «no se puede hacer en el Valle de los Caídos lo que se pretende consumar desde el punto de vista legal». Invoca en este sentido el artículo 96 de la Constitución española –«Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional»–, y a la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados Internacionales: «Todos los poderes públicos, órganos y organismos del Estado deberán respetar las obligaciones de los tratados internacionales en vigor en los que España sea parte y velar por el adecuado cumplimiento de dichos tratados».

Se apoya la entidad igualmente en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho interno y la observancia de los tratados: «Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado».

Pretende la Fundación con el escrito ahora hecho público recordar que «son los señores obispos los que están legitimados activamente en la defensa del templo, la comunidad benedictina, los chicos del colegio/escolanía» y de «todos los fieles que instamos su defensa». Sin olvidar, apuntan sus responsables, que «tampoco podemos permitir que se desautorice a los Papas Pío XII y San Juan XXIII con sus “letras” a futuro donde ellos sí desautorizan y devienen en nulo cualquier ataque al Valle de los Caídos…».

Pone de relieve la FNFF el «gran movimiento de personas, de todo signo, que han salido en defensa del Valle de los Caídos, tanto en España como en el extranjero», movimiento que se inicia cuando el Gobierno anuncia que quiere «resignificar» y convertir «en cementerio civil el Valle de los Caídos y se envían cartas abiertas y particulares», tanto al nuncio como a la Conferencia Episcopal, «cartas que han puesto en sobre aviso a católicos españoles y del extranjero que se han posicionado» a favor de proteger el complejo.