Por un debate científico libre sobre la historia reciente de España

Luis E. Togores

La
proposición de ley presentada por el Grupo Socialista el pasado 22 de diciembre
de 2017 supone una violación consciente de la letra y espíritu de nuestra
Constitución. La nueva ley amenaza en su propuesta del 510 bis con penas de
cárcel y multas a historiadores, publicistas, periodistas, editores, libreros e
inclusos kiosqueros que vayan contra la Historia Oficial que propone la jueza y
portavoz de PSOE Margarita Robles a nuestro Congreso de Diputados.

La
Ciencia Histórica progresa gracias al continuo y permanente debate, fruto de la
investigación, entre los historiadores. Un debate científico sobre el
pasado que no puede ni debe ser manipulado por la clase política en
beneficio de unos intereses acientífico de su instante concreto.

Hace
más de cuarenta años que terminó el régimen franquista y 82 años del comienzo
de la Guerra Civil de 1936-1939, una más de las muchas guerra civiles que ha
conocido España, lo que convierte este sucesos históricos en algo pasado y
alejado de la realidad actual de España. ¿Por qué esta preocupación por la
de 1936-1939 y no por las Carlistas o la de Asturias de 1934?

No
se puede imponer por ley un único relato de la historia, pues ninguna ley
variará los hechos históricos ni debe hurtarnos la libre e inteligente
comprensión individual de los mimos. No se debe borrar por ley la cultura,
el pasado, el sentimiento ni la memoria de los más de cuarenta y seis millones
españoles, de toda una nación, por razones ideológicas. Ninguna razón
moral, ni derecho subyacente, puede primar sobre la analítica verdad de los
hechos, en las circunstancias de tiempo y lugar en que se produjeron. La verdad
interpretada de unos hechos, cualquiera que sea, no puede ceder a ninguna
interesada manipulación política. Legislar sobre la historia o contra la
historia es, simplemente, un signo de totalitarismo antidemocrático y
liberticida.

Esta
proposición de ley ataca directamente los fundamentos de la Constitución y los
valoressuperiores que su ordenamiento jurídico consagra: la libertad (de
opinión, expresión, investigación y cátedra); la justicia (sólo
atribuible a jueces y tribunales); la igualdad (que impide la
discriminación por sexo, raza, religión, ideología, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social); y el pluralismo
político (ejercido como actividad libre dentro del respeto a la
constitución). Esa proposición de ley, de llevarse a la práctica, chocaría
frontalmente con la Constitución, en su redacción y espíritu. Es un
proyecto radicalmente antidemocrático, por cuanto pretende decidir desde el
poder la realidad de la historia, lo que solo ocurre en regímenes totalitarios
hacia los que no debemos permitir que transite España.

Si
el Partido Socialista quiere lograr algo que lo singularice, que lo
identifique, que lo diferencie de otros partidos existentes básicamente iguales
a él, si quiere ganar votos por la izquierda puede hacer muchas cosas que de
verdad mejoren nuestra sociedad. Es necesario dejar de hacer lo fácil, dar
puñaladas a moro muerto, disparar con pólvora del rey en lugar de entrar en los
temas verdaderamente importantes que todos sabemos y que ni el PSOE ni ningún
partido político quiere afrontar porque afectan fundamentalmente a sus
privilegios.