La disfunción, suicida en un régimen cuya piedra angular es precisamente un sistema de partidos políticos que representan y defienden las ideas, valores e intereses de distintos sectores sociales, se resume en que, desde 1977, todos los partidos derechistas o no izquierdistas con representación parlamentaria, salvo Fuerza Nueva y algún otro minúsculo de raíz carlista o falangista, todos ellos incapaces de conseguir un solo escaño, han asumido que el 18 de Julio de 1936 se produjo un golpe de Estado militar contra la II República, y que a ese golpe se sumaron, según avanzaba la guerra civil, todos los perseguidos o marginados por los gobiernos del Frente Popular.
El factor legitimador del bando nacional era y es de orden moral, por discriminar a unos españoles, católicos, de otros, anticristianos y ateos, que los maltrataban o asesinaban. Y en efecto, ese fue el elemento vertebrador del bando nacional antes, durante y después de la guerra. Pero había otro de orden político y democrático, puramente civil, que nunca se recuerda: los tres partidos de derechas con representación parlamentaria en la República, el Radical, la CEDA y el Tradicionalista o carlista, se adhirieron desde el primer día y pidieron hacerlo a sus votantes al alzamiento del 18 de Julio. Ese mismo día, Lerroux (radical), Gil Robles (democristiano) ambos, parte del gobierno legítimo entre 1934 y 1936, amén de Goicoechea (carlista), apoyaron públicamente a Franco y a los militares recién alzados en África. Este es un hecho capital, cuyo olvido supone una ruptura o deslegitimación de la derecha democrática y constitucional desde la Restauración en 1874.
Mientras la derecha política posterior a 1977 —hoy, el PP y Vox—, no reconozca como referencia legítima a las derechas históricas, no podrá combatir en serio la legitimidad de las suyas que esgrimen las izquierdas. Remitirse al Centro o eludir cualquier compromiso con el sector social que se identificó con el bando nacional en la guerra y durante el franquismo, es perder una contienda inevitable y rendirse a los argumentos del enemigo, y me remito al libro citado para más precisión. Pero volvamos al presente.
La Constitución protege a la Fundación Francisco Franco
Las libertades civiles, desde las Constituciones de 1812 y 1837 hasta la de 1978, han tendido siempre a blindar la igualdad de los españoles ante la Ley y que las leyes no sirvan para atacar a la libertad y a la pluralidad de las opiniones y organizaciones de los ciudadanos, sino para asegurarlas. El afán del bloque golpista que sustenta la mayoría parlamentaria de Sánchez no es el de luchar contra un régimen que acabó hace medio siglo, sino el de liquidar la nación española como sujeto político y la igualdad ante la Ley que expresa la Constitución votada por aplastante mayoría en 1978. Estos son los artículos que vulneraría el cierre de la Fundación Francisco Franco:
CAPÍTULO SEGUNDO Derechos y libertades
Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Artículo 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
¿En qué vulneraría la Constitución la prohibición de la Fundación?
Es evidente que la infame leyezuela vulnera el artículo 14 porque discrimina por razones de opinión la igualdad de los españoles ante la ley.
Es evidente que vulnera el arttículo 16 al atacar la libertad ideológica.
Es evidente que vulnera el artículo 20 al prohibir la difusión libre de ideas y opiniones mediante palabra, escrito u otros medios de reproducción. Y no sólo establece la censura previa, sino que censura lo que pueda existir, en virtud de la intención que se atribuye a los ciudadanos censurados.
¿Votarían hoy a Sánchez los franquistas de ayer?
En resumen, durante el franquismo estaban restringidas la libertad de expresión, de reunión y de asociación, puntales de cualquier democracia. Los partidos políticos y las asociaciones culturales que a veces respaldaban esas ideas quedaban sometidos a las decisiones del gobierno de Franco. Es sarcástico que para combatir el franquismo se vuelva a Franco. Es siniestro que se pretenda defender la democracia volviendo a la dictadura, sin la cruel legitimidad de una guerra civil, sólo para disimular la corrupción de un partido que contra la dictadura se limitó a soñar con imponer la suya.
No sé si los antisanchistas hoy son más que los antifranquistas ayer. Sí creo que los franquistas de antaño no votarían a Sánchez hogaño, y no sólo porque los fascistas no solían apoyar a los comunistas, sino porque entre los enemigos de la libertad hay límites éticos o morales. Los de Sánchez no tiene ninguno. El bando nacional o franquista fue a la guerra civil porque, religiosos o ideológicos, los tenía. Una diferencia como entre el día y la noche. Esta leyezuela no va, pues, contra Franco sino contra la libertad y España. Otra forma de dar la razón al Alzamiento Nacional y a su caudillo.
