COMUNICADO DE LA FNFF. EL SUPREMO DEBE ACORDAR QUE FRANCO VUELVA AL VALLE

Los magistrados de la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo se van a reunir el próximo 7 de julio para deliberar el recurso que interpuso la Fundación Nacional Francisco Franco contra el acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2019 que acuerda la exhumación de los restos del Generalísimo de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos -todavía “estaban pendientes” de resolverse los recursos interpuestos por esta Fundación, por la Comunidad benedictina y por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos- y, al mismo tiempo, contra el acuerdo de 11 de octubre de 2019 que ordena el inicio de las operaciones necesarias para la ejecución del anterior, que debía finalizar con la reinhumación en Mingorrubio -y no donde la familia indicara-.

Una de dos: o todo resulta un esperpento o el Supremo va a corregir su grave error jurídico que, además de avalar la injusticia histórica y minar, a favor del republicanismo marxista del sanchismo y de Unidas Podemos, la Monarquía; lesiona los derechos fundamentales de la persona (algo de lo que ahora está conociendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos).

Recuérdese que dicha Sección 4ª (cuya composición se modificó unos días antes de la deliberación sobre la exhumación, en el recurso de la familia) levantó la medida cautelar de suspensión, lo que permitió que el gobierno socialcomunista llevara a cabo la profanación de un lugar sagrado con absoluta omisión de los reconocimientos y respetos debidos a quien fue Jefe del Estado español, que nos salvó de ser un país comunista satélite de la URSS y que instauró la actual Monarquía, transmitiendo al gobierno que todo lo que hacía era correcto, legal y constitucional (ni siquiera hubo ningún voto particular entre sus integrantes que se planteara la inconstitucionalidad del secuestro -único en el mundo- del cadáver a su familia, para tenerlo bajo llave en Mingorrubio, en una sepultura adquirida deprisa y corriendo por Patrimonio Nacional -con dependencia directa del gobierno-, en vez de donde la familia tienen sus derechos funerarios, en la Cripta de la Catedral de Nuestra Señora de la Almudena, tal y como indicó, según le autorizaba la ley).

La corrección es legalmente posible. Otra cosa es que se atrevan, después de lo que ya permitieron, que ha dado tanto oxígeno a los actuales gobernantes liberticidas, que ahora se creen con superioridad moral para dar lecciones de historia, orden y respeto a la ley a la mitad de los españoles y herederos de quienes se enfrentaron en la pasada guerra civil, a ponerse al lado de la verdad, de los derechos humanos y de la esencia, unidad e integridad de  España frente a los que implantaron el marxismo, bajo la Segunda República tras un clamoroso pucherazo electoral, el terror, los asesinatos, la quema de iglesias, las amenazas y el odio a quienes no pensaran como Stalin, su referente. Y decimos que es posible porque curiosamente ha cambiado la composición del tribunal e, incluso, en la deliberación del recurso contra la exhumación, se ha nombrado un nuevo ponente, la magistrada Pilar Teso.  En esta ocasión no se sentarán a deliberar los magistrados José Luis Requero y Segundo Menéndez, antípodas en ideología pero que en este asunto se unieron a favor de la exhumación y a favor de ignorar los derechos de la Iglesia (derivados de un tratado internacional) y de la familia, ya que ello resultaba “feo” para el primero y “decisivo para el gobierno Sánchez” para el segundo.  Así el Sr. Requero evitaba posicionarse con un voto particular contra la tesis del progresista Lucas Murillo de la Cueva, el ponente, cuyas relaciones con la Vicepresidenta Carmen Calvo, que sibilinamente ocultó a sus compañeros, fueron la causa de este retraso mientras se resolvía su recusación, que aprovechó para allanar el camino a Sánchez sustrayendo a un Juzgado del conocimiento de las cuestiones de legalidad urbanística, que pendían ante el mismo, por ser el competente por razón de la materia.

Resulta que a lo mejor, el próximo 7 de julio, día de San Fermín, pese a que se han suspendido los festejos de Pamplona en honor al santo, pueden correr unos miuras por los pasillos del palacio de justicia que, al menos, les recuerde la grave responsabilidad de sus funciones y, aunque sea testimonial, algún magistrado valiente cuestione la constitucionalidad de la ley de memoria histórica que desune y enfrenta a los españoles, que terminará por cargarse a la Monarquía, y que desvía la atención de la hecatombe a que nos está llevando Pedro Sánchez (recordemos que fue Rajoy quien prometió derogar dicha ley y la del aborto -y que no hizo pese a su mayoría absoluta-), como tiene solicitado esta Fundación ante el Tribunal Supremo.

A lo mejor, incluso, estiman nuestro recurso y se anulan los acuerdos recurridos, en cuyo caso puede que sea ahora cuando Franco vuelva al Valle de los Caídos a reposar junto a los huesos de los demás contendientes, todos unidos bajo la Cruz de Cristo, nuestro Señor, signo de Paz y Amor, y por cuyo eterno descanso y la paz de España rezan todos los días los monjes benedictinos.