Comunicado de la FNFF: RECOGER O DESPARRAMAR, 115 NUEVOS BEATOS.

 

El próximo 25 de marzo España tendrá 115 nuevos beatos. En total 95 religiosos y 20 seglares (incluida una mujer embarazada de 24 años de raza gitana, torturada y asesinada por negarse a contar quién le había enseñado a rezar el Santo Rosario) martirizados entre julio de 1936 y enero de 1939 durante la persecución religiosa provocada por el PSOE, PCE, UGT, ERC, PNV y CNT, principalmente. Serán beatificados en Almería por el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Con este nuevo grupo de beatos alcanzaremos en España la cifra de 1.725 mártires por odio a la fe reconocidos oficialmente por el Vaticano, odio ejercido por los autodenominados “luchadores por la libertad” del Frente Popular.

 

Se puede leer la noticia completa en los siguientes enlaces:

 

http://gaceta.es/noticias/nuevas-115-beatificaciones-elevarana-1725-martiriologio-guerra-civil-06022017-1802

 

https://www.aciprensa.com/noticias/beatificaran-a-gitana-martirizada-por-no-delatar-a-catequista-que-le-enseno-el-rosario-79542/

 

Ante esta noticia de la nueva beatificación de mártires de la Guerra Civil, la FNFF quiere invitar a los poderes del Estado, y a todos los españoles en general, a una serena reflexión. Para ello reproduciremos algunos fragmentos de la ley mal llamada de memoria histórica.

 

En la exposición de motivos puede leerse:

 

(…) “nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática” (…)

 

(…) Es la hora, así, de que la democracia española y las generaciones vivas que hoy disfrutan de ella honren y recuperen para siempre a todos los que directamente padecieron las injusticias y agravios producidos, por unos u otros motivos políticos o ideológicos o de creencias religiosas, en aquellos dolorosos períodos de nuestra historia. Desde luego, a quienes perdieron la vida. Con ellos, a sus familias. También a quienes perdieron su libertad, al padecer prisión, deportación, confiscación de sus bienes, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración dentro o fuera de nuestras fronteras. También, en fin, a quienes perdieron la patria al ser empujados a un largo, desgarrador y, en tantos casos, irreversible exilio. (…)

 

(…) En efecto, en dicho precepto (artículo 2) se hace una proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil (…)

 

La Segunda República fue impuesta como régimen de gobierno de manera ilegal, ilegítima y por medio de la violencia. Las elecciones de abril de 1931 eran locales, es decir, para elegir alcaldes y concejales. No eran constituyentes para elegir la forma de estado, que entonces era la de monarquía parlamentaria, similar a la actual. Los llamados partidos republicanos vencieron en la segunda vuelta de las elecciones en la mayoría de las capitales de provincia (no sin cometer fraudes electorales, como en Madrid, donde, por ejemplo, el concejal del PSOE Saborit hizo votar por su partido a millares de difuntos), mientras los partidos monárquicos vencieron ampliamente, tanto en el medio rural, como en número de concejales. Así se eligieron 5.775 concejales republicanos por 22.150 monárquicos. Sin embargo los dirigentes republicanos impusieron su interpretación de que aquello era un plebiscito sobre la forma de estado, y comenzaron a incitar algaradas y revueltas por toda la nación. Ante estos acontecimientos, y merced a la cobardía de los monárquicos, éstos aceptaron las imposiciones de los republicanos y les cedieron ilegítimamente el poder de la nación, produciéndose la abdicación forzada del entonces rey Alfonso XIII, que hubo de exiliarse posteriormente para evitar un baño de sangre entre españoles, algo que, vista después la historia, sólo fue un aplazamiento de un inevitable desastre.

 

Hoy podemos ver que a muchos de los que padecieron injusticias y agravios, perdieron la vida o hubieron de huir de España al exilio para salvarse; o sufrieron prisión, deportación, y trabajos forzosos, por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas, como fue el caso de estos mártires próximamente beatificados, o de otros muchos miles de españoles anónimos, la ley actual no sólo no les ampara, sino que les excluye. La inmensa mayoría de estas víctimas luchaba dentro de la ley vigente en 1936 por la defensa de la libertad que fue conculcada por los autodenominados “luchadores de la libertad” republicanos.

 

El Parlamento español, tan proclive a condenar al régimen de Franco, les margina y olvida al no hacer una declaración institucional específica de reconocimiento a estas víctimas, y de condena a aquellos culpables, cuyos nombres y siglas son bien conocidos por sus Señorías. La proclamación general del carácter injusto de todas las condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas, por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, durante la Guerra Civil, que enuncia la ley mal llamada de memoria histórica, parece no referirse intencionadamente a estas condenas, sanciones y expresiones de violencia personal producidas por motivos inequívocamente políticos o ideológicos, acaecidas durante dicha Guerra Civil, perpetradas por los partidos y sindicatos republicanos, marxistas, socialistas, anarquistas y secesionistas del Frente Popular contra quienes no pensaban igual, y defendían la religión católica, la unidad de España y la propiedad privada.

 

Tampoco se legislan hoy indemnizaciones económicas para estas víctimas, ni para sus familiares y herederos. No se levantan monumentos o se nombran calles y espacios públicos en todas las ciudades y poblaciones de España en honor de estas víctimas. No sólo no se retiran nombres de calles, honores y medallas a los asesinos, sino que aun se conceden a personajes protagonistas de aquellas opresiones, como son los casos de Indalecio Prieto, Largo Caballero, Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, Luis Companys, José Tarradellas o José Antonio Aguirre, por citar sólo a unos pocos.

 

Merced a la ley mal llamada de memoria histórica del PSOE y del PP, de la que dice sentirse muy orgulloso el actual ministro de Justicia, don Rafael Catalá, los actuales poderes ejecutivo y legislativo, con la inestimable colaboración de casi todos los medios de desinformación social, unos por acción y otros por omisión, distorsionan la Verdad, reescriben la Historia sectariamente, y dan cobijo y amparo legal y económico a los herederos ideológicos de aquellos delincuentes a los que ensalzan, ofendiendo la memoria de sus víctimas y familiares, y conculcando así el derecho de todos los españoles a conocer la Verdad Histórica, que no la memoria histórica.

 

No se puede estar en dos sitios a la vez. Aquellos criminales tienen el suyo. Sus víctimas también. Ahora sus Señorías del Gobierno y del Parlamento deben elegir cómo quieren que se les recuerde a ellos en el futuro, con quiénes están, si con los asesinos o con sus víctimas.

 

“El que no está conmigo, está contra mí; y el que conmigo no recoge, desparrama” (Lucas 11:23).