Comunicado de la FNFF sobre la persecución judicial a los alcaldes que no cumplen la Ley de Memoria

 

 

 

 

   Según acaba de conocerse por los medios de comunicación, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha reclamado a las Cortes Valencianas la certificación de que Dña. Rita Barberá, exalcaldesa de Valencia, sigue siendo parlamentaria y, por tanto, aforada para proseguir con la demanda presentada contra ella por varios dirigentes socialistas por un supuesto delito de desobediencia a la llamada Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007 de 26 de diciembre).

 

   Este hecho demuestra, en opinión de la FNFF, que la «memoria histórica», lejos de pretender la reparación a las víctimas de la guerra y la posguerra (aunque de un solo bando), es una herramienta jurídica para acallar y amedrentar a quienes se oponen al discurso dominante de la izquierda, que por ser falso y manipulador escinde la sociedad española.

 

   Para la FNFF, la «culpa» de Dña. Rita Barberá no ha sido mantener en la ciudad vestigios de la historia española, sino haber derrotado durante varios años a los candidatos socialistas a la Alcaldía de Valencia, en cinco elecciones (las de 1995, 1999, 2003, 2007 y 2011) por mayoría absoluta.

 

   La negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a derogar a lo largo de esta legislatura la Ley de la Memoria Histórica, pese a las peticiones que se le han hecho, supone que el PP mantiene un arma que la izquierda, cuando regrese al poder, empleará contra este partido, así como contra los historiadores y los ciudadanos que no se sometan a sus directrices. La Ley de la Memoria Histórica no sólo deslegitima a la derecha y prohíbe la investigación imparcial sobre el siglo XX, sino, además, erosiona a la Monarquía, restaurada por voluntad del Generalísimo Francisco Franco y avalada por el pueblo español en referéndum y en las Cortes.

 

   Como muestra del sectarismo intrínseco a la Ley de la Memoria Histórica, la FNFF recuerda que los casi 50 soldados de la 84 Brigada Mixta del Ejército Popular de la República, casi todos de la Comunidad Valenciana, descubiertos en una fosa común en 2009 en Rubielos de Mora (Teruel), no entrarían dentro de las categorías fijadas para recibir homenajes institucionales, porque fueron fusilados por sus superiores al haberse negado a regresar al frente de Teruel, en vez de por los «malvados oficiales» que la ley ha establecido.

 

   Frente al fomento de las divisiones entre los españoles realizada por la izquierda, la FNFF propone la reconciliación de la que es modelo el Decreto-Ley 10/1969, de 31 de marzo que, firmado por el Generalísimo Franco, declaró la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939.  

 

 

 Julio, 2015