Comunicado: Genocidio

Una de las acusaciones que la izquierda
vierte de forma repetida sobre Francisco Franco es la de genocidio. Por
ejemplo, hace unos días la eurodiputada Dª Lidia Senra (partido Anova), en una
pregunta dirigida a la Comisión Europea, afirmaba que el hecho de que la FNFF
hubiera propuesto mostrar al gran público la grandeza de Francisco Franco
equivalía a “un delito de apología del genocidio”. Como único apoyo a
dicha afirmación, Dª Lidia citaba la Directiva 2008/913/JAI de la UE, relativa
a la lucha contra el racismo y la xenofobia. ¿Hay algún atisbo de verdad en
esta acusación o se trata, como acostumbra nuestra izquierda, de una pura
fabulación?

El delito de genocidio tomó carta de
naturaleza internacional en la “Convención para la prevención y sanción
del delito de genocidio”, aprobada por las Naciones Unidas en 1948. En la
misma se define el genocidio como aquellos actos “perpetrados con la intención
de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso, como tal”. Por su parte, la Directiva 2008/913/JAI tiene por
objeto tipificar como delito determinadas acciones dirigidas contra “un
grupo de personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza,
el color, la religión, la ascendencia o el origen nacional o étnico”, y se
refiere de modo explícito a los delitos definidos en los Artículos 6, 7 y 8 del
Estatuto de la Corte Penal Internacional, estando dedicado el Artículo 6 al
genocidio. La definición que ofrece del genocidio dicho Artículo 6 es idéntica,
como no podía ser por menos, a la de la Convención de la ONU del año 1948. En
resumen, aunque la definición de la Directiva 2008/913/JAI es ligeramente más
detallada, ya que incorpora los conceptos de “color” y
“ascendencia”, el genocidio se define de forma casi idéntica en toda
la legislación internacional aplicable: destrucción de un grupo religioso,
nacional o racial.

Es una obviedad que Francisco Franco no
intentó jamás destruir grupo religioso alguno, al contrario que el Frente
Popular, cuyo genocidio contra los católicos ha sido ampliamente demostrado.
Para acusar a Francisco Franco de genocidio, habría que poder demostrar que
intentó destruir algún grupo nacional o racial. Estudiemos ambas posibilidades.

Consideremos en primer lugar la acusación
de que Francisco Franco fuera racista. Citaremos únicamente tres hechos, para
demostrar que ello es indefendible: la “Guardia Mora”, el General
Mohammed ben Mizzian y los diputados a Cortes. Aunque los jóvenes españoles
probablemente no lo recuerden, la tarea de protección del Jefe del Estado desde
su nombramiento hasta la independencia de Marruecos (1956) estuvo encomendada a
la “Guardia Mora”, una unidad compuesta exclusivamente por
marroquíes. ¿Puede imaginarse un Jefe de Estado europeo que seleccionara
marroquíes para su guardia personal? Para darse una idea de lo que ello
significa, citaremos que hubo que esperar hasta 2009 para que un soldado
musulmán fuera autorizado a hacer un servicio de guardia para la Reina de
Inglaterra, y que esta decisión fue muy comentada en ese país.

En cuanto a ben Mizzian, era un militar
marroquí que había alcanzado el grado de comandante en el Ejército español en
el momento de iniciarse nuestra guerra, con casi 40 años de edad, una carrera
militar modesta. Tras 16 años de ascensos en la España de Franco fue nombrado
teniente general, ocupando los destinos de capitán general de dos regiones
militares, las de La Coruña y Canarias. ¿Podemos imaginar una carrera militar
de esta brillantez para un marroquí en cualquier otro país europeo? Es una
evidencia que Francisco Franco era mucho menos racista que los restantes Jefes
de Estado europeos de su época, y mucho menos también que la inmensa mayoría de
los españoles de hoy.

Por si fuera poco, los primeros diputados
negros y musulmanes que ha habido en las Cortes españolas aparecieron en el
régimen del 18 de Julio, cuando a las Cortes Orgánicas se incorporaron
procuradores en representación de las entonces provincias de Guinea Ecuatorial
y del Sáhara.

Tampoco puede olvidarse el apoyo del
régimen de Franco en favor de la salvación de miles de judíos durante la
Segunda Guerra Mundial, hecho ya tan innegable que se intenta atribuir en
exclusiva a los diplomáticos, de los que se ha llegado a decir que
desobedecieron las órdenes del Ministerio de Asuntos Exteriores, lo que es
risible. Además, en los años 50 y 60, el Gobierno español colaboró a petición
del Gobierno israelí (con el que no había relaciones diplomáticas) en el
traslado de las colonias judías en Egipto y Marruecos a Israel. ¡Sorprendente
racismo que protege a uno de los pueblos más perseguidos del siglo XX!

¿Y qué podemos decir de la acusación de
que Francisco Franco intentó destruir algún grupo nacional? Esta afirmación
sólo podría defenderse desde la premisa de que el País Vasco o Cataluña
constituyeran realidades nacionales, hipótesis altamente dudosa. Pero aún en
ese caso, y analizando en primer lugar el País Vasco, es evidente que Álava en
bloque se alineó con la España de Franco desde el primer momento. En cuanto a
Cataluña, numerosos catalanes combatieron con la España de Franco; citaremos en
particular el Tercio de Montserrat, formado por requetés catalanes, que fue una
de las unidades que mayor gloria conquistó. Nuestra guerra no fue un genocidio
dirigido contra vascos o catalanes en tanto que grupos nacionales, sino un
conflicto en el que ambas regiones se dividieron sobre líneas de fractura que
poco tenían que ver con la nación. Cuando fallece Francisco Franco en 1975, las
cinco provincias con más renta per cápita son las tres vascas, Barcelona y
Madrid. Sólo en una de ellas, la citada Álava, había triunfado el Alzamiento.
¿Quién podría defender que la España de Franco intentó destruir las regiones
donde más arraigo tuvo el Frente Popular, cuando la evidencia es que fueron las
más beneficiadas económicamente?

Concluimos que la acusación de genocidio
lanzada por la izquierda contra Francisco Franco carece del más mínimo rigor
intelectual, y es insostenible en derecho. El único genocidio realizado en
nuestra guerra fue el perpetrado por el Frente Popular sobre los católicos
españoles: bastaba ser sacerdote o monja, estar inscrito en una cofradía o
portar objetos religiosos como crucifijos o misales, para ser detenido y
asesinado.