Comunicado: Otro nuevo varapalo judicial al Gobierno en menos de dos meses

Nuevo varapalo judicial al Gobierno, en menos de dos meses, ante sus ilegales pretensiones y obsesión por profanar el cadáver del Generalísimo

Una vez más, lo resuelto por el Tribunal Supremo en su auto de 2 de julio de 2019 en el que desestima la alegación previa que oponía la defensa de la Administración General del Estado consistente en que se declarara la inadmisión del recurso Contencioso-administrativo presentado por esta Fundación alegando haber sido interpuesto por persona jurídica no legitimada, ha dado al traste con las aspiraciones y manía de apartar y excluir a la Fundación Nacional Francisco Franco de los contenciosos contra la exhumación de los restos del Jefe del Estado de España desde 1939 a 1975.

Y no solamente eso, sino que el más alto tribunal de España expresamente reconoce la existencia de un vínculo entre los fines de esta Fundación y la actividad administrativa impugnada, como venimos diciendo con insistencia.

En efecto, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo contempla, acredita y acepta sin reservas la existencia de un interés legítimo de la Fundación Nacional Francisco Franco en la oposición a la exhumación, traslado e inhumación del cadáver embalsamado de quien fue “el centinela de Occidente y que llevó el peso de esa responsabilidad hasta las últimas consecuencias” según las palabras del general Eisenhower, Presidente que fue de los Estados Unidos de América, después de su visita a España en 1957.

De esta manera se ve frenada la permanente obstinación y férreo empeño por parte del Consejo de Ministros -que raya en la obcecación-, en llevar a cabo una ilegal exhumación, traslado e inhumación a pesar de no contar con la licencia municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, a pesar de estar protegido el Valle de los Caídos por su carácter sagrado, a pesar de no tener la autorización del Abad de ese lugar -como se infiere del Acuerdo Jurídico con la Santa Sede de 3 de enero de 1979- y a pesar de no tener el consentimiento de la familia, entre otras muchas razones.

También de esta manera se ven compensados los fines estatutarios que sirven de objetivo a esta Fundación quedando esta muy satisfecha con el Auto dictado por el Tribunal Supremo porque, frente a la arbitrariedad, se ha vuelto a imponer para bien de todos los españoles, el Estado de Derecho quedando una vez más patente, como no puede ser de otra manera, que ante conducta tan abusiva e improcedente, se impone el Estado de Derecho en beneficio de la Justicia y de la ciudadanía.

La FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO, como siempre, en la búsqueda de la paz social, la armonía colectiva y la convivencia entre todos los españoles hará uso de todas las armas legales a su alcance para que impere siempre el Estado de Derecho antes aludido.