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La Fundación Nacional
Francisco Franco (FNFF) ha tenido conocimiento, a través de las noticias
publicadas en prensa, de la sorprendente petición del Sr. Garzón, en nombre de
IU, del cierre cautelar del Archivo de nuestra Fundación.
En esta ocasión la
artificial polémica, envuelta en un sorprendente desconocimiento y verdades a
medias, con amenazas judiciales incluidas y ánimo censor e inquisitorial,
impropio de alguien que según parece ha sido profesor universitario y se
presenta como defensor de la libertad, viene determinada por el contenido de la
documentación que la FNFF custodia y pone a disposición de investigadores e
historiadores con las debidas reservas que son usuales en cualquier archivo. Las
acusaciones de Izquierda Unida son dos: 1) que la FNFF posee documentos que son
propiedad de la Jefatura del Estado, y 2) que la FNFF custodia documentos que
se encontrarían dentro de los referidos en la vigente Ley de Secretos Oficiales
(ley de 1968, modificada en 1978 y en trámite de ser sustituida por una nueva
ley).
La FNFF reitera, una
vez más, que su fondo no está compuesto, mayoritariamente, por documentos
originales, sino por reproducciones (copias) de documentos que se encuentran en
los respectivos archivos de la Administración. Se trata de los documentos que
Francisco Franco consideró en su momento como más relevantes de entre todos
aquellos que los distintos Ministerios le fueron enviando a lo largo de los
años, motivo que le llevó a incorporarlos a su archivo particular. Muchos de
ellos contienen subrayados y anotaciones de su puño y letra, lo que les
confiere una especial relevancia histórica. El archivo de la FNFF agrupa la
totalidad de los documentos de mayor relieve que el Jefe del Estado español recibió
y consultó a lo largo de sus 40 años de gobierno, un tesoro excepcional que
permite a los historiadores interesados en la España de Franco encontrar
condensada en una píldora la trayectoria de su mandato.
En lo que se refiere a
la posible divulgación de algunos documentos que pudieran en su día haber
estado clasificados, y que forman parte de nuestro archivo, la FNFF recuerda
asimismo al Sr. Garzón que el fondo documental referido puede consultarse en
los archivos públicos; ya que de acuerdo con el sentido de la Ley de
Transparencia (Ley 19/2013) y con la idea que dio vida al Centro Documental de
la Memoria Histórica (Archivo de Salamanca), cualquier ciudadano puede acceder
a esta documentación, pues una copia digitalizada, en virtud de acuerdo con el
Estado, se custodia en el Archivo de Salamanca.
Desde el punto de vista
legal, la FNFF quiere recordar al señor Garzón y su equipo de amenazantes
juristas de IU que la Ley de Secretos Oficiales (Ley de 1968 y modificación de
1978) se refiere no a documentos que tengan sello de “Secreto” o “Difusión
reservada” (valga significar, por ejemplo, que los resúmenes de noticias
extraídos de las emisiones de Radio España Independiente “La Pirenaica” tenían
tal calificación), sino a aquellos que hayan sido oficialmente determinados
como “materias clasificadas” porque su contenido pueda “dañar o poner en
peligro la seguridad y defensa del Estado”. Es una obviedad que ninguno de los
documentos que conserva nuestro archivo pudiera calificarse como “peligroso
para la seguridad y defensa del Estado” en el año 2017.
La FNFF quiere, asimismo,
destacar la incoherencia y falta de honestidad del diputado Alberto Garzón, ya
que la por todos considerada como superada Ley de Secretos Oficiales
(1968/1978) va a ser en breve sustituida por otra más acorde con los tiempos y
las prácticas que existen en los países avanzados (proposición apoyada por el
señor Garzón y por toda la oposición). Es hartamente significativo, y muestra y
demuestra su doble vara de medir, que el señor Garzón y su grupo, en la tramitación
de lo que sería una modificación o nueva ley, aboguen por la transparencia y la
desclasificación casi inmediata de los Documentos Secretos, frente a la postura
más moderada de que se desclasifiquen automáticamente a los 30/25 años, en
tanto que los Documentos Reservados lo hagan a los 10 (el gobierno podría
prolongarlos otros 10). Una simple operación matemática, aplicando la ley que
el señor Garzón defiende (menos para el archivo de la FNFF), indica que es
imposible que ninguno de los documentos que conserva la FNFF pudiera estar
clasificado.
Reiteramos, una vez
más, que lo que la FNFF ha hecho y hace es defender la libertad y la
transparencia, contribuyendo a uno de sus fines, que es la investigación sobre la
España de Franco, y evitar, como algunos historiadores han denunciado, que los
investigadores, por falta de presupuesto, tengan que desplazarse al extranjero
para consultar la documentación referente a España, que otros países han
desclasificado. Todo ello en consonancia con la idea, defendida por todo el
arco parlamentario español con la excepción del Sr. Garzón e IU, de
“trasparencia y acceso al conocimiento de la historia”.
La FNFF confía en la
protesta de historiadores e investigadores, algunos de ellos próximos a IU, por
la inquisitorial y totalitaria petición del señor Garzón de que se cierre
cautelarmente el Archivo de la FNFF, lo que cegaría la fuente de información
histórica más relevante de la España de Franco actualmente disponible en el
mundo.