Comunicado: Sobre el asalto al Pazo de Meirás

Asalto al Pazo de Meirás

El pasado 30 de agosto un grupo de afiliados del Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y de la Confederación Intersindical Gallega (CIG) asaltó el Pazo de Meirás y lo ocupó durante unas horas, hasta que fue desalojado por la Guardia Civil. Lo relevante del caso no es el asalto en sí mismo, ya que es bien sabido que el respeto a la ley de la izquierda española es nulo, sino la respuesta ante dicho asalto: con significativas pero contadas excepciones, una amplia mayoría de las organizaciones políticas y mediáticas españolas tomó la decisión de no condenar el flagrante delito cometido. Lo que es más, decidió ni tan siquiera mencionar que el referido asalto era obviamente ilegal. La versión más difundida del asalto lo define como un pequeño festejo, en el cual los delincuentes son presentados como defensores del bien común, y las víctimas del delito, es decir, la familia de Francisco Franco, en tanto que propietaria del Pazo, y la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF), en tanto que organizadora de las visitas al mismo, son descritos como delincuentes. ¿Cómo es posible que en la España de la II Restauración Borbónica se haya alcanzado un grado tan elevado de falta de respeto público a la ley? En nuestra opinión, ello se debe a una errónea equiparación entre democracia y ley. Intentaremos explicarlo brevemente.

Empezaremos con unas palabras pronunciadas por el Jefe del Ejecutivo en la conferencia de prensa del 7 de septiembre, destinada a atajar la sedición del Gobierno y del Parlamento regionales de Cataluña: “Algo debe quedar muy claro: lo que no es legal no es democrático“. Esta frase equipara legalidad y democracia, afirmación obviamente errónea. Si algo tiene claro la ciudadanía española es que las decisiones democráticas son con frecuencia ilegales. El caso más conocido es el de la Ley de banderas, ya que muy numerosos ayuntamientos impecablemente democráticos, en particular en el País Vasco y Cataluña, han incumplido e incumplen de forma sistemática la referida Ley. Y no hace falta explicar, porque no hay un sólo español que no lo sepa, que el indudablemente democrático parlamento regional catalán ha aprobado numerosas leyes obviamente ilegales. ¿Por qué el Presidente del Gobierno, que conoce perfectamente la diferencia entre ley y democracia, las equipara en un discurso de gran trascendencia política?

Es una obviedad que democracia y legalidad son conceptos no sólo muy diferentes, sino que la aplicación de cada uno de ellos da lugar a resultados muy distintos. Por ejemplo, el último Estatuto de Cataluña fue votado democráticamente por el Parlamento regional catalán, por el Parlamento nacional español, y por el pueblo catalán: no cabe mayor legitimidad democrática. Y sin embargo, como todos sabemos, fue declarado ilegal y reformado por la justicia, como no podría ser de otra manera en cualquier nación en la que la ley prevalece sobre la democracia. Y la reforma del último Estatuto catalán por los tribunales no es algo excepcional, sino rutinario: la justicia española ha modificado numerosas leyes de nuestros distintos parlamentos a lo largo de los años, lo que debería haber asentado en la mentalidad colectiva como algo obvio que la ley debe prevalecer sobre la democracia.

Muy al contrario, hoy en España son legión los que piensan que la democracia debe prevalecer sobre la ley. Hasta el punto de que en el actual entorno político y mediático español, explicar que, en un Estado de Derecho, la ley debe prevalecer siempre sobre la democracia, es tan políticamente incorrecto que nadie se atreve a expresarlo, ni siquiera de forma velada. Esta es la razón por la que el Presidente del Gobierno, ante un desafío tan serio como la posible secesión de Cataluña, haya elegido igualar ley y democracia, en lugar de explicar la prevalencia de la primera, como la ocasión exigía.

Sin embargo, en opinión de la FNFF, colocar la democracia por encima de la ley es la base sobre la que se sustenta la sedición del Parlamento y del gobierno regionales de Cataluña: dicha sedición hubiera sido impensable si la ciudadanía catalana hubiera tenido claro que, en todo Estado de Derecho, el imperio de la ley está por encima de la democracia. Y que el Estado de Derecho exige que las instituciones democráticas (gobiernos, parlamentos y ayuntamientos), exactamente igual que los individuos o las empresas, estén sometidas a la Justicia.

Y este mismo error de considerar la democracia superior a la ley explica la reacción política y mediática al asalto al Pazo de Meirás: como el asalto ha tenido lugar contra una entidad que defiende la España de Franco, lo políticamente correcto es definirlo como una actuación “democrática”, y consecuentemente, legal. En resumidas cuentas, la sedición del Parlamento regional catalán y la no condena del asalto al Pazo de Meirás nacen de un mismo mito: que la democracia debe prevalecer sobre la ley.

Cuando la opinión pública considera que la democracia está por encima de la Ley, el riesgo que corre el Estado de Derecho, y por lo tanto la convivencia social pacífica, es inmenso. En nuestra opinión, la España actual está acercándose a este abismo, como puede verse con claridad en los debates sobre la secesión catalana, sin que las organizaciones políticas y mediáticas hayan siquiera iniciado una campaña destinada a combatir este peligroso mito.

La mencionada sedición de una amplia mayoría de las instituciones democráticas catalanas, aunque obviamente deletérea, nos ha aportado sin embargo un beneficio relevante: la ciudadanía española ha empezado a comprender, no sólo que las decisiones democráticas son frecuentemente ilegales, sino que además esta ilegalidad puede acarrear consecuencias estremecedoras para el bien común, algo que los expertos ya conocían a raíz de la muy democrática elección de Hitler al poder en Alemania. Frente a los peligros que genera la democracia, la única solución posible es que las élites se mantengan firmes en la defensa del Estado de Derecho: la ley siempre debe pesar más que la democracia.

La Fundación Nacional Francisco Franco hará todo lo que esté en su mano para asegurarse de que los asaltantes al Pazo de Meirás reciban su justo castigo de acuerdo con la Ley. Esta decisión es tan obvia que podría parecer innecesario anunciarla, pero la oscurantista presentación del referido asalto por parte de múltiples actores políticos y mediáticos aconseja dar publicidad a esta medida. Esta decisión tendrá consecuencias importantes, y en nuestra opinión muy positivas, sobre la sociedad española en su conjunto: porque la aplicación del peso de la ley a los culpables del asalto al Pazo de Meirás, así como a los culpables de la sedición del Parlamento regional catalán, será el caballo de batalla del enfrentamiento entre la democracia y la ley en la España de los próximos meses. Y en el debate público, ya iniciado, entre la prevalencia de la ley o de la democracia, los distintos actores, tanto políticos como mediáticos, tendrán irremediablemente que definirse, abandonando su estudiada ambigüedad de hoy. Y de esta definición dependerá el futuro de nuestra patria: o Estado de Derecho, o caos.

Fundación Nacional Francisco Franco

Madrid, 11 de septiembre de 2017