Sobre la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco

 

  La comparecencia del líder de CIUDADANOS Alberto Rivera en el programa de radio denominado “La cafetera de Radiocable” el viernes 26 de julio de 2018, en la que, según dice Carolina Cerrejón de “eldiario.es”, se ha manifestado a favor de ilegalizar la Fundación Franco, así como a “todas las asociaciones que estén en contra de la Constitución Española” haciéndolo “extensible” al “apoyo a los terroristas”, interpela a los votantes de ese partido político que, hasta ahora, creemos que es un partido inequívocamente democrático.

 

Toda ilegalización levanta en cualquier verdadero demócrata, la alerta y la sospecha de la intolerancia.

 

Y la Tolerancia ideológica, junto con el Pluralismo, no son dos adornos estéticos o irrelevantes de la democracia: por el contrario, son dos características esenciales para que pueda existir un régimen político democrático que proclame y garantice las libertades individuales.

 

Nuestra Constitución es modélica en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. No existe ninguna mejor en todo el mundo en esas materias. Las hay equiparables o comparables a la nuestra. Mejor, ninguna. Baste recordar que nuestra Constitución incluyó desde su origen la proclamación y la garantía efectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que la Constitución francesa por entonces no tenía y que incorporó más tarde, a imagen y semejanza de la nuestra. Probablemente sea la primera y única vez en la historia que nuestro vecino del norte siguió nuestra senda legislativa y no al contrario, como había sido siempre.

 

Veamos si cabe, en democracia, oponer alguna objeción a la intención ilegalizadora.

 

Desde el punto de vista práctico, si no oponemos ninguna objeción a la propuesta de ilegalización de asociaciones y fundaciones “que estén en contra de la Constitución”, ya podemos empezar a redactar una lista nutrida, porque, para empezar, todos los partidos políticos, asociaciones y fundaciones catalanistas, que proclaman abiertamente como fines propios la independencia de Cataluña; todos los independentistas vascos o del Cantón de Cartagena, que persiguen la independencia de su terruño, todos los republicanos y, desde luego, todos los que se proclamen marxista-leninistas, nazis o fascistas, tendrían que pasar obligatoriamente por el trámite de ilegalización.

 

Hasta ahora, en la España democrática de la Transición, todos los objetivos políticos mencionados en el párrafo anterior, y casi cualesquiera otros, era y es legítimo defenderlos, porque están amparados irrestrictamente en los derechos fundamentales de libertad de opinión, expresión, manifestación y reunión, en la libertad de cátedra, en el derecho a la participación política y en el derecho fundamental a difundir noticias veraces, ideas y convicciones. Solo se les exige a todos que para hacer realidad sus particulares convicciones, no usen más que métodos democráticos y acepten, por tanto, el sistema constitucional de lucha por el poder de nuestra Constitución, que es, sin ninguna excepción, ganar las elecciones.

 

Por eso la furia ilegalizadora hay que pensársela y meditarla mucho.

 

Si, no obstante, se quiere perseverar, solo una precisión: la ilegalización de cualquiera solo la pueden dictar los jueces en sentencias firmes tras la tramitación de procesos judiciales con todas las garantías y siempre que, previa o simultáneamente, la nueva Ley ilegalizadora pase todos los filtros de constitucionalidad, naturalmente. Ni el Gobierno de España ni las Cortes pueden decidir la ilegalización de nadie.

 

Lo que sí puede hacer el Legislativo es promulgar una Ley que ampare tal propósito de excluir del pluralismo democrático a unas determinadas entidades, por motivos que queden inequívocamente dentro de nuestro derecho constitucional. Y la definición de cuáles serían las entidades ilegalizables y por qué causas, hay que afinarla mucho también, porque si se pretende basarlo en la declaración de inadmisibilidad democrática de sus opiniones, me atrevo a asegurar que tal norma no va a pasar el filtro de constitucionalidad.

 

No cabe, así sin más, convertir en delito el ejercicio de la libertad de opinión. ¡A ver si nos enteramos de que calificar a alguien de “ultra” no le priva de sus derechos constitucionales ni le convierte en un paria o en un inhabilitado! Ni a la ultra derecha ni a la ultra izquierda.

 

Si la eventual ley que se pretende promulgar para conseguir esas ilegalizaciones, es la que presentó el PSOE en diciembre de 2017 en su Disposición Adicional Primera, ya puedo afirmar que, sobre la base de ese texto legal, ningún juez decretará nunca la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, porque no incurre en ninguna de las conductas allí descritas, que son:

 

 

Lo primero no lo hace nadie en su sano juicio. Y los dirigentes de la F.N.F.F. tampoco. Y lo segundo no cabe en cabeza a humana, porque a diferencia del nazismo, el fascismo, el marxismo en sus variadas ramas o el falangismo, el franquismo no es una teoría o una doctrina política. Fue un régimen personalista, es decir que existió mientras Franco estuvo en el poder, y con su muerte terminó para siempre y no cabe ser resucitado, como no puede serlo su protagonista.

 

Hacer apología del franquismo sería defender o alabar ese régimen político. A no ser, claro está, que la nueva Inquisición decrete que dar información veraz relativa a obras, realizaciones, éxitos y aciertos de los diferentes gobiernos del general Franco a lo largo de los 39 años de su régimen, sea tipificado como delito. O dicho en roman paladino: a no ser que por ley quede prohibido informar a las jóvenes generaciones de cualquier acierto o mérito de ese período de gobierno antidemocrático. Que los tiene y no escasos.

 

¿De verdad vamos a consentir que quede prohibido informar o publicar el contenido del discurso de Winston Churchill ante el Parlamento británico al final de la Segunda Guerra Mundial agradeciendo al General Franco su inestimable ayuda a la victoria de los aliados? ¿O recordar la oración por su alma pronunciada por el Gran Rabino de Nueva York, recordando que tuvo compasión de los judíos y salvó la vida de más de cuarenta mil de ellos en esa Guerra? ¿O mencionar que sus obras hidráulicas han permitido a España capear sus históricas sequías y desarrollar el árido sureste, hoy la huerta de Europa? ¿O recordar la expresión de Indalecio Prieto, en plena Guerra Civil ante el secuestro del dirigente anarquista, “Antes con Franco que con los que mataron a Nin.”?

 

¿Estamos locos? La Verdad es y debe seguir siendo intangible. Ningún político puede pretender definirla, limitarla o hacer obligatoria su particular versión. Con ninguna mayoría.