¿Incautaciones franquistas? Los cuadros de Urtasun y Pedro Rico, por Mónica Ruiz Bremón

El seguimiento informativo de la devolución de siete cuadros a los herederos del último alcalde republicano de Madrid, Pedro Rico, por parte del actual Ministro de Cultura en fechas recientes ha sido, cuando menos, curioso. Las noticias hablaban de incautaciones franquistas o, en el mejor de los casos, de obras no devueltas por el franquismo, simplificando la realidad, que es lo mismo que falsearla.

Para ello, nada mejor que acudir al ingente trabajo documental y de investigación que, sobre Las incautaciones de bienes culturales durante la guerra civil y la posguerra se ha venido llevando a cabo en archivos y museos estatales, disponible en la web del Ministerio de Cultura. Allí podemos encontrar, reunidos y en abierto, los datos ciertos e incuestionables de un complejo y largo proceso en el que se distinguen tres incautaciones de obras de arte provocadas por la guerra civil: la primera, realizada en 1936 por las organizaciones que se repartieron literalmente palacios, casas nobles, iglesias y conventos de Madrid tras la ola de destrucciones – atribuidas por la propaganda republicana, siempre más eficaz que la de los sublevados, a «algunos elementos incontrolados»-.

Incontrolados o no, las organizaciones a las que pertenecían esos elementos ocuparon y se incautaron enseguida de numerosos inmuebles tanto eclesiásticos como particulares con el correspondiente patrimonio mueble que se encontraba en su interior: cuadros, alfombras, tapices, relojes, esculturas, porcelanas…. Así, por ejemplo, al Partido Comunista le correspondería en el reparto el Palacio de Liria, a las Juventudes Socialistas Unificadas el de Fernán Núñez, a la Brigada Motorizada el de Medinaceli o a la Alianza de Intelectuales Antifascistas el de los Condes de Heredia Spínola.

El Gobierno republicano crea entonces, el 23 de julio de 1936, la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico y pone en marcha una encomiable labor de localización y registro de los bienes culturales incautados por aquellas organizaciones y, a su vez, los incauta él mismo, llevándolos, en calidad de depósito y en el caso de Madrid, al Museo Arqueológico Nacional, Museo del Prado, San Francisco el Grande y otros lugares considerados seguros.

La procedencia de la primera incautación quedó registrada inequívocamente en las siglas ASM, PC, CNT…escritas en las etiquetas de papel pegadas al dorso de las obras recuperadas por la Junta y que aún se conservan en algunas de éstas depositadas en Ministerios y otros edificios públicos.

La segunda incautación fue, por tanto, la realizada entre 1936 y 1938 en Madrid por la Junta republicana, llevada a cabo por personas de mérito encomiable que dejarían bien documentada su labor. Coetáneamente a ésta han de citarse también las incautaciones de bienes requisados por la República a particulares y organismos que habían apoyado la sublevación militar, realizadas por la Caja General de Reparaciones, dependiente de Hacienda y a menudo en conflicto con la actividad de la Junta.

Menos comprensible y encomiable fue la decisión del gobierno republicano de trasladar una parte de las obras pictóricas y del Tesoro del Delfín del Museo del Prado desde Valencia hasta Ginebra, episodio tan injustificable como arriesgado que, sorprendente y afortunadamente, acabó bien. Pero esta es otra historia.

¿Y la tercera incautación? Cuando terminó la guerra ya llevaba un año funcionando, en el bando finalmente vencedor, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, peor organizado y con menos medios, según afirmaciones de su propio responsable, Pedro de Muguruza. El Servicio, trabajando a medida que se resolvía la situación militar, fue receptor y tomó el testigo de la Junta, llegando incluso a convertirse ambas organizaciones en algún momento en la que se venido llamando una «Cruz Roja del arte».

Terminada la guerra, el Servicio se hizo cargo, por poner un dato, de las 32.640 piezas fichadas en el Depósito del Museo Arqueológico Nacional y de los 24.000 cuadros en el Depósito del Museo del Prado. A estos se sumarían otros muchos, entre ellos los recuperados tras su robo en momentos de descontrol; los depósitos de la citada Caja General de Reparaciones del Ministerio de Hacienda y Economía; y finalmente, por parte franquista, el Depósito del Palacio del Hielo, formado por obras requisadas por las nuevas autoridades a personas significadas del bando republicano.

Se abrió entonces un periodo de reclamación con exposición pública, varias veces prorrogado hasta los años 60, con la finalidad de devolver lo incautado a sus legítimos dueños. Los objetos no reclamados – por incomparecencia o imposibilidad de demostración de la propiedad – acabarían repartidos por centros oficiales, museos e iglesias, donde aún se pueden encontrar una parte de ellos y sobre los que se sigue haciendo hoy un importante trabajo de identificación e investigación.

La incautación de los cuadros de la colección de Pedro Rico fue realizada por la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico. Si no le fueron devueltos por el Servicio franquista a su propietario al terminar la guerra fue por encontrarse éste en el exilio.