Libro: El juez que condenó a José Antonio, de Honorio Feito

 

“Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio”

de Honorio Feito (Periodista)

Editorial Actas, Madrid, Septiembre 2019

(Segunda edición ya a la venta)

El 12 de julio de 1959, el director general de Seguridad cursó un telegrama a las autoridades fronterizas españolas de Canfranc, por el que autorizaba la entrada en España, con visado de regreso, a Eduardo Iglesias Portal, magistrado del Tribunal Supremo, exiliado político. Con esta orden se puso fin a dieciocho años de exilio para el magistrado que había presidido el Tribunal Popular que, en noviembre de 1936, en la prisión de Alicante, había condenado a José Antonio Primo de Rivera a la pena de muerte, a su hermano Miguel a la de cadena perpetua y a la esposa de éste, Margarita Larios, a la pena de prisión de seis años y un día. El indulto por el que el director general de Seguridad cursó el citado telegrama había sido aprobado en el consejo de ministros celebrado en el Palacio de El Pardo el 27 de julio de 1956, presidido por el Generalísimo Francisco Franco, tras examinar el expediente presentado por el ministro falangista Blas Pérez, titular de Gobernación, que estaba avalado por los hermanos Pilar y Miguel Primo de Rivera, según un testigo presencial en aquel consejo, el Conde de Vallellano, ministro de Obras Públicas. Como una pirueta del destino, un ministro falangista y los hermanos del fundador de Falange Española, fueron los gestores del perdón y del regreso a casa del que había sido presidente del Tribunal Central de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo en la Segunda República, su último cargo, y presidente del tribunal que condenó a muerte a José Antonio.

UN JUEZ MEDIÁTICO

Un gran desconocido para los españoles a partir de su marcha, Eduardo Iglesias Portal (Luarca, Asturias, 1884- Aguilar de la Frontera, Córdoba, 1969), había sido un juez mediático, protagonizando media docena de casos que ocuparon páginas y más páginas en los periódicos de la época, incluso antes de llegar al Tribunal Supremo. Fue, sin duda alguna, el magistrado elegido, el favorito, el predilecto, el de preferencia de los responsables del Tribunal Supremo, del ministro de Justicia de turno, y del gusto del Gobierno del Frente Popular, para representar a la Justicia republicana en los más importantes casos que tuvieron lugar aquellos años. Recién ascendido a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el 1 de agosto de 1932, por decisión del ministro Álvaro de Albornoz, paisano y amigo personal, Iglesias Portal fue uno de los dos magistrados nombrados para instruir los dos sumarios por el golpe de Estado del general Sanjurjo. Mientras Dimas Camarero fue encargado del de los sucesos ocurridos en Sevilla y la actuación del propio general Sanjurjo y sus colaboradores, Iglesias Portal instruyó el sumario de los sucesos ocurridos en Madrid y Alcalá de Henares. Relativo a este segundo sumario se implicó a ochenta personas, entre militares y civiles, por el afán de los responsables de la Segunda República de incriminar a cuantos, aún sin responsabilidad directa en los hechos, ni demostrada, podían ser sospechosos de hostilidad al régimen republicano, y, además, el gobierno presidido por Manuel Azaña consiguió sacar adelante en Las Cortes un proyecto de ley, aprobado en agosto de aquel año de 1932, para confiscar todas las fincas rústicas y derechos reales pertenecientes a los implicados en los sucesos ocurridos el 10 de agosto, pero también se reservaba el Gobierno confeccionar una lista de personas, naturales o jurídicas, que, aún no habiendo sido sancionadas por los Tribunales, hayan prestado acatamiento o ayuda a los rebeldes. Un total de ciento cincuenta y seis personas, titulares de fincas rústicas, fueron incluidas en las listas y les fueron incautadas estas propiedades.

JUEZ ESPECIAL

En la madrugada del 13 de julio de 1936, un grupo de guardias de Asalto y algunos miembros de la llamada Motorizada, que cumplía labores de protección al socialista Indalecio Prieto, utilizando la camioneta-plataforma de la marca Hispano Suiza, propiedad del ministerio de la Gobernación, identificada con el número 17 y bajo las órdenes del teniente de la Guardia Civil Fernando Condés, tomando como escusa el asesinato del teniente de la Guardia de Asalto del Castillo, ocurrida la noche anterior, el comando se presentó en casa del líder de Renovación Española, José Calvo Sotelo, para secuestrarlo y asesinarlo de dos disparos a quema ropa en el propio vehículo, y abandonar su cadáver en las tapias del cementerio de La Almudena. El juez de guardia, titular del Juzgado número 3 de Madrid, Ursicino Gómez Carbajo, comenzó las diligencias previas consiguiendo en pocas horas grandes avances en la investigación: visitó el cementerio donde se encontraban los cadáveres de Calvo Sotelo y del teniente Castillo; el cuartel de Pontejos, sede de la Guardia de Asalto; localizó la camioneta-plataforma número 17 utilizada en el asesinato y los restos de sangre (a pesar de que había sido lavada en dos ocasiones para borrar pruebas), y tomó declaraciones al personal de servicio de Calvo Sotelo, al portero del domicilio y a varios guardias, consiguiendo identificar y aislar a algunos de los que horas antes habían participado en el secuestro y asesinato. Todo su trabajo se puede considerar impecable y rápido. Sin embargo, antes de acabar aquel día, el consejo de ministros acordó, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, nombrar a Iglesias Portal presidente del juzgado especial que debía hacerse cargo del sumario por el asesinato del líder de Renovación Española. Junto a Iglesias Portal, completaron aquel juzgado especial Pedro Pérez Alonso como oficial y Emilio Macarrón Fernández como secretario. El 25 de julio, recién comenzada la guerra civil, el sumario sería robado por un grupo de milicianos pertenecientes a la Motorizada. Según confesó Macarrón en la Causa General, la labor judicial, una vez iniciada la guerra civil, resultaba ya casi imposible, pues cualquier cita sobre el tema producía indignación y excitación en las gentes de la izquierda.

EL ABRAZO

En noviembre de 1936, Eduardo Iglesias Portal fue nombrado presidente del Tribunal Popular que condenó a muerte a José Antonio y a su hermano Miguel y a la esposa de éste, Margarita Larios, a cadena perpetua y a la pena de seis años de prisión, respectivamente. Iglesias Portal comunicó las sentencias tras lo cual, José Antonio Primo de Rivera, que actuaba como abogado defensor de sí mismo y de su hermano y cuñada, subió al estrado y abrazó al magistrado al tiempo que le dijo: «siento lo que por mí estás pasando». Este hecho insólito, que ha pasado desapercibido para los biógrafos de José Antonio, lo refieren las hijas del magistrado cuando, en diciembre de 1955, escriben desde México a Miguel Primo de Rivera, entonces embajador de España en Londres, pidiéndole que intercediera para que su padre pudiera regresar a España. La carta, dada a conocer parcialmente por José Luis Sáenz de Heredia en la revista Teresa, fue la primera de una relación epistolar entre las dos familias, de las cuales conocemos una completa en la que se pone de manifiesto la intención de Miguel Primo de Rivera de colaborar con el regreso de Iglesias Portal: «El nuevo Estado español ha sabido demostrar que es generoso y cristiano, además de comprensivo, al juzgar y perdonar a muchos de los que fueron o pudieron ser considerados enemigos de nuestra Causa, como ocurre en el caso de su padre… Me consta que en circunstancias normales y obrando según los dictados de su conciencia, el magistrado don Eduardo Iglesias Portal jamás hubiese sido directamente responsable de una sentencia dictada contra José Antonio…».