Juan Chicharro Ortega
General de División de Infantería de Marina ( R )
Presidente Ejecutivo de la FNFF
Recojo de un artículo de esta mañana en El Debate una frase atribuida al comunista francés André Gide : “todo está dicho, pero como casi nadie escucha, conviene repetirlo una y otra vez”. En estos momentos el Gobierno socialista comunista que gobierna España se desespera por extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco. Su afán totalitario no tiene parangón. En la vida pública española hay debates que, lejos de resolverse con argumentos, se enquistan en trincheras ideológicas donde cada cual reafirma lo que ya pensaba. Uno de ellos es el relativo a la memoria histórica y, en concreto, al papel de determinadas instituciones vinculadas al pasado reciente. La polémica en torno a la posible extinción de la Fundación Francisco Franco es un ejemplo claro de ello.
Quienes se oponen a su continuidad interpretan su existencia como una anomalía democrática, una suerte de vestigio de un régimen autoritario que no debería tener cabida en la España actual. Desde esa perspectiva, la intervención del Estado se presenta como un acto de justicia histórica, un intento de cerrar heridas y de evitar la difusión de relatos que consideran parciales o justificativos de una dictadura. Curiosa concepción de ideas toda vez que al mismo tiempo propicia y subvenciona con los impuestos de todos los españoles innumerables otras fundaciones de sesgo marxista, separatista y supremacista.
Sin embargo, desde el otro lado del debate se percibe una deriva preocupante. Se interpreta la iniciativa como un gesto de carácter ideológico que busca imponer una visión única del pasado, limitando la pluralidad de interpretaciones históricas. En ese marco, la decisión de extinguir la Fundación no sería tanto una cuestión administrativa o legal, sino un síntoma de una tendencia más amplia: la voluntad de controlar el relato histórico desde el poder político.
Los que defendemos la Fundación argumentamos que su propósito es precisamente el de ofrecer una interpretación concreta de una etapa de la historia de España, con la que se podrá estar de acuerdo o no, pero que forma parte del debate historiográfico. Sostenemos que eliminarla no hará desaparecer el pasado, sino que contribuirá a empobrecer la discusión pública, sustituyendo el contraste de ideas por la imposición de una narrativa oficial, totalitaria, sectaria y marxista.
En ese sentido, comparamos su situación con una resistencia casi simbólica que nos recuerda a la de los galos en Petibonum tal como reflejaron Goscinny y Uderzo en las aventuras de Asterix: una pequeña entidad que se considera asediada frente a un aparato institucional mucho mayor. Más allá de la metáfora, lo que subyace es una preocupación por los límites de la libertad de expresión y de asociación en una democracia consolidada, precisamente los derechos fundamentales que se definen en la Constitución Española.
Otro de los puntos clave del debate gira en torno a la interpretación del legado histórico del franquismo, especialmente en lo relativo a la transición política. Hay quienes sostienen – sostenemos – que el periodo final del régimen sentó las bases socioeconómicas que facilitaron el posterior cambio hacia la democracia, incluyendo la restauración de la monarquía. Sí, la monarquía que vino de la mano de Franco. De quien si no. Caída del cielo seguro que no. Desde esta óptica, consideran – consideramos – simplista borrar o demonizar en bloque una etapa compleja, sin matices ni análisis contextual.
En el fondo, el conflicto no es solo sobre una fundación concreta, sino sobre cómo una sociedad democrática gestiona su pasado. ¿Debe el Estado intervenir para delimitar qué versiones de la historia son aceptables? ¿O debe garantizar un marco en el que convivan interpretaciones diversas, incluso aquellas que resultan incómodas o controvertidas?
Además, algunos críticos de la medida, y que nos oponemos a ella, llevamos desde el año 2007 , año en el que se promulgó la Ley de Memoria Histórica, advirtiendo de posibles consecuencias a largo plazo. Creemos que abrir la puerta a la disolución de entidades por motivos ideológicos pueda sentar precedentes que, en el futuro, se utilicen contra otras organizaciones con diferentes orientaciones políticas o culturales. Desde esta perspectiva, la cuestión trasciende el caso concreto y afecta a principios más amplios del sistema democrático.
Por otro lado, quienes apoyan la extinción insisten en que no se trata de censurar el debate histórico, sino de evitar la legitimación institucional de una dictadura. Argumentan que una democracia tiene derecho a defenderse frente a discursos que puedan socavar sus valores fundamentales. Supongo que se refieren a su anhelo de una democracia totalitaria y marxista. Así, sí que se entiende todo.
El debate sigue abierto, marcado por la tensión entre memoria, libertad y poder político. Quizá la clave no esté en silenciar unas voces u otras, sino en fomentar una cultura crítica que permita a los ciudadanos formarse su propia opinión a partir de múltiples fuentes. Porque, al fin y al cabo, repetir las cosas cien veces puede servir de poco si no existe una verdadera disposición a escuchar y comprender.
En cualquier caso, finalizado el proceso administrativo que ha llevado a cabo el Gobierno para reclamar la extinción de la FNFF, comienza ahora la batalla en los tribunales y no tenemos duda alguna de que la justicia nos dará la razón siempre y cuando en España perviva la vigencia de la Constitución Española y el estado de derecho.
Y si no fuera así, Dios se apiade de España pues la vía socialista comunista que ocupa el poder habría conseguido parte de sus objetivos. Y como de lo que se trata es borrar de la historia a Franco y su régimen, el siguiente paso será la abolición de la monarquía heredera del legado de Franco. ¿O no fue así ?