Jaime Alonso
Abogado
Cuando Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes anarquistas italianos, fueron ejecutados en 1927 en Estados Unidos, tras un polémico juicio preñado de prejuicios políticos y xenófobos, por su violenta defensa del salario de los trabajadores con asesinato a tiros y robo de unas nóminas de más de 15.000 $incluido, no podían imaginar que un siglo después el movimiento obrero se hubiera convertido en una farsa grotesca al servicio de unos intereses políticos bien remunerados.
Sacco, trabajaba en una fábrica de calzado y, Vanzetti, en la venta ambulante de pescado. Hoy, nuestros sindicalistas figuran en nóminas del estado o de empresas privadas y reciben cuantiosas subvenciones pagadas con nuestros impuestos, pero no han realizado un trabajo productivo que justifique el salario, en su vida. Ambos anarquistas fueron rehabilitados y el juicio de la historia los sitúa como iniciadores del movimiento obrero, rehabilitando la razón de su sacrificio.
Cuando la historia se refiera al sindicalismo español desde 1978 a 2026, será motivo de vergüenza para cualquier trabajador, por cuenta propia o ajena, autónomo o empresario, que conozca el papel determinante en la corrupción sistémica del sector productivo de estos lacayos, serviles correas de transmisión del partido e ideología que los subvenciona.
Así pues, en estos envidiables días del “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, los sindicatos deciden hacer una huelga general contra una oposición incapaz de atender o negociar sus demandas, mediando el chantaje, la coacción y la violencia contra cualquiera que desee ejercer libremente su derecho a trabajar. Todo ello instrumentalizado por un gobierno en período preelectoral, como formula para movilizar a un electorado que suponen emocional, incapaz de discernimiento y abducido por la mentira. ¡Les saldrá mal!
Pero, con ser lo anterior especialmente grave, y preocupante la permisividad contemplativa de la sociedad civil en su conjunto, el mayor abuso de derecho de la huelga general planteada está en las lagunas legales existentes en nuestro ordenamiento jurídico que permiten que la arbitrariedad y la violencia se imponga sobre la libertad y el derecho al trabajo. Me explico, no existe, después de casi cincuenta años de democracia formal, una Ley de Huelga como tal, donde se regulen las causas, limites materiales y formales, salvaguarda de los derechos en colisión y de los intereses generales de los españoles. Segundo, se ha suprimido del código penal la tipificación sancionadora a los abusos delictuales que los piquetes informativos imponen, contra un derecho primigenio, a quienes no desean sumarse a la huelga.
Existen tres tipos de sindicalismo en España. Uno, el sindicalismo del Estado, en el cual los sindicatos son organizaciones gubernamentales que viven de los presupuestos generales del estado y subvenciones publicas, solapando sus fines con los intereses del gobierno de turno por razones ideológicas y de conveniencia política. Dos, el sindicalismo contra el Estado, los sindicatos cambian de misión e instrucciones cuando cambia el partido del gobierno. Deja de existir la afinidad ideológica y comienza el sindicalismo a convertirse en instrumento revolucionario contra el nuevo gobierno establecido. Ahora, todo será reivindicaciones, protestas y huelgas, con un único propósito: la vuelta al pasado y la imposibilidad de alternancia. Tres, el sindicalismo en el Estado, ensayado con éxito en el anterior régimen. Aquí el Sindicato es una Institución más de la sociedad civil que la vivifica, engrandece y contribuye a su desarrollo. Participa en la producción normativa de las leyes y vela por el eficaz cumplimiento de la justicia social.
La distopía sindical, una más de las producidas en esta singular partitocracia, deviene del desconocimiento de la realidad de nuestra historia reciente y de la connivencia suicida de dejar que se enquisten los problemas hasta trasladarlos al que venga detrás. Contemplo la escenografía sindical como algo coactivo y violento; de relato demagógico y visceral; de evidente irracionalidad emocional motivadora; de creciente indisciplina y contumacia en el error.
Al comparar el sindicalismo existente en el anterior régimen, la era de Franco, vemos la coherencia de su filosofía político social y el resultado obtenido. Los trabajadores, como tales, estaban representados en el parlamento español, un tercio, participando en la elaboración y aprobación de las leyes. El sindicalismo al no ser político, ni de clase, no necesitaba la huelga, pero ello no impedía al trabajador defender sus derechos de posibles abusos. Por ello y para resolver los conflictos existentes se crearon las Magistraturas de Trabajo, tribunales especiales que resolvían con rapidez y eficacia todas las controversias reivindicativas laborales, individuales o colectivas.
Así pudieron los trabajadores ir aumentando paulatinamente sus ingresos, formar un hogar y adquirir una vivienda, en una paz social que favorecía la industrialización del país, el reparto de la riqueza y el progreso general de los españoles, convertidos, en veinte años, en la 8ª potencia industrial del mundo, convergiendo con Europa.
Por el contrario, el sindicalismo que vive de la subvención de nuestros impuestos, que tienen unos 320.882 liberados sindicales que pagan las empresas; que ayer hizo huelga general contra el tejido productivo español, contra los salarios de los trabajadores, contra el poder adquisitivo de los autónomos, han sido condenados por innumerables actos de corrupción (40 millones € de la Comunidad Europea para cursos de formación); ocupan cientos de edificios públicos; reciben casi 100 millones destinados a rehabilitar el patrimonio sindical que les cede Felipe González, mediante Ley 4/1986. Comprende los bienes, derechos y obligaciones generados por la antigua Organización Sindical (sindicato vertical) durante el Régimen de Franco.
El Estado asumió la titularidad de estos inmuebles y los cedió en régimen de uso gratuito (no en propiedad) a los sindicatos CCOO y UGT y a las asociaciones empresariales para el cumplimiento de sus funciones. Ya va siendo hora de que estos bufones inmorales de una democracia degenerada rindan cuentas al pueblo soberano español, y devuelvan todo lo expoliado por la política y el sindicalismo de clase.