El franquismo lideró la mayor reforestación de España: más de tres millones de hectáreas entre 1940 y 1975

España perdió millones de hectáreas de bosque en el XIX y tardó dos siglos en recuperarlas

Antonio Flores

El cambio de dinastía en el año 1700 encontró nuestros bosques en una penosa situación. Ante las demandas de las Cortes de Castilla, Felipe V ordenó una reforestación rápida y tomó algunas medidas proteccionistas, como la Ordenanza de 1719 para la defensa del pinsapar de la Sierra de Grazalema, que salvó esta importante reliquia forestal.

Fernando VI dispuso que la Marina se hiciese cargo de algunos montes próximos al mar y a los ríos navegables. Esta medida tuvo efectos globalmente beneficiosos, pues la Marina se hizo responsable de realizar una gestión racional. Se comprometía a plantar tres árboles por cada uno cortado y a marcar los árboles cuya tala estaba prohibida. Se acusó a la Marina de la deforestación de algunas zonas, pero la historiografía especializada ha demostrado la falsedad de dicha acusación.

Es más, se contribuyó a salvar bosques irreemplazables, como los robles gigantes del valle de Hormoier, en el Pirineo catalán.Se promulgaron diversas ordenanzas para «el aumento y conservación de los bosques», se instituyó la figura del guardabosques y se reforzaron las penas a los pastores responsables de quemar el monte. El resultado permitió mejorar sensiblemente la situación. Hacia el final de siglo, se estima que existía una extensión algo superior a los diez millones de hectáreas.

El siglo XIX, en cambio, fue catastrófico. Se acumularon las agresiones experimentadas por los sufridos bosques: el crecimiento de la población y su demanda de madera, la urbanización, los ferrocarriles y el desarrollo industrial. Pero lo peor fue la desregulación impuesta por los gobiernos liberales.

Se ha acusado, y con razón, a las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz de haber sido responsables de la terrible deforestación que sufrió España. Las estimaciones generalmente aceptadas consideran fiable la cifra de cinco millones de hectáreas subastadas, más o menos la mitad de las existentes a principios de siglo. Sobre todo, Madoz se cebó en los bosques comunales de los pueblos, con terribles consecuencias medioambientales y sociales.

La transmisión de la propiedad pudo haberse realizado con limitaciones técnicas y legales para los nuevos propietarios. No se hizo así. La iniciativa privada recibió un poder irrestricto sobre aquel valioso patrimonio. En muy pocos casos el nuevo propietario hizo una gestión acorde con criterios técnicos. Se produjeron muchas roturaciones totales a la búsqueda de un beneficio inmediato. También se multiplicaron los incendios provocados como protesta social.

Los bosques españoles quedaron reducidos a menos de seis millones de hectáreas, la menor dimensión de nuestra historia. La Escuela de Ingenieros de Montes, creada en 1848, y el correspondiente cuerpo de ingenieros se convirtieron en adalides de la defensa de los bosques. Una gran parte de lo que se conservó se debió a su labor en el siglo XIX.

Fueron ellos, prácticamente los únicos, quienes, al promulgarse la desamortización, denunciaron que los montes públicos estratégicos pudiesen pasar al dominio de particulares sin ningún control, por los riesgos que supondría para las escorrentías, los suelos y la agricultura del país.

Sus demandas fueron recogidas por los regeneracionistas, que incluyeron en su programa la defensa y recuperación de los montes. Su influencia empezó a percibirse hacia el final de siglo con las primeras medidas protectoras, especialmente la política de ordenación de montes, bien intencionada pero con escasos resultados. Entre 1877 y 1933 solo se habían ordenado poco más de 500.000 hectáreas.

La etapa franquista significó un antes y un después. Las políticas forestales del periodo 1940–1975 fueron, en cierta forma, la puesta en práctica de las demandas regeneracionistas. La recuperación de los bosques se convirtió en un objetivo nacional, al que se dedicaron ingentes recursos a partir de 1940, con la promulgación del Plan General de Repoblación Forestal.

Los resultados están a la vista. Curiosamente, el primer Inventario Forestal Nacional concluyó sus trabajos en 1975. Los resultados crearon cierta sorpresa en los círculos ecologistas, porque la superficie de los bosques españoles se había elevado hasta los 11,8 millones de hectáreas.

Era un digno colofón a 35 años de esfuerzos, durante los que se habían repoblado por la Administración más de tres millones de hectáreas, además de otras superficies repobladas por la iniciativa privada. El esfuerzo español gozó de amplio reconocimiento internacional: la FAO celebró en Madrid el Congreso Forestal Mundial de 1966.

La política forestal se modernizó con la creación del Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), que amplió los objetivos de la acción pública a la defensa y conservación del medio ambiente. El ICONA puso especial énfasis en la lucha contra los incendios forestales, convirtiéndose en un referente internacional al respecto.

La transición supuso inicialmente un retroceso en la protección de nuestros bosques. La desaparición del ICONA y la transmisión apresurada de sus competencias a las comunidades autónomas tuvieron penosas consecuencias. Entre 1981 y 1994 ardieron nada menos que dos millones de hectáreas, más del triple de las que se quemaban anualmente en el periodo anterior.

Los esfuerzos realizados con posterioridad revirtieron la situación y hoy España puede presumir de más de 19 millones de hectáreas de superficie arbolada, según el último anuario estadístico del MITECO.