Jaime Alonso
Sostenía el magistral Gonzalo Fernández de la Mora, uno de los intelectuales mas solidos del siglo XX español, que “la función critica, como la judicial, supone una larga y laboriosa serie de momentos intelectuales; pero su fin es siempre la Sentencia”. Aquí y ahora pretenderé ejercer la función critica sobre quiénes se han prevalido de su función jurisdiccional para otorgarse y gozar de notoriedad, poder, privilegios y fortuna, saciando su egolatría versus resentimiento: Conde Pumpido y Baltasar Garzón. Uno, apartado por la justicia, el otro, salvado por la jubilación. Ambos, en la reserva activa del tráfico de influencias remunerado.
Sus resoluciones, más o menos fundadas, han sido el paradigma del servilismo político y la chapuza. Sus fundamentos jurídicos derivan del subjetivismo procedimental, consecuencia de convicciones absolutamente comprometidas con el artificio gubernativo contrario al estado de derecho. Ambos han creado un derecho imaginativo reconociendo delitos políticos para perseguir al discrepante o favorecer al afín, pervirtiendo el estado de derecho; deslegitimado la Constitución y el poder judicial; supeditando la ley a la acción política y enalteciendo el poder sin control.
La mayor perversión de la justicia, como verdad razonada de unos hechos, acorde a unos fundamentos legales que siguen un procedimiento, es la falta de imparcialidad. Ello nos lleva a la arbitrariedad de lo conveniente, según el dictado de quien instrumenta sus fines para justificar todos los medios. Lo que hace inviable la convivencia, la seguridad jurídica, la igualdad de todos los ciudadanos y la libertad.
La apelación a la “justicia del pueblo” es, desde la revolución francesa, el nutriente más eficaz en un proceso revolucionario. Los jacobinos primero, los socialistas y comunistas después, y, en la actualidad, el amplio espectro del falsario progresismo, heredando los totalitarismos de antaño, con idéntica concepción del hombre, la sociedad y del Estado, volvemos al paraíso dónde perder toda esperanza.
Con la partitocracia instaurada desde 1983, el poder ejecutivo elige, promociona y dota el presupuesto del poder judicial. Sólo era cuestión de tiempo el que llegara al poder un joven maquiavélico sin escrúpulos, amoral, profesional del enredo, desconocedor de todo principio que no sea mantenerse en el poder, con un revisionismo radical y sectario del sustantivo España, desde su raíz, a la transición política acaecida a la muerte de Franco.
Para los iluminatis del cultivado equipo socialista, la II República fue una idílica democracia, punto de partida y anhelo del actual régimen. No quieren conocer los orígenes de la guerra civil y el papel, determinante, del Partido Socialista en la misma. El negacionismo alcanza a lo que pensaron y escribieron de la Republica sus promotores como Marañón, Ortega, Pérez de Ayala o el propio Azaña. Lo que cuenta es su relato, impuesto por ley, perseguidor de toda discrepancia y el borrado de la historia en todos los pueblos, calles y plazas de España.
El negacionismo lógico que alcance a los horrores y crímenes cometidos por las milicias populares; las “checas”, “paseos” y “sacas” a imagen y semejanza de la Rusia de Stalin; el golpismo de octubre de 1934 en Asturias; el genocidio de Paracuellos del Jarama o el asesinato de Calvo Sotelo a manos de Guardias de Asalto al mando del jefe de la escolta de Indalecio Prieto.
No se habrían promulgado, ni estarían en vigor, ninguna de las dos leyes memorialista si tuviéramos una clase política a la altura de sus antecesores, precursores del bien común y los intereses generales; y un poder judicial independiente, celoso de su rigor trascendente y valiente frente al poder político, no subordinado a sus apetencias. Tampoco se habría profanado la tumba del anterior Jefe de Estado, de una Basílica Pontificia, sin la connivencia de quienes dictaron unas resoluciones apartándose del procedimiento establecido, de los hechos que se enjuiciaron y de la ley que debía aplicarse, “a sabiendas” o, con una “ignorancia inexcusable”.
Sí convenimos con Kant en que “El Tribunal del hombre es su conciencia”, deseo recuperen, ambos, la consciencia de sus actos, ya que el fin justificó los medios en sus arbitrarias conductas. Y de cara al futuro, mi deseo de que “los Jueces no puedan sostener su apartamiento de las normas imperativas de nuestro ordenamiento, alegando la bondad de sus fines o intenciones subjetivas, en el dictado de Resoluciones que contravengan de manera clara y flagrante incluso los principios más básicos de nuestro ordenamiento jurídico”.
La adscripción de estos Jueces a unas posiciones, ajenas a los ámbitos del derecho aplicable en nuestro país, les suscitan adhesiones personales y resultan útiles para fundar, sobre ellas, las Resoluciones que persiguen los fines deseados del poder. Pocas veces se habrá visto más claro lo que es el manto del prevaricador, que cuando un Juez elige aquellos criterios que se alinean con la voluntad del que lo elige, para justificar, con ellos, el incumplimiento del mandato de la norma que le vincula.