Juan Chicharro Ortega
General de División de Infantería de Marina (R)
Presidente Ejecutivo de la Fundación Nacional Francisco Franco
Mientras el mundo atraviesa una de las etapas más convulsas desde el final de la Guerra Fría, España parece mirar, una vez más, en otra dirección. El escenario internacional actual está marcado por lo que numerosos analistas describen como una tercera guerra mundial no declarada: una guerra híbrida, fragmentada, sin frentes definidos, en la que las grandes potencias compiten por influencia mediante conflictos indirectos, presión económica, control energético, ciberataques, desinformación y choques geopolíticos localizados. No hay declaraciones formales de guerra, pero sí una confrontación constante y global por el poder y el futuro del orden internacional.
En este contexto de inestabilidad creciente, Europa debate su papel, redefine su seguridad y trata de adaptarse a un mundo cada vez más hostil y competitivo. Sin embargo, en España, buena parte del debate político y mediático continúa girando en torno a un conflicto interno ocurrido hace casi un siglo: la Guerra Civil y sus consecuencias. Una guerra que terminó militarmente en 1939, pero que parece seguir librándose de forma simbólica, política y emocional en pleno siglo XXI.
Este contraste resulta llamativo. Mientras el mundo avanza hacia una reorganización profunda de alianzas, bloques económicos y esferas de influencia, España parece atrapada en una discusión recurrente sobre su pasado, reviviendo viejas trincheras ideológicas y alimentando una polarización que recuerda más a una guerra civil latente que a un debate orientado al futuro. El problema no es la memoria histórica en sí, sino la incapacidad de convertirla en un ejercicio de cierre y aprendizaje compartido, en lugar de un arma arrojadiza.
Para el Gobierno social comunista del Sr. Sánchez revisitar la Guerra Civil y el franquismo responde a una estrategia política que busca en la división y el enfrentamiento entre españoles obtener réditos que le permitan mantenerse en el poder reabriendo heridas, simplificando la historia y dividiendo artificialmente a la sociedad en bandos irreconciliables, desviando la atención de los retos reales del presente.
España enfrenta problemas estructurales de enorme calado: una baja productividad crónica, un mercado laboral frágil, un envejecimiento acelerado de la población, una natalidad en mínimos históricos, un acceso a la vivienda cada vez más difícil para los jóvenes, un sistema educativo con resultados desiguales y una posición internacional que, pese a su potencial, carece de una estrategia clara a largo plazo. A ello se suma un contexto internacional en el que la seguridad, la energía, la tecnología y la soberanía industrial vuelven a ser prioridades absolutas.
Sin embargo, el debate público parece con frecuencia dominado por una lógica emocional, identitaria y retrospectiva. Se legisla y se discute más sobre cómo interpretar el pasado que sobre cómo competir en un mundo donde la inteligencia artificial, la autonomía energética, la defensa común y la resiliencia económica marcarán el destino de las naciones. En lugar de una política de Estado que piense en décadas, se impone una política de trinchera que piensa en titulares y ciclos electorales.
Esta dinámica tiene un coste. La polarización constante erosiona la confianza social, debilita las instituciones y dificulta la construcción de consensos amplios. Recordar no tiene por qué significar dividir, pero para ello es imprescindible un relato integrador y una voluntad real de mirar hacia adelante. En España, sin embargo, el pasado se utiliza con demasiada frecuencia como instrumento de confrontación, no como base para un proyecto común.
Mientras tanto, el mundo no espera. Las grandes potencias defienden sus intereses sin complejos, amplían sus zonas de influencia y preparan sus economías y sociedades para un escenario de competencia permanente. En este tablero global, los países que no definen con claridad sus prioridades corren el riesgo de convertirse en actores secundarios, más preocupados por sus disputas internas que por su posición estratégica.
España no debe ser, una vez más, una excepción histórica ni estar condenada a repetir eternamente sus divisiones. ¡Ya está bien! Hay que acabar con esta política que revive el pasado para movilizar emociones, aun a costa de fracturar la convivencia.
Recordar es necesario. Aprender del pasado, imprescindible. Pero vivir permanentemente enfrentados por él es un lujo que España no puede permitirse en un mundo cada vez más incierto. La verdadera pregunta no es si debemos mirar atrás, sino cuánto tiempo más vamos a hacerlo sin perder de vista lo que ocurre delante. Porque mientras aquí seguimos discutiendo sobre una guerra de hace casi cien años, el resto del mundo ya está librando las guerras del futuro.
Y es aquí donde puede servir a modo de ejemplo lo que está sucediendo con la Fundación Nacional Francisco Franco, en estos momentos embebida en una lucha desigual por su supervivencia en una batalla que va más allá de la Fundación porque en realidad, la Fundación Franco es un símbolo y que está enfrascada en un debate que pugna por el relato histórico, por la disputa sobre los límites del Estado en la regulación de la memoria y que no es más que el reflejo de la polarización política actual.
La Fundación Franco lucha por su existencia porque entiende que su disolución no es solo un ataque a una entidad concreta, sino un precedente que afecta esencialmente a derechos fundamentales plasmados en la Constitución Española.
No es solo un debate sobre Franco, sino sobre qué tipo de democracia quiere ser España y cómo gestiona su pasado sin comprometer sus libertades presentes.
La situación en este mundo confuso en el que nos encontramos evoluciona y cambia día a día; sin embargo, España fiel a su desgraciada historia caínita se desentiende y gran parte del debate político parece haberse estancado en un reciente pasado. España o sus nefastos dirigentes políticos?