Juan Chicharro Ortega
Presidente ejecutivo de la FNFF
El Gobierno socialista se mantiene en el poder en España, sin haber ganado las elecciones, gracias al apoyo incondicional de formaciones comunistas y separatistas. Esta coalición ha convertido la reescritura de la historia reciente en uno de sus principales objetivos políticos. Desde hace años, el Ejecutivo impulsa una campaña sistemática para borrar del espacio público cualquier símbolo civil o religioso vinculado al régimen del General Francisco Franco. Plazas, calles, monumentos y cruces han sido eliminados o rebautizados bajo el pretexto de “memoria democrática”. Sin embargo, dos bastiones simbólicos resisten aún: el Valle de los Caídos y la Fundación Nacional Francisco Franco. Su mera existencia se ha convertido en una espina clavada para un proyecto ideológico que no tolera disonancias.
Esta estrategia recuerda inevitablemente la distopía descrita por George Orwell en 1984. En la novela, el Partido controla la realidad a través del Ministerio de la Verdad (Minitrue), cuya función principal no es informar, sino falsificar sistemáticamente el pasado. Como afirma el eslogan del Partido: “Quien controla el pasado controla el futuro: quien controla el presente controla el pasado”. El Gobierno actual parece aplicar la misma lógica: quien domina la narrativa histórica actual puede reescribir el franquismo a su conveniencia y, con ello, moldear el futuro político de España.
La táctica empleada es clásicamente marxista y perfectamente orwelliana: la mentira repetida hasta la saciedad hasta convertirla en verdad asumida por la mayoría. En 1984, Orwell describe con precisión cómo “si todos aceptaban la mentira impuesta por el Partido —si todos los registros contaban la misma historia— entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad”. Exactamente eso ocurre hoy: la Guerra Civil se reduce a un relato maniqueo, la posguerra se presenta como mera represión sin contexto de reconstrucción nacional, y el desarrollo económico de los años 60 y 70 se minimiza o ignora. Cualquier documento, testimonio o estudio que no encaje en este guion es descalificado de antemano como “franquista” o “revisionista”.
Frente a esta maquinaria propagandística, grupos minoritarios pero firmes en sus convicciones mantienen viva la defensa de la verdad histórica. El poder, consciente de que no puede doblegarlos con argumentos, recurre a la coerción legal. Las leyes de memoria actúan como una versión moderna de los “agujeros de la memoria” (memory holes) de Orwell, donde toda opinión que se oponga a la versión oficial de la historia debe desaparecer.
Ahora, esa misma lógica se dirige contra la Fundación Nacional Francisco Franco. La institución mantiene la defensa de un legado que ofrece una visión alternativa —y en muchos casos incómoda— del periodo. El Gobierno y sus socios no refutan ese legado con datos o investigaciones rigurosas. Simplemente los descalifica por oponerse al relato oficial. “No es cierta esa versión de la historia”, repiten, como si la verdad dependiera de la alineación ideológica y no de la evidencia. Esta obsesión revela el objetivo real: extinguir la Fundación y hacerse con sus fondos y patrimonio, tal como ha expresado recientemente el Sr. Urtasun, Ministro de Cultura, en una reciente intervención el pasado día 14 de abril. Eliminar la última institución que mantiene viva la memoria no oficializada equivale a cerrar el círculo totalitario. Y respecto a la gran cruz del Valle de los Caídos no hay duda que es objetivo claro de derribo, ya pueden decir lo que quieran, esa es su obsesión.
Orwell advertía que el totalitarismo no se conforma con dominar el presente: necesita reescribir constantemente el pasado para mantener su legitimidad. Mientras el Valle de los Caídos sigue siendo objeto de polémicas legislativas y la Fundación Franco es blanco de ataques constantes, el mensaje es claro: solo cabe una versión del pasado, la que dicta el poder. El resto debe desaparecer.
La resistencia, aunque minoritaria, demuestra que la verdad histórica no se somete fácilmente a decretos ni a mayorías coyunturales. Mientras existan voces que exijan rigor documental por encima de consignas partidistas, el intento de borrar la historia de España seguirá encontrando obstáculos. El socialismo puede aprobar leyes y cambiar nombres de calles, pero no puede borrar la memoria de un pueblo que debe resistirse a ser reprogramado. Como en 1984, la batalla final se libra en la defensa de los hechos frente a la mentira institucionalizada. La Fundación Franco no es solo una simple fundación : es el último símbolo de que la historia no se escribe solo con decretos, sino también con documentos y con la voluntad de quienes se atreven a defenderlos.
Y termino con palabras del Caudillo Franco : “ Ellos lo tienen todo, nosotros tenemos la razón y la fe en Dios” .