Jaime Alonso
El enunciado del termino aporía, que expresa una inviabilidad de orden racional, es lo que engendran las dos leyes memorialistas, ninguna de ellas histórica y, menos aún, democrática. Los griegos llamaban “aporía” a una situación de incertidumbre, perplejidad, apuro y duda ante una cuestión de apariencia insoluble. En las leyes memorialistas las aporías son de orden filosófico, político, racional y jurídico. Representan una contradicción o paradoja, evidente; un desorden moral, mental y existencial, palmario; un maniqueísmo inaceptable en una sociedad libre y culta.
Creadas desde un poder disruptor, como ingeniería social fragmentada, resulta incomprensible que la más alta magistratura de la Nación, la oposición del PP, y la élite social ilustrada, las acepte. Veremos si la justicia puede refrendarla, al tratarse de una ley que ataca los fundamentos de la Constitución, atenta a la convivencia, a la verdad informada sobre nuestra historia reciente, a la libertad de opinión y cátedra, y al pluralismo político.
Los hechos son incontrovertibles, ocurrieron en un amplio contexto histórico/vital de una generación de españoles y admiten las interpretaciones que se quieran, incluso el relato falsificado, pero no la modificación de esos hechos, ya irreversibles. Las dos leyes memorialistas están montadas sobre cuatro aporías radicales que ponen en almoneda la continuidad histórica de España: a) proscriben el régimen anterior, negando que seamos causa de él. b) lo juzgan en total indefensión. c) le hacen responsable de todo lo malo ocurrido en el pasado, trasladándolo al presente como real, condicionando el futuro en base a esa dialéctica falsa. d) No encajan en el ámbito europeo.
La encrucijada de intereses políticos que sustentan esas aporías conceptuales, amenaza nuestra paz social y la continuidad histórica de la Nación, nada menos. De su inaplicación depende nuestro futuro, o la vuelta a un pasado aún no escrito. Porque hemos dado a una autoridad irresponsable, ideologizada y vengativa la potestad de definir, juzgar y sancionar la historia más reciente de España, saldada en 1939 y refrendada en 1975/78.
La primera gran aporía es la de pretender ganar la guerra civil con noventa años de retraso, mediante el relato de unos hechos como querrían que hubieran sido, no como realmente fueron. Asunto de ficción literaria ya tratado en el personaje galdosiano Juan Santiuste, finalmente convertido en Confusio, dada su propensión a la fantasía. Hoy los memorialistas están en idéntica dinámica. Y acabarán igual, enloquecidos.
La segunda aporía viene dada porque en la contienda, guerra civil, iniciada el 18 de julio de 1936, intentan convencer de que se confrontaba una democracia, frente a unos militares golpistas dispuestos a destruirla. Los hechos no se compadecen con el relato. De ahí la necesidad de imponer, ese relato impostado, mediante Ley, con cartera ministerial incluida. Especialmente grave resulta el que esa paranoia colectiva que pretenden inocularnos, viene precedida de una burocracia que sale de nuestros impuestos, con propósito indemnizatorio hacia quienes se consideren victimas del franquismo.
El testimonio histórico de lo afirmado por Largo Caballero nos ilustra: “La democracia es sólo el primer paso hacia la dictadura del proletariado. No creemos en una democracia que perpetúe el dominio de una clase sobre otra” “La clase trabajadora no puede conformarse con lo que nos da esta República burguesa. Debemos destruir este sistema para construir una verdadera sociedad socialista” “Si no nos permiten conquistar el poder por los votos, lo haremos por la violencia” “La revolución no se hace con palabras, sino con sangre y con fuego” “Si la derecha gana las elecciones, tendremos que ir a la guerra civil. No permitiremos que sigan gobernando contra la clase trabajadora” “Nuestra misión no es mantener esta democracia burguesa, sino destruirla para construir el socialismo”. El Fiscal General del Estado D. Marcelino Martin Gamazo y sus tres hijos pudieron atestiguar que iba en serio. Lo que no pueden es acogerse a ninguna ley memorialista por ser, la represión, de los antecesores de los actuales frente populistas.
La tercera aporía tiene que ver con el encaje jurídico que las leyes memorialistas pudieran tener en la actual Constitución. Dado que se proponen la construcción gradual de un marco interpretativo del pasado, acorde a sus conveniencias políticas, la consecuencia de su aplicación sería la ruptura de la transición política, de la Ley a la Ley, y el fin de la monarquía que sustituyó a Franco. El choque frontal con el actual ordenamiento jurídico sería evidente, no sólo en la forma del Estado, si no también en lo referente a los fundamentos de la actual democracia: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Nada importará al nuevo y pertinaz constructo, la evidencia de que el sistema actual proviene del régimen de Franco mediante reforma, y no por ruptura; con la Ley para la Reforma Política y posterior Referéndum. Cualquier salto al vacío nos conduciría a algo peor de lo que fueron las dos republicas anteriores.
La cuarta aporía consistirá en aplicar una ley totalitaria, en una democracia liberal. La propia Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2024, sobre la conciencia histórica europea lo impide, al señalar: “la memoria histórica lleva un claro grado de subjetividad, dado que la elección de qué recordar y cómo se interpreta el pasado implica necesariamente juicios de valor”. Igualmente se indica que “abordar el pasado requiere la máxima imparcialidad y objetividad tanto en la erudición histórica como en el ámbito político” y que “la historia nunca debe relativizarse, distorsionarse o falsificarse con fines políticos”.
Por ello, su encaje constitucional en un estado de derecho riguroso, solo podrán intentarlo, los afines a utilizar las togas de la prevaricación para alfombrar el camino.