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José Javier Esparza
Dijo el diputado Mariscal en el Congreso que el franquismo fue un período de progreso económico y social. Contestóle después el ministro Torres con un apretado repertorio del catecismo memoristérico: que si la represión sobre los homosexuales y las mujeres, que si el exterminio de la oposición, etc. Pero la guinda la puso la presidente del Congreso, Francina Armengol, al ordenar que las palabras de Mariscal se suprimieran del Diario de Sesiones. Esto último es lo más relevante de todo: la decisión política de censurar unas palabras en las Cortes por «apología del franquismo e incitación al odio». La prohibición, el tabú, hace que pasemos de lo político a lo religioso y, por tanto, de la disidencia a la blasfemia. Es asombroso que hayamos llegado a esto.
Vamos a lo esencial. ¿Fue la era de Franco un periodo de progreso económico y social? Es una evidencia que sí. Por ejemplo, en veinte años el analfabetismo se redujo del 30% de 1940 al 9% de 1961 y al 3% en 1975 (los datos están en el Archivo Linz de la Fundación March). La industria pasó de representar un 12% del PIB en 1950 a un 36% del PIB en 1975. La extensión del progreso técnico al conjunto de la población también fue evidente: en 1971, el 56% de los hogares tenía televisor, el 66% frigorífico, un 39% teléfono, el 52% lavadora y un 35% automóvil propio. En 1946 había 72.000 vehículos privados en España; en 1966 habrá ya más de un millón. España dejó de ser un país rural: en 1970, un 37% de la población ya vivía en ciudades de más de 100.000 habitantes, y sólo un 45% vivía en núcleos de menos de 20.000 personas.
En 1950 había en España 6.687.200 viviendas. Diez años después, el número había crecido al ritmo de cien mil viviendas anuales hasta las 7.726.400. Y aun otros diez años más tarde, en 1970, el número de viviendas alcanzaba ya las 10.658.882. Son datos del Banco de España.
En términos puramente económicos, España creció a un ritmo medio anual de un 4,4% entre 1945 y 1975. Entre 1951 y 1956 el PIB español creció a una media de un 7,9 % anual. Entre 1960 y 1973 el PIB real creció un 7,73% y el PIB per cápita un 6,59%. El indicador económico por excelencia, la producción de electricidad, pasó de 3,61 millones de kilovatios/hora en 1940 a 90,82 en 1976. Entre 1960 y 1970 la renta per cápita creció nada menos que un 98%, es decir, nos habíamos convertido en un país rico. La clase media, según cálculo por ingresos reales, abarcaba ya al 56% de la población en 1978. Se caminó aceleradamente hacia una convergencia creciente en renta per cápita con Europa, entendiendo por tal los nueve países centrales de la Comunidad: si en 1950 el grado de convergencia era de apenas un 45%, en 1975 se había llegado ya al 83%.
Un aspecto muy importante de este proceso de desarrollo fue la cuestión social, que era objetivamente uno de los grandes problemas de España desde muchos decenios atrás. El despliegue legislativo del régimen de Franco en materia social es apabullante. Tan pronto como en 1939 se instauró el Retiro Obrero, se creó el Instituto Nacional de la Vivienda y se aprobaron las Leyes de subsidio familiar y de vejez. Al año siguiente entró en vigor la Ley de descanso dominical y festivos. El Seguro Obligatorio de Enfermedad y las Mutualidades Laborales datan de 1942. Luego llegarían (a partir de 1944) las Cajas de Empresa, las vacaciones retribuidas, el permiso de maternidad y la paga extra de Navidad. En 1947 se impusieron los Seguros obligatorios de vejez, invalidez y enfermedades profesionales. Y también la paga del 18 de julio. Las Escuelas de capacitación profesional y las universidades laborales, que fueron una pieza clave del despegue económico, se crearon en 1955. El repertorio se completó con el Seguro de accidentes de trabajo y los Convenios colectivos (1958), las mutualidades agrarias (1959), el Seguro Nacional de Desempleo (1961) y, culminando el proceso, la Ley de Bases de la Seguridad Social en 1963. A la altura de 1972, el 80% de la población gozaba ya de cobertura de la Seguridad Social, pieza esencial en eso que se llama «Estado del Bienestar». Aquí, por cierto, hay que reivindicar el papel de una mujer excepcional, injustamente olvidada: Mercedes Sanz Bachiller, la viuda de Onésimo Redondo.
Se podrá decir que estas cosas no las inventó Franco, sino que la mayoría de ellas venían impulsadas ya desde las legislaciones sociales de primeros del siglo XX. Es exacto. De hecho, lo que más llama la atención en la legislación social de la Restauración es la cantidad de buenos propósitos… y sus escasísimos resultados prácticos. Lo mismo ocurriría después en la II República. De hecho, a los gobiernos de Franco hay que atribuirles el mérito de haber hecho realidad las grandes reformas sociales en las que los gobiernos anteriores fracasaron por falta de financiación, por incompetencia o, simplemente, por la inexistencia de un aparato estatal capaz de gestionarlas. De manera que también aquí, en efecto, el régimen de Franco fue un periodo de progreso económico y social.
Un aspecto muy importante, en el que incidía el ministro Torres en su respuesta a Mariscal, es el de la igualdad de derechos. Sostiene Torres que «las mujeres no podían abrir una cuenta bancaria o hacer trámites administrativos sin el sí del varón». Eso fue así un tiempo y, por cierto, no pasaba sólo en España. En Francia las mujeres no pudieron abrir una cuenta corriente por sí mismas hasta 1965 (ley de 13 de julio de 1965 para la reforma de los regímenes matrimoniales). Pero también en esto el régimen anterior fue escenario de grandes progresos: a partir de 1958, y por empeño especialmente de la falangista Mercedes Formica, se emprendió una reforma sistemática del Código Civil que terminaría afectando a 66 artículos (incluyendo la posibilidad de abrir cuentas corrientes). De hecho, el combate por la igualdad civil entre hombres y mujeres en España comienza realmente con esta mujer (por otra parte, notable escritora), hoy completamente olvidada por el feminismo «canónico».
A propósito de las mujeres, ese portento llamado Zapatero asombró al mundo en el congreso del PSOE asegurando que gracias al socialismo las mujeres podían estudiar en España. Es alucinante. La verdad es que la escolarización de las niñas españolas fue obligatoria desde 1857 (ley Moyano) y la universidad se abrió a las mujeres en 1910. ¿Significa esto que las mujeres acudieran masivamente a los centros de enseñanza? No: por un lado, el Estado carecía de instrumentos adecuados para materializar la universalidad de la enseñanza (de las mujeres como de los hombres) y, por otro, las propias familias eran renuentes a prescindir de brazos en el hogar o en el campo. También en esto, por cierto, la época de Franco marcó un hito: es a partir de 1940 cuando se puede hacer realidad la escolarización obligatoria y cuando las mujeres entran masivamente en la enseñanza secundaria y en la universidad. El número de mujeres que cursaban estudios universitarios se multiplicó por 20 entre 1940 y 1970. En 1962 representaban aproximadamente el 20% del alumnado; en 1976 estaban en torno al 38%. Son, por cierto, datos prácticamente idénticos a los de Inglaterra en esas mismas fechas. Al final el PSOE es ese partido que explica a mujeres que estudiaron en los 60 que, en los 60, las mujeres no podían estudiar.
En cuanto a la cuestión de la homosexualidad, también presente en la respuesta de Torres a Mariscal, es un perfecto ejemplo de media verdad: es cierto que la homosexualidad (en público) era delito, pero es que también lo era en Inglaterra o en Francia, por ejemplo. En Inglaterra las relaciones homosexuales no se despenalizaron hasta 1967, y eso sólo para las relaciones en privado y de mayores de 21 años. En Francia la homosexualidad siguió estando penada hasta 1982 (ley Forni de 4 de agosto de ese año). España, en fin, no era una excepción.
Todo lo hasta aquí expuesto no es una apología de nadie y aún menos una «incitación al odio». Son simplemente hechos. Pero hay más: resulta que todos esos avances de España en lo económico y en lo social son prácticamente gemelos de los que estaban viviendo toda la Europa occidental en los mismos años. Y eso es seguramente lo que más exaspera a la izquierda española, y especialmente al PSOE: en España, la gran transformación de la posguerra no la pilotó la izquierda, sino un dictador de derechas. Aún peor: la izquierda, cuando tuvo la oportunidad, que fue durante la II República, no sólo no la aprovechó, sino que nos embarcó en una guerra civil. Como la terrible realidad es esta, la única solución que le queda al PSOE es taparla con leyes liberticidas, censuras, multas y, en definitiva, represión. La historia real, la que vivieron todos los españoles, queda proscrita y en su lugar se construye otra donde el PSOE nos trajo la igualdad para la mujer, la democracia, la rueda, el fuego, la imprenta y el acueducto de Segovia. Y si uno quiere medrar en la vida académica, más le vale no salirse del coro: ex PSOE lux.
Pero la realidad histórica no se borra eliminando frases del Diario de Sesiones ni rostros de las fotografías, al estilo estalinista. Y la realidad es que la época de Franco, tanto como una dictadura (en efecto), fue un periodo de progreso económico y social. Tal vez la pregunta debería ser por qué esto no pudo hacerse antes en democracia. Pero ese es un debate que el poder cultural de la izquierda no aceptará jamás. Porque quedaría en evidencia que su relato es una gigantesca falsificación.