Los Caídos del Valle, por Pablo Linares

 

Pablo Linares

Presidente de la ADVC

Revista Afán nº 13

 

Desde el mismo momento de su concepción, el Valle de los Caídos fue pensado como lugar donde los restos de los caídos de ambos bandos fueran hermanados en su enterramiento común como exponente máximo de la reconciliación.

 

Aun cuando la construcción del monumento tan solo estaba en sus orígenes, ya se pensaba cual era la fórmula ideal para acoger en el seno de la basílica y al amparo de la cruz los restos de los caídos en la reciente Guerra Civil. Para poder ser enterrado en el Valle de los Caídos se tenían que cumplir tan solo unos lógicos requisitos, a saber:

 

  1. Ser españoles (se desechó por este motivo la idea de inhumar en Cuelgamuros a los aviadores alemanes de la Legión Cóndor caídos en Arenas de San Pedro (Ávila), Quijorna y San Lorenzo del Escorial)
  2. Profesor la religión católica o cuando menos estar bautizados
  3. Ser caídos en la guerra civil

 

Mientras se iba formalizando el protocolo para los futuros enterramientos en la Basílica, las obras del monumento seguían su marcha. Sin embargo, a la complejidad de una obra sin precedentes, la infinidad de dificultades técnicas surgidas y sobre todo las enormes dimensiones de lo proyectado no hacían sino ralentizar la marcha de las obras.

 

En 1946 se cumplen 10 años del comienzo de la guerra y por tanto se cumplen 10 años de la muerte de los primeros combatientes en la contienda. Según la legislación vigente en ese momento, 10 años era el plazo máximo permitido en que los cadáveres de los ciudadanos españoles podían permanecer en sepulturas provisionales y/o temporales. Pasado este tiempo de 10 años, los restos debían ser llevados a fosas comunes o trasladados a nichos o sepulturas perpetuas adquiridos por sus familias, cuestión que en 1946 muy pocas podían permitirse.

 

En 1946 la Basílica del Valle de los Caídos distaba mucho de estar lista, de hecho tan solo se había preparado el túnel de 11x11m que debería albergar el tempo. Además, para añadir más complicaciones, el delicado estado de salud del arquitecto director de las obras D. Pedro Muguruza comenzaba a limitar en exceso las labores propias de tan vital cargo para la buena marcha de las obras.

 

Por esto presidencia del Gobierno mediante orden ministerial de fecha 11 de julio de ese mismo año 1946 prorrogó indefinidamente aquel plazo de enterramiento de 10 años, siempre que se tratara de fallecidos en la Guerra Civil. Esta orden, sin embargo, no limitaba en absoluto a quien desease realizar la exhumación de sus familiares muertos 10 años atrás de darles sepultura en nichos de propiedad.

 

Salvado este primero impedimento legal, la marcha de las obras del monumento continuó tardando aún 13 años en estar listas todas las edificaciones del conjunto monumental del Valle.

 

De este modo y acercándose la fecha de finalización de las obras, se activó el protocolo diseñado años atrás para la búsqueda y localización de los restos de los caídos por toda España, identificación de los mismos y consecución del ineludible permiso familiar para aquellos restos que estando localizados e identificados se quisieran trasladar a la nueva cripta, aún no Basílica.

 

Era esta desde luego una labor no pequeña, que el Ministerio de la Gobernación, único competente en este caso, acometió con solvencia, y que se desarrolló de la siguiente manera:

 

El Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era además presidente del Consejo de Obras del Monumento, envió una nota a todos los Gobiernos Civiles en los que se ordena a éstos a recabar toda información sobre la ubicación de restos mortales de ambos bandos combatientes en cada demarcación que pudieran ser trasladaos en un futuro inmediato al Valle de los Caídos. (Orden Ministerial de fecha). Esta nota firmada por el ministro Camilo Alonso Vega incluía instrucciones precisas para que los Gobiernos Civiles puedan cumplir con solvencia esa tan poco usual ordenanza:

 

“Se deben solicitar a los Ayuntamientos relaciones pormenorizadas de los enterramientos. Los Ayuntamientos, a su vez, deben colocar notas informativas en los tablones de anuncios de las Casas Consistoriales. Se debe contar con el apoyo de la Guardia Civil, de los curas párrocos y de cualquier otra autoridad local competente en este caso”

 

Cada uno de los Gobiernos Civiles ordenó insertar en los periódicos locales un anuncio dando a conocer a la población la apertura del plazo de recogida de solicitudes de traslado de los restos mortales de los caídos hasta el nuevo monumento.

 

Pronto, y a raíz de la publicación de estos anuncios comenzaron a recibirse en los Gobiernos Civiles y en las propias oficinas del Consejo de Obras del Monumento un aluvión de solicitudes de traslado. La inmensa mayoría de estas solicitudes proceden de familias que tienen localizados los restos de sus respectivos caídos, la mayor parte de ellos en cementerios lejanos a sus residencias (lugar de la muerte de del caído en el frente de batalla).

 

La circunstancia contraria también se puso de manifiesto. Muchas familias conocedoras del lugar de enterramiento de sus familiares caídos expresaron su negativa a conceder el permiso para el traslado de estos a Cuelgamuros. Todas las negativas de permiso fueron respetadas.

 

El Ministerio de la Gobernación estudió y atendió convenientemente cada caso, pronunciándose de manera afirmativa siempre que se cumplían los supuestos anteriormente citados. Mientras tanto en la misma sede de gobernación se comienzan a recibir los primeros informes de los Gobiernos Civiles solicitados anteriormente. Observando lo complicado de la gestión, se decide remitir de nuevo una orden a los Gobiernos Civiles (31 de Octubre de 1958) solicitando se reclame de nuevo a los Ayuntamientos un nuevo compresivo de los siguientes extremos:

 

  • Número de enterrados en cementerios parroquiales, iglesias o panteones que están identificados y respecto de los que media conformidad familiar para su traslado, pudiéndose recoger sus restos en caja individual.
  • Número de enterrados en cementerios parroquiales, iglesias o panteones, no identificados o que aún no están identificados, por estar en fosa común o por otras circunstancias, no pueden ser identificados sus restos.
  • Número de enterrados en cementerios especiales, de caídos en el frente o inmolados, que estén identificados y se supone que sus restos pueden recogerse en caja individual.
  • Número de enterrados en cementerios o lugares a que se refiere el apartado anterior, que no estén identificados, o que aun estándolo, por estar en fosa común o por toras circunstancias, sus restos no puede ser individualizados, por lo que habrán de trasladarse en cajas colectivas.

 

Los nuevos informes comienzan a ser examinados de nuevo en gobernación y se comprueba la abundancia de restos que se ajustan fidedignamente al punto cuarto de la anterior relación de supuestos de la circular del Ministerio de la Gobernación, es decir “Enterrados en cementerios especiales no identificados o que aun estándolo no pueden ser individualizados”.

 

Comienzan de esta manera las exhumaciones en Cementerios de toda España, en estas exhumaciones se tienen en cuenta cuantos detalles se puedan aportar a la identificación de los restos, por mínimos que estos sean.

 

Algunos ayuntamientos fueron verdaderamente concienzudos en sus informes.

 

Alguno de estos detalles hace que se denieguen alguno de los traslados a Cuelgamuros de determinados restos al no tratarse de soldados españoles. Como ejemplo de esto último se deniega el traslado de varios cuerpos localizados en una fosa de una pequeña localidad turolense al comprobarse en una exhumación previa que los restos pertenecen a soldados italianos, cuestión que se verifica por los jirones de los uniformes que cubren sus restos.

 

Por el mismo motivo se desestima la petición que eleva al Consejo de Obras del Monumento Doña Alberti Ribella, viuda de un súbdito italiano muerto en la Guerra Civil, en la que solicita que su marido sea enterrado en el Valle. La decisión de no acceder a esta petición se toma en una reunión del Conejo de Obras nº 84 de echa 4 de julio de 1957, acuerdo octavo.

 

Otras muchas peticiones en este mismo sentido fueron igualmente desestimadas, aunque quizá desde el punto de vista religioso se fue aún mucho más estricto. Por este motivo, se descarta “rotundamente” aquellos restos de caídos de religión no católica. El Ayuntamiento de Navas del Rey (Madrid), confirma la existencia de 30 cuerpos de “moros”, en un anexo a su cementerio parroquial, pero independientes de éste. La respuesta es tajante desde Gobernación: “no deben ser llevados al Valle”. Un acontecimiento muy similar ocurrió en el Municipio en Peguerinos (Ávila).

 

En nueva circular, los Gobiernos Civiles reciben las oportunas instrucciones ya para el traslado de los restos, así como un croquis de las urnas normalizadas que se deben fabricar para estos traslados. Ha sido el propio arquitecto del Valle, Diego Méndez quien a escala 1:10 ha realizado los planos de las urnas, diferenciando dos categorías: cajas individuales (1 solo cuerpo), cajas colectivas (15 cuerpos).

 

La comunidad Benedictina instalada en el Valle desde julio de 1958, adquiere como una de sus primeras obligaciones la recepción de los restos. Los monjes reciben el 17 de Marzo de 1959 la primera urna con restos, pertenecen a José Hernández Molina procedente, con otros 69 cuerpos más del cementerio de la Almudena, en cuyas tapias fueron asesinados al comienzo de la guerra.

 

Los monjes comienzan, desde ese mismo día a recibir, incluso de madrugada, una incesante entrada de restos. Apuntan sus nombres y lugar de procedencia en los libros de registro y se reza un responso por cada uno de ellos sin excepción. Posteriormente hacen entrega de los restos al personal del Consejo de Obras encargados de la colocación de los columbarios en los correspondientes osarios.

 

Conclusión final

 

En la Basílica Pontifica de la Sana Cruz del Valle de los Caídos hay inhumados cerca de 40.000 restos de combatientes en la contienda de 1936-1939, aunque esta cifra no podemos darla como definitiva ya que, en algunos casos, pudiera ser que los restos fueran contabilizados de manera poco adecuada. Los libros de registro arrojan la cifra de 33.847 restos los que la Basílica acoge en sus 8 grandes osarios, de los cuales 12.510 ingresan como no identificados.

 

Como hemos sintetizado en estas líneas, desde el primero momento se puso especial dedicación a que el Valle de los Caídos fuera un monumento donde pudieran reposar el mayor número de caídos posibles, de ambos bandos contendientes. Además, y este es un dato que no podemos pasar por alto, se puso un interés especial a que los gobiernos civiles elaborasen un mapa de fosas lo suficientemente fidedigno, para poder evacuar de restos las fosas y cunetas de aquellos caídos, sobre todo los no identificados para poder ser enviados al Valle.

 

Personalmente no tengo ninguna duda que no hubo más intención por parte del gobierno de entonces que la de dignificar los restos de todos aquellos, de ambos bandos, que encontraron la muerte en el campo de batalla o contra la tapia de cualquier cementerio. Mejor en el Valle que en cientos de fosas comunes repartidas por la geografía nacional.

 


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