Algo más que Franco

 

 

 

 

   La semana pasada, el PSOE volvió a solicitar la entrega de los restos de Franco a su familia con el objetivo de sacarlos del Valle de los Caídos. Hasta ahora, los socialistas habían preferido promover las iniciativas más radicales de los grupos a su izquierda de modo que estas les permitieran escenificar un posicionamiento propio más pretendidamente razonable, antes que aparecer como excesivamente beligerantes. Ahora, sin embargo, se han decidido a empuñar el estandarte de la “memoria” con protagonista acometividad.   

 

   En su petición, el PSOE alude a la resolución de la denominada “Comisión de Expertos” -designada por el gobierno de Zapatero- para justificar su insistencia en este tema, cuando aquello  fue un comité cuyas conclusiones eran evidentemente predecibles desde el mismo instante de su nombramiento. Encabezada por un ex ministro socialista (Virgilio Zapatero) que consideraba un “cenagal” la época de Franco y constituida por reconocidos marxistas (Ricardo Vinyes, partidario del derribo del conjunto monumental, y Carme Molinero, ambos de la Universidad de Barcelona y próximos al comunismo) así como por una de las más destacadas teóricas de la ideología de género, como es Amelia Valcárcel, y un socialista asesor de la vicepresidente De La Vega y dedicado a la imposición del laicismo, Carlos García de Andoin, se le sumaron el religioso Hilari Raguer i Suñer, autodefinido como “antifranquista y nacionalista”, que niega a los casi 7.000 religiosos asesinados durante la guerra su condición de mártires, así como la autocalificada republicana Alicia Alted Vigil, de la UNED, y hasta el inclasificable e incalificable Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. La presencia de Pedro González Trevijano, rector de la Universidad Rey Juan Carlos, y de Carmen Sanz Ayán (que acabó renunciando) resultaba necesaria como justificación de un pluralismo ficticio que trataba de enmascarar la pantomima. La pretensión de que la citada comisión pudiera legitimar de algún modo un dictamen mínimamente sostenible, resulta más grotesca ante la creciente evidencia de que, en realidad, fue creada con el expreso propósito de avalar una decisión tomada de antemano.  

 

   El PSOE, además, desliza una insidia cuando afirma que la decisión de enterrar a Franco en el recinto del Valle de los Caídos se tomó durante el régimen anterior, insinuando que fue el propio Franco quien así lo dispuso, cuando en realidad fue determinación del actual jefe del estado, Juan Carlos de Borbón, la de enterrar al Caudillo en ese lugar.    

   

   Lo que increíblemente calla el PSOE es que su propia Ley de Memoria Histórica señala que el Valle de los Caídos es un lugar de culto y un cementerio, y no lo que algunos pretenden para justificar una enfermiza incapacidad para la reconciliación. Pues el Valle fue siempre todas esas cosas a un tiempo: lugar de culto, de enterramiento y reposo, y monumento a la reconciliación al amparo de la Cruz –aspecto este último que parece irritar particularmente-. Allí se reza a diario por todos los caídos, abstracción hecha del bando al que pertenecieran, desde mucho antes de que la izquierda lanzara su consigna transicionista de “reconciliación nacional” algo que, podemos comprobarlo estos días, no era sino añagaza para embaucamiento de incautos.  

 

   El carácter del Valle está perfectamente determinado por las intenciones de quienes lo construyeron, como reza un documento oficial -editado en marzo de 1959, las vísperas de su inauguración-:

 

   “No se quiso, sin embargo, llevar al Valle de los Caídos (…) a ninguno cuya familia tuviera alguna razón sentimental para oponerse. No deberían ser enterrados en la Cripta más que aquellos cuyos familiares solicitaran el traslado al Valle de los Caídos de los restos mortales de esos deudos suyos caídos en la guerra, sin más condiciones que las naturalísimas de que aquellos restos pertenecieran a un español y, por ser lugar  consagrado por la Iglesia, a un bautizado en ella.”  

 

   En todo caso, lo que los socialistas no pueden ignorar es que el traslado de los restos de Franco es irrealizable de forma unilateral por dos razones principales:  

 

   En primer lugar, porque la naturaleza religiosa y la condición de basílica del recinto en el que dichos restos se hallan sepultados, impiden una acción unilateral del gobierno español o de cualesquiera otras instituciones políticas. Y, en segundo lugar, debido a la negativa de la familia de Franco a dicho traslado, expresada con anterioridad en varias ocasiones, que daría lugar a la comisión de un delito de profanación castigado con penas de cárcel según el vigente código penal (artículo 526) en caso de que desde el gobierno se decidiera llevar a cabo la exhumación sin ese permiso.  

 

   Y si el PSOE lo sabe, ¿qué es lo que pretende, entonces, con esta iniciativa?   Para empezar, remontar en las encuestas, que le auguran un enorme drenaje de votos a su siniestra, de modo que estas propuestas le permiten afilar un perfil radical del que carece para amplias masas de la izquierda. Y qué mejor que Franco para posar de impenitentes revolucionarios. Y también, funcionalmente, le sirve al PSOE para ahondar en la satanización de la figura del Caudillo, que es en sí un objetivo estimable. Comisionado por el PSOE para dicha tarea, Odón Elorza no se ha privado de adoptar una pose retadora fingidamente viril en su comparecencia ante la prensa, algo inédito por cierto mientras obró al frente del consistorio municipal donostiarra.    

 

   No cabe explicar sino a la luz de la patología el que, transcurridos treinta y ocho años desde la muerte del Generalísimo, persista la izquierda española en su afán de venganza contra la memoria de Franco con un tesón que la sitúa próximo al Guinness de la bellaquería universal. Y es que para ese manojo de fobias, mentiras y rencores que es la izquierda patria, Franco es algo más que Franco; pues en él -aviso a navegantes- impugnan todo lo que de mejor ha tenido la Historia de España: su honor, su libertad y su tradición.