De la Memoria Histórica y un monumento, por Juan Chicharro Ortega

 

 Proa al viento

 

 

 

   Tras la serie de decisiones apresuradas y contradictorias que el ayuntamiento de Madrid tomó a principios de año, de la mano de la sectaria e inculta Celia Mayer, hace unos días se constituyó el Comisionado de la Memoria Histórica con la finalidad de ofrecer cobertura técnica a la aplicación en Madrid de la conocida como Ley de Memoria Histórica, además del desarrollo de un plan integral de políticas públicas de memoria a ejecutar por el ayuntamiento. Se trata de una comisión formada por “expertos y especialistas” en la materia, presidida por la socialista Francisca Sauquillo. ¿Expertos y especialistas? ¿En qué? ¿Qué estudios o experiencia avalan sus supuestos conocimientos, aparte de los derivados del más rancio oportunismo político? 

 

   Tal parece que con esta acción se pretende dar un aspecto de seriedad y rigor histórico en la aplicación de dicha Ley. Bien está, y así lo contempla mucha gente, pero tengo para mí que el mal no está en cómo se lleva a efecto -que también- sino en la esencia de la propia Ley en sí. Leo y releo la aludida ley y no puedo por menos que deducir que lo que verdaderamente sucede es que, con ella, se prohíbe a los historiadores exponer con libertad sus conclusiones acerca de lo que verdaderamente sucedió en realidad en unos años de odio y cañones, de barbarie y sevicia, de desinformación y visión en túnel, características todas ellas propias de la guerra, que, inevitablemente, borra cualquier rastro explícito de humanidad, aplastado bajo el objetivo prioritario de ganar.

 

   La Memoria Histórica pretende hacer justicia a muchos caídos en la contienda, pero sólo de uno de los bandos. La guerra se puede comparar a un gran incendio en un edificio enorme en el que, años después, se quiere hurgar en las cenizas y encontrar documentos intactos o al menos incuestionables. Bien, creo que afirmaciones extraordinarias como las que se derivan de la aplicación de esta ley, requieren pruebas extraordinarias y personas de reconocida solvencia moral y profesional tras ellas, pero mucho me temo que no es ese el caso en la que nos ocupa.

 

   Con la Ley de la Memoria Histórica, que es una memoria política, se causa a los historiadores un daño irreparable, pues la desobediencia a una ley puede calificarse de delito. La historia no puede ser determinada por ley, salvo en los regímenes totalitarios que aspiran a imponer al pueblo una versión parcial al servicio de sus intereses como acertadamente lo expuso George Orwell en su novela 1984.

 

   Le deseo a la señora Sauquillo la mejor de las suertes aunque no puedo sino anticipar su fracaso más rotundo pues lo que va a dictaminar es la aplicación de una ley sectaria y alejada de la realidad histórica. Claro que a lo mejor me equivoco y como resultado de sus estudios se procede a eliminar también los vestigios de aquellos que, tanto como los otros, fueron culpables de la tragedia de la guerra civil. Ahora va a resultar que la Pasionaria, Santiago Carrillo, Largo Caballero o Indalecio Prieto -cuyo recuerdo pervive en el callejero de Madrid- no tuvieron nada que ver con aquel desastre. Esto no es memoria histórica objetiva sino descarada y deliberada manipulación política y revanchista.

 

   Y sin embargo y a pesar de lo expuesto, veremos -vemos ya- que mientras se borran calles y se derriban monumentos con vestigios franquistas, o ni eso, y se mantienen los de signo contrario, al mismo tiempo contemplamos con satisfacción cómo en la ciudad de Cartagena, en concreto, nada menos que en la plaza del Rey, se erige un monumento al soldado de infantería de marina, en definitiva, al soldado español. El filósofo J. Santayana decía que “un pueblo que olvida su historia se condena a repetirla” y con este monumento el pueblo de Cartagena nos da una lección, pues demuestra que sin olvidar el pasado mira hacia el futuro. Y he dicho el pueblo de Cartagena, pues el citado monumento ha sido sufragado por suscripción popular ya que, si bien la iniciativa de su construcción corresponde a organizaciones de antiguos soldados que hicieron su Servicio Militar en la Infantería de Marina, el dinero necesario para construirlo ha partido de quien ha querido aportar algo y en ningún caso de institución alguna; y mire usted por dónde, con la colaboración inestimable del ayuntamiento de Cartagena y de su alcalde, un regidor controvertido que gobierna con el apoyo de partidos de izquierda como bien se sabe.

 

   Tal parece, al menos en este caso, que el pueblo, al igual que sucedió en 1808, rehace con su actitud lo que la política deshace. Mientras unos se dedican a dividir y emponzoñar, el pueblo, siempre sabio, se aglutina frente a lo que nos une y así lo hemos podido comprobar cuando el pasado día 14 de mayo asistió con fervor a la inauguración de dicho monumento en Cartagena.

 

   Los expertos de la Ley de Memoria histórica son tozudos, pero la historia lo es más.