El Estado sigue sin pagar el arreglo del Valle

 

 

 

   Quince años después del atentado de la banda terrorista de ultraizquierda GRAPO contra el conjunto monumental del Valle de los Caídos, Patrimonio Nacional sigue sin hacer frente al pago de la indemnización de 724.501 euros que debía desembolsar para los arreglos del monumento. Por el atentado de “daños con finalidad terrorista en conjunto monumental” fue condenada la activista Victoria Gómez Menéndez, a quien se impuso una pena de siete años de cárcel además de la sanción económica, de la que era responsable civil subsidiario el Estado a través de Patrimonio.

 

   Década y media después, cuando el conjunto monástico está en condiciones lamentables de conservación y es una necesidad urgente para su mantenimiento una inversión de capital que permita acometer las obras más perentorias, el Estado no ha hecho efectiva la mayor parte de esa cantidad impuesta por los tribunales.

 

   La bomba, que estalló a las cuatro y media de la madrugada causó importantes daños en la Basílica y llegó a afectar a la sacristía. Los arreglos que se acometieron tras el atentado no fueron suficientes como para devolver al monumento a su estado previo al mismo. De hecho, una parte de las reformas, años más tarde, fueron realizadas gracias a los donativos privados de particulares que financiaron la limpieza de los mosaicos.

 

   La detonación causó el mayor daño en el órgano, que tuvo que ser desmontado casi en su totalidad, pero que no quedó restaurado por completo. Además de dañar bancos, el altar mayor, la cúpula y los mosaicos.ras el atentado, se puso un arco de seguridad en el acceso al templo y se contrató una empresa de seguridad para controlar el acceso. Medidas insuficientes según expertos en seguridad, pero sí que sirvieron para evitar otro atentado, esta vez de la banda terrorista ETA, que tuvo que limitarse a dañar zonas del exterior de la basílica ante la imposibilidad de introducir el explosivo dentro del templo.

 

   A día de hoy son varias las asociaciones que pugnan con Patrimonio para que se haga cargo del mal estado de conservación que amenaza a uno de los monumentos más visitados de la Comunidad de Madrid.