El mayor robo de la historia de España. El expolio del Frente Popular, por José Luis Orell

El conflicto de la Guerra Civil provocó que cada bando buscase maneras de financiarse. El Frente Popular que mantenía el reconocimiento oficial, disponía también del control de las principales instituciones económicas y bancarias en la capital de España. Juan Negrín como responsable del Ministerio de Hacienda centralizó bajo su autoridad todas las instituciones financieras excepto las dependientes de los gobiernos catalán y vasco.

El 17 de noviembre de 1936 se produjo el traslado de los servicios centrales del Ministerio de Hacienda junto con el Banco de España, la Oficina de Contratación de Moneda, las Compañías Arrendatarias del Monopolio de Petróleos, Tabacos y Cerillas, y el Consejo Superior Bancario a Valencia, después de que el Gobierno se trasladase a Barcelona un mes antes.

En el inicio de la guerra, el Banco de España tenía 708 toneladas de oro fino, 638 de ellas en Madrid y el resto en el extranjero, con lo que España era el cuarto país del mundo en cuanto a reservas de oro. Una reserva importante que el gobierno republicano irá vendiendo y trasladando principalmente a la URSS a cambio de armament, al ser el más importante suministrador del ejército popular. Tema muy estudiado y del que resaltan los trabajos de Pablo Martín Aceña y Ángel Viñas, con los que se demuestra que la URSS proporcionó el armamento cobrándose de las reservas depositadas en su territorio nacional, aunque el modo de obtención de aquellas reservas si fue forzada contra las autoridades del Bando de España.

Sobre la visión general de las políticas económicas llevadas por ambos bandos, el mejor trabajo es claramente el de Jose Angel Sánchez Asiáin, Economía y finanzas en la guerra civil española (1936-1939).

Al agotarse aquellas reservas, la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, que se formó en el inicio del conflicto, y que más tarde pasó a denominarse Junta Central del Tesoro Artístico, tuvo la finalidad de hacerse cargo del patrimonio incautado en palacios, iglesias y otros edificios asaltados, cuyos dueños habían sido asesinados o apresados, con el objetivo de inventariar y trasladar los bienes de valor a depósitos bajo control de las milicias gubernamentales.

El hecho más significativo de la junta fue el traslado de las obras de arte del Museo del Prado, con la excusa de ponerlos a salvo de posibles bombarderos, bajo la sospecha de que pudiesen servir como reserva auxiliar de pago para mantener el suministro de armas. Al final del conflicto pudo ser recuperado y devuelto al Museo del Prado y el resto a los herederos de los paseados.

La justificación legal que amparará el latrocinio será el decreto del l3 de octubre de 1936, que obligaba a la entrega de oro amonedado o en pasta, divisas y valores extranjeros a toda persona individual o colectiva en un plazo de 7 días, entrega que se debía hacer a los bancos, y que se completaría con otro decreto del día 10 que establecía la creación de un juzgado especial para la persecución de los que incumplieran la orden. Por otro decreto del 4 de enero de 1937, se ordenó a los Bancos que la cantidad recogida por los decretos anteriores fuera entregada al Banco de España.

Sin embargo, las operaciones militares fueron dilucidando la derrota final de los frentepopulistas y el gobierno decidió vaciar los fondos del Banco de España, las cajas de seguridad particulares de los bancos, del Monte de Piedad, de la Caja General de Reparaciones y del Museo Arqueológico Nacional.

El director general del Tesoro, Francisco Méndez Aspe escoltado de carabineros procedió a forzar las numerosas cuentas para su vaciamiento del Banco de España, apropiándose de dos depósitos de «radium», de la Facultad de Medicina; de los depósitos de oro, de la Sociedad de Metales Preciosos; el tesoro de la Catedral de Toledo; el del monasterio de El Escorial; y de joyas provenientes de familias acaudaladas de la alta sociedad.

También los sectores más populares fueron afectados de la apropiación de los depósitos con sus alhajas y otros bienes que habían empeñado en el Monte de Piedad. El Monte de Piedad de Madrid era una institución de crédito que prestaba dinero con garantía de objetos, que pertenecía al Ayuntamiento de Madrid.

También fueron desvalijados las colecciones históricas de numismática del Museo Arqueológico Nacional. Felipe Mateu y Llopis, conservador del Gabinete Numismático, a riesgo de su vida, se dedicó a retirar de las vitrinas las más importantes monedas de oro y comenzó a guardar parte de aquel tesoro para evitar su latrocinio.

Estos bienes son los que formaron parte del denominado «tesoro del Vita», un yate comprado a través de empresas superpuestas por el gobierno de Juan Negrín para preparar su fuga a México. Los hechos han sido descritos en el trabajo del catedrático de Prehistoria de la Universidad de Barcelona, Francisco Gracia y de la profesora de Patrimonio cultural la Universidad Oberta de Catalunya, Gloria Munilla, que se complementan con el excelente trabajo que realizó el profesor Martín Almagro Gorbea, Académico de número de la Real Academia de la Historia y su Anticuario Perpetuo. Sin embargo, aquel tesoro cuando llegó a México será apropiado por Indalecio Prieto, quien, en connivencia con el gobierno mejicano de Lázaro Cárdenas, montó la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), que relevará de sus funciones al SERE (Servicio de Evacuación de Refugiados Españoles) controlado por Juan Negrín.

Los fondos serán gestionados por un fideicomiso del posterior Gobierno del general Manuel Ávila Camacho, y los beneficiarios fueron los enemigos de Juan Negrín agrupados bajo el liderazgo de Indalecio Prieto y los allegados al ejecutivo de Avila Camacho, famoso, como la mayoría de los políticos vinculados a la dictadura del PRI por su corrupción.