Los magnicidios cometidos por la izquierda, por Pedro Fernández Barbadillo

Pedro Fernández Barbadillo

Cuando se analiza el fracaso de la Restauración, el régimen que se extendió entre 1876 y el pronunciamiento del general Primo de Rivera, en 1923, se enumeran distintas causas: el analfabetismo, el atraso, el caciquismo, la escasa representatividad de los partidos dinásticos, el egoísmo del empresariado, el conservadurismo del Ejército y la Iglesia, la desesperación de las masas pobres, las derrotas en Cuba y Marruecos, la falta de burguesía emprendedora, la mala educación de Alfonso XIII, el librecambismo –y el proteccionismo-, una fiscalidad insuficiente, y hasta la neutralidad en la Gran Guerra.

La mayoría de los historiadores suelen omitir un factor capital, inexistente en otros países europeos: el terrorismo de las izquierdas. En el plazo de un siglo, fueron asesinados cinco presidentes del Gobierno: Juan Prim (1870), Antonio Cánovas del Castillo (1897), José Canalejas (1912), Eduardo Dato (1921) y Luis Carrero Blanco (1973); una cifra no alcanzada ni por la Rusia azotada por los terroristas nihilistas y comunistas, ni en Portugal, donde los republicanos asesinaron al rey y a su heredero (1908). Todos los citados, salvo el primero, cayeron a manos de asesinos de izquierdas.

El 8 de marzo de 2021 se cumplen cien años del magnicidio de Eduardo Dato Iradier (nacido en 1856 en La Coruña), diputado conservador y presidente del Gobierno desde el 5 de mayo de 1920. La noche de ese día, en la Plaza de la Independencia, cuando Dato volvía a su domicilio en la calle de Lagasca, tres pistoleros anarquistas emboscaron su vehículo desde una moto con sidecar y lo tirotearon. Dato murió instantes después. Sorprendió a la opinión pública la desprotección del presidente, autor de las primeras leyes de protección de los obreros.

Con la colaboración del PNV, las izquierdas, que pretenden imponer una verdad oficial sobre la historia de España, se han negado a homenajear a esta víctima del terrorismo… de izquierdas.

Estos magnicidios y otros atentados similares, aunque fracasaran, hacían de España un país inestable y desprestigiado. Se mantenía un ambiente social similar al que llevó a Amadeo de Saboya (que sufrió un intento de regicidio en 1872) a renunciar al trono, cansado de las peleas entre partidos y del afán autodestructivo de los españoles.

Magnicidios sin juicio

Con excepción del asesinato de Prim, perpetrado por camaradas masones, los otros cuatro los realizaron izquierdistas. El de Carrero, lo cometieron etarras, también socialistas, aparte de separatistas vascos. Los demás, los ejecutaron anarquistas, tan dados a la ‘propaganda por el hecho’ y tan enloquecidos que en ocasiones han sido instrumentos de otros. El punto común entre todos los magnicidios es que no se llegó nunca a los autores intelectuales.

El sumario del caso de Prim quedó inconcluso y hasta desapareció del Supremo durante décadas. La reconstrucción posterior ha mostrado que faltan numerosas partes.

Mateo Morral, que intentó asesinar a Alfonso XIII y a Victoria Eugenia el día de su boda (1906), fue encontrado muerto junto al cadáver de un guarda que, según la versión oficial, le había detenido. El cuerpo de Morral mostraba un disparo en el pecho incompatible con un suicidio. Se juzgó a varios cómplices y supuestos inductores. Tres anarquistas recibieron condenas bajas y Francisco Ferrer Guardia fue absuelto. Los condenados recibieron un indulto al año siguiente. ¿Miedo de los jueces y ministros a ser objeto de atentados?

Manuel Pardiñas Serrano, asesino de José Canalejas (1912), también se suicidó para evitar ser detenido por la inoperante escolta del político liberal. De la misma manera que Morral, sus heridas mortales se consideran irrealizables por un suicida.

Antes de que se cumpliesen dos semanas de las amenazas de muerte contra Antonio Maura pronunciadas el 7 de julio de 1910 en el Congreso por el socialista Pablo Iglesias, Manuel Posas Roca, militante del Partido Radical y habitual en la casa del pueblo, disparó tres veces al ex presidente del Gobierno. El juez le condenó a menos de cuatro años de prisión porque consideró que el terrorista no quería matar al político conservador, sino sólo llamar la atención. ¡Y luego hay funcionarios que se atreven a pedir a los ciudadanos lealtad a este Estado!

En sus juicios, los asesinos de Cánovas y Dato justificaron sus crímenes por la represión que el Gobierno aplicaba contra los anarquistas. Y ahí se detuvo la curiosidad judicial y la académica.

El atentado contra Carrero Blanco, en el que murieron tres personas, también se quedó sin juicio, aunque el sumario concluyó su instrucción en mayo de 1977. La razón es que la amnistía exigida por la izquierda y los nacionalistas fue aprobada por las Cortes en octubre de 1977 y se extendió a los autores materiales. Años más tarde, el juez declaró que había encontrado obstáculos en su investigación que le impidieron pasar de los autores materiales a los intelectuales.

Cuando hay voluntad, no hay misterio

Sin embargo, cuando el Estado quiere, se llega hasta el final. La prueba es la investigación del asesinato del diputado monárquico José Calvo Sotelo, en julio de 1936. Las autoridades del Frente Popular pusieron todo tipo de trabas al juez, Ursicino Gómez Carbajo; y cuando se dieron cuenta de su independencia le destituyeron y sustituyeron por un juez especial, Eduardo Iglesias Portal. El 25 de julio, con España en llamas, una banda de milicianos robó el sumario a punta de pistola en el Supremo. Ese verano, murieron el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, jefe del comando terrorista, y el pistolero socialista Luis Cuenca, ambos relacionados con Indalecio Prieto.

A pesar de la desaparición del sumario y de los dos principales implicados, después de la guerra se reconstruyó la investigación de manera tan correcta que la ‘historiografía de choque’ izquierdista sólo puede ensuciar el nombre del muerto con acusaciones de estar implicado en la conspiración que condujo al alzamiento y hasta de haber sido asesinado por otros conspiradores.

Otra de las preguntas que deberíamos hacernos es la de por qué otros atentados terroristas, como el 11-M, no se investigan con parecida diligencia. La respuesta es porque falta voluntad política.

Autores intelectuales

Quienes sufrieron atentados a principios del siglo XX fueron políticos destacados que tenían proyectos para modificar el agonizante sistema de la Restauración y, también, el carácter para aplicarlos, sobre todo Maura y Canalejas. En cambio, a los políticos mediocres como Francisco Silvela, Práxedes Sagasta y Segismundo Moret, las balas anarquistas no les rozaron.

Quizás una explicación a tanto magnicidio haya que buscarlo, junto en el gusto de la izquierda por la violencia, en que las víctimas, con sus reformas, podían perjudicar a los beneficiarios del ‘statu quo’… o a quienes esperaban sustituir al régimen decadente.

Un ejemplo de mezquindad por parte de sectores de las clases altas y sus políticos fue el boicoteo de los planes de los ministros Santiago Alba (liberal) y José Calvo Sotelo (corporativista) para gravar la riqueza obtenida por los industriales durante la neutralidad en la Gran Guerra. Francesc Cambó se jactó de haber tumbado el presupuesto de Alba de 1916, porque introducía un impuesto a los beneficios extraordinarios y, además, quería vengarse de las medidas contra el catalanismo tomadas por el liberal cuando fue ministro de Gobernación. Y a Calvo Sotelo se le llamó “ministro bolchevique”.

En su discurso de condena del atentado contra Maura, Canalejas enunció una de las consecuencias del pistolerismo:

“Llegará un día, si tales fieras se desatan de sus cubiles, en que nuestras esposas y nuestros hijos considerarán tal vez una desgracia aquello que debiera ser nuestra gloria más grande: el estar al frente de los destinos de España”

Y para evitar, en vez de la gloria, el martirio, muchos hombres valiosos de esa época pudieron dar un paso atrás, o dudar cuando gobernaron.