No hay justicia para las víctimas de la retaguardia republicana, por Jorge Vilches

Jorge Vilches

La holística del poder hace que el mismo día que Pedro Sánchez repite la mentira de que España es el segundo país del mundo con más fosas tras Birmania, y antes Camboya, conocemos que el director de Memoria de Cataluña ha sido denunciado por no exhumar una fosa con 700 víctimas de la Generalitat durante la Guerra Civil. Es falso el dato de las fosas de Camboya. No procede de ninguna investigación reconocida, ni siquiera de un informe de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas ni de la ONU. Todo viene de una mala interpretación de las declaraciones del profesor de Derecho Penal Miguel Ángel Rodríguez Arias, que dijo en 2009 que España era el segundo país en desapariciones forzadas tras Camboya, no en fosas. La falsedad partió de la extrema izquierda, como Pablo Iglesias y compañía, y ahora la repite el podemizado Sánchez. Esto del presidente puede ser un gazapo, pero lo que no es una errata es la Ley de Memoria Democrática.

Esta norma evacuada por el gobierno de «coalición progresista» no obliga, por ejemplo, a que en Cataluña se exhumen todas las fosas, sino solamente las que el comisario político de turno dictamine. El cargo político decide qué muertos son de primera y cuáles de segunda. En este caso es el independentista Antoni Font i Renom, nombrado en junio de 2021 director general de Memoria Democrática en Cataluña. La política es que si hay indicios de que las personas enterradas en un lugar fueron asesinadas por comunistas, socialistas, anarquistas o nacionalistas, las exhumaciones se dejan para otro momento. El asunto va a ser complicado, porque la represión que llevaron a cabo en la retaguardia se llevó por delante a decenas de miles de personas. Estamos hablando de la mayor fosa ubicada hasta el momento en Cataluña, la del cementerio de Montcada i Reixac. Puede contener más de 700 cadáveres de víctimas de la represión republicana.

Quim Torra, presidente de la Generalitat en 2020, se comprometió por escrito con la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces a que iban a sacar los cuerpos. Nada se ha hecho desde entonces. Quizá porque «el proces» agota a cualquiera atando lazos amarillos aquí y allá, o reventando homenajes a víctimas del terrorismo. El caso es que la Generalitat dice que no tiene intención de exhumar esos cadáveres, sino que buscará otros que encajen más con el propósito de la Ley de Memoria Democrática; es decir, donde se sospeche que son víctimas del bando franquista. Hay que ser comprensivo con la decisión. No quedaría bien una foto del consejero catalán junto a los restos mortales de personas que fueron ejecutadas por el bando «progresista». ¿Qué cara poner? ¿Qué decir? Quedaría en duda el victimismo y el relato tosco y tergiversado de la Guerra Civil como una historieta de buenos y malos. Ya ocurrió en julio de 2017, en la primera fosa abierta en Cataluña. Había 20 soldados, de los cuales 17 eran del bando rebelde, el franquista. Hasta allí se trasladó Gemme Domnech, la entonces directora de Memoria Democrática. El descubrimiento, como el de Montcada i Reixac, también fue en un cementerio, pero entonces esto no constituyó un obstáculo para la exhumación, como ahora. El problema es que se ha politizado una medida de Estado como es el cuidado de sus muertos, con independencia de quiénes sean.

Muertos de primera y de segunda

Las Asociaciones para la Recuperación vinculadas con la izquierda dicen que es la hora de resarcirse de 40 años de franquismo, que sí exhumó los cadáveres del bando republicano. Afirman de forma tajante que no hay fosas del bando nacional, pero la que contiene 700 cuerpos en Cataluña sí lo es. Demasiada subvención y política para algo humanitario. Este número es muy pequeño en comparación con el número de muertos de la tercera España, de aquellos que, sin identificarse con ningún bando, fueron víctimas de la violencia de unos y otros. Se calcula que más del 90% de esas personas, asesinadas y tiradas en cualquier sitio, pertenecen a esa España, la gris a la que nadie reivindica. La pregunta es por qué el presidente del Gobierno de la España democrática ha propiciado una Ley de supuesta Memoria Democrática que distingue entre muertos de un bando y otro, que lleva el franquismo hasta 1983 para conseguir el apoyo de Bildu, y que dice chorradas como lo de las fosas de Camboya. En ninguna democracia occidental ocurre lo que pasa en España, esa distinción ideológica de las víctimas de un conflicto civil. Es para hacérselo mirar.