La hacienda en la era de Franco, por I. Flores

I. Flores

Razón Española

Los economistas clásicos coinciden en exigir paridad entre los gastos y los ingresos del Estado, o sea, el equilibrio presupuestario. Y justifican los déficits, con la consiguiente emisión de deuda pública, en circunstancias extraordinarias como guerras o catástrofes naturales. También se admite la emisión de deuda para inversiones cuando su rentabilidad per-mita el pago de intereses y amortizaciones en plazos razonables.

La emisión de deuda pública para hacer frente a los gastos consuntivos del Estado es, en primer lugar, un intento de que paguen las generaciones venideras. Esto es inicuo, porque «si nosotros los vivos queremos hacer un gasto, debemos pagar nosotros» (L. Einaudi: Principios de Hacienda pública, trad. esp. Madrid, 1965. págs. 293). En segundo lugar, es inicuo que, con las devaluaciones y la constante inflación, el Estado acabe confiscando los ahorros de los compradores de deuda pública.

Este principio fue enmendado por los hacendistas socialistas y por sus herederos los keynesianos; pero el espectacular fracaso del socialismo real en todas sus formas ha restablecido el valor del principio de equilibrio presupuestario, hasta el punto de que para ingresar en la Unión Monetaria Europea se exigió un tope de deuda pública y se recomendó a los miembros la total supresión del déficit. El premio Nobel J. Buchanan ha reclamado que las Constituciones impidan el laxo endeudamiento estatal.

El grado de equilibrio presupuestario es, pues, un dato capital para medir la bondad de la gestión hacendística de un gobierno. ¿Qué calificación merecen los de la era de Franco?

En 1939, el nuevo Estado se encuentra con que la zona republicana ha liquidado todas las reservas metálicas del Banco de España y con que la zona nacional ha contraído deudas de guerra con acreedores, como los Estados Unidos por suministro de petróleo. Además, las infraestructuras de la zona republicana estaban profundamente deterioradas cuando no totalmente inservibles.

Según los datos oficiales facilitados por el Banco de España, que se remontan a 1964, entre dicho año y 1975, fecha de la muerte de Franco, todos los Presupuestos del Estado se liquidan con superávit, excepto los de 1971 y 1974, que arrojaron un pequeño déficit de 0,9 y 0,2 por 100 sobre el PIB o producto interior bruto.

Estos datos, excepcionalmente exitosos en sí mismos, cobran excepcional relieve, no sólo por el bajo punto de partida después de la guerra civil y porque superan el duro choque petrolífero a partir de 1972, sino por comparación con lo acontecido después, reflejado en el siguiente cuadro (datos presentados a la Academia de Ciencias Morales y Políticas por E. Fuentes Quintana el 27 de noviembre de 2000).

De este cuadro se deduce el fracaso de los Gobiernos de UCD, que, en el último año de su mandato, producen un déficit del 6,4 por 100 del PIB y una elevación de la deuda de hasta el 31 por 100 del PIB. Pero el balan-ce de los gobiernos del PSOE es aún más negativo. El desencadenamiento de los déficits y consiguientemente de la deuda pública dieron lugar a varias devaluaciones de la peseta y a poner al Estado al borde de la quiebra técnica. Ese deterioro se acusa principalmente en los años 1982-1986 y 1993-1996, en que los incrementos del porcentaje del déficit y de deuda superan todos los precedentes europeos, salvo el de la Italia de la constante inestabilidad política, y marcan los peores momentos de la Hacienda Pública en la España contemporánea.

El gobierno del PP acometió una política de reducción del déficit a fin de reunir las condiciones exigidas para el ingreso en la Unión Monetaria Europea. Más que reducción del déficit, logró detener el enorme crecimiento que protagonizó el PSOE. Los datos del cuadro hay que corregir-los a favor del Gobierno porque su reducción del déficit se realiza sobre todo a costa del Estado, ya que las comunidades autónomas todavía no han interrumpido su carrera de gasto deficitario. Pero también han de ser corregidos restrictivamente porque ese relativo equilibrio presupuestario desde 1996 se logra en parte por la enajenación de bienes patrimoniales del Estado como la Campsa, que se debió a la gestión de la Dictadura de Primo de Rivera, a la venta de Telefónica (redimida por Franco de la titularidad extranjera) o como Argentaria y Endesa, constituidas como joyas del patrimonio estatal durante la era de Franco. Si de las cifras del cuadro anterior se deducen los ingresos extraordinarios por venta de bienes esta-tales, no hay efectiva reducción del déficit hasta el año 2000. Si, además, se tiene en cuenta que algunas de dichas ventas se realizaron a bajo precio y no al actual de la Bolsa, la conclusión es que el despilfarro no se detuvo hasta 1999 y que hasta entonces la administración de la Hacienda pública durante la II Restauración ha sido o deficiente o pésima.

Entre 1996 y 1999 el valor de los ingresos de capital obtenidos por privatizaciones de empresas estatales fue de 3,75 billones. Por tanto, para el conjunto de las Administraciones la posición financiera neta no ha mejorado cinco puntos del PIB (como se derivaría de la disminución del cociente deuda/PIB) sino solo un punto del PIB. Es decir, menos que el aumento de la presión fiscal, que era de 36% en 1996 y ha sido de 37,6% en 1999. Si nos centramos sólo en el Estado (y no en las demás Administraciones), que es el que ha obtenido esos ingresos de capital, la mejora en la posición financiera neta es prácticamente cero, en términos del PIB. El valor actual de mercado de los activos financieros vendidos es (a 15/12/00) de 4, 89 billones. Si valoramos las privatizaciones a esos precios, la posición financiera neta de las Administraciones en términos del PIB habría empeorado en dos décimas, y la del Estado en 1,1 puntos del PIB.

En este capítulo, como en casi todos, quedan, por encima de los improperios y las retóricas demonizadoras, los datos reales, que demuestran el extraordinario acierto y la gran prudencia política con que actuaron los gobiernos durante la era de Franco. En comparación con su sucesores. habría que levantar un monumento de reconocimiento y admiración a los responsables de la Hacienda pública de aquel período.