Política en mercados y estructuras agrarias de 1939 a 1975, por José Luis Montero Casado de Amezúa

José Luis Montero Casado de Amezúa

Ingeniero agrónomo

 

            Para analizar el legado del régimen cuya Jefatura del Estado desempeñó Francisco Franco desde el estado de guerra hasta su fallecimiento en 1975, es necesario conocer los problemas con los que se encontró y cómo y con quienes los resolvió. Para ofrecer una visión general se pueden distinguir las cuestiones coyunturales y las estructurales.

Problemas coyunturales: Entendemos por tales los que se producían año tras año, cosecha tras cosecha y que afectaba a todos los productores, en mayor o menor medida, cada campaña según se desarrollara la misma. Todavía durante la guerra se acometió el problema de los numerosos campesinos productores de trigo quienes obtenían bajos precios, mediante la creación en 1937 del Servicio Nacional del Trigo (SNT). Los almacenistas, siguiendo los principios de la economía de mercado se comportaban buscando el máximo beneficio, que en las duras condiciones de desabastecimiento y racionamiento dejaba indefensos a los productores y por tanto, vendedores desorganizados, lo que les producía una situación de debilidad comercial.

Para resolver el problema, el SNT adquiría todo el trigo producido, al principio ejerciendo el monopolio de compra a unos precios oficiales y pagando el producto puntualmente. Cuando fue disminuyendo el problema del racionamiento, el sistema se extendió a los cereales para pienso de los animales, asumiendo el nombre de Servicio Nacional de Cereales. Este Servicio intervenía en los mercados comprando cuando el precio del producto se situaba por debajo de un precio determinado, y vendía cuando el precio del producto se elevaba por encima de otro precio determinado. Esta actuación ya no era monopolista sino consistía en una actuación en función de los precios, que hacía poco atractivas las acciones especulativas que se hubiesen desencadenado ante las previsiones de variación significativa de los precios.

Con el transcurso del tiempo el Servicio pasó a extenderse a todos los productos agrarios, pasando a denominándose Servicio Nacional de Productos Agrarios, (SENPA). Para desarrollar la actuación, se dotó de una red de silos propios para el almacenamiento, construyéndose entre 1949 y 1975, 627 silos y posteriormente, hasta 1990, se levantaron 40 más, habiéndose actuado en 39 de las 50 provincias españolas, entrando a formar parte junto a los campanarios de las iglesias del perfil de numerosos pueblos de España.

Esta labor se dejó de realizar cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea que evitaba las intervenciones en los mercados dejándolos a la libre competencia y los intereses empresariales.

 

Problemas estructurales: No hay que investigar mucho para conocer la situación social del mundo rural en cuanto a las condiciones de vida y la gran desigualdad de riqueza, derivada de unas circunstancias históricas basadas en la distribución de la propiedad. La situación presentaba realidades diferentes en la España peninsular, pues en la mitad sur y en el valle del Ebro la presencia de grandes explotaciones convivía con trabajadores que, en algunos casos, recibían la significativa denominación de “braceros”, mientras que en la mitad norte la excesiva división de la propiedad daba lugar a un minifundismo que impedía la explotación mecanizada de la agricultura.

A ambos problemas estructurales, derivados de la diferente forma de estar distribuida la propiedad, en los años que analizamos, se dio respuesta, mediante la creación del Instituto Nacional de Colonización (INC) en 1939 y del Servicio Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural en 1953. A partir del año 1971, ambos organismos se fundieron y continuaron su labor en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA).

A principios del siglo XX, la situación social en el mundo rural en el sur de España era lamentable, y constituyó un caldo de cultivo para que prendiera la revolución social. Se formó el Instituto de Reforma Agraria, se produjeron incautaciones de fincas, y todos los demás desórdenes que desembocaron en la guerra. Acabada la misma se constituyó el INC que, consciente de que repartir parcelas en secano era repartir miseria, optó por la transformación en regadío, reservando parte de la superficie a los propietarios los cuales tenían que ejecutar las obras necesarias para regar en el interior de sus propiedades, y el resto de la superficie se les expropiaba, a precios de secano, estableciendo nuevos propietarios, colonos, en las parcelas de regadío a quienes se les concedía una vivienda en los nuevos pueblos que se construyeron.

El INC constituyó más de 50.000 explotaciones de colonos, levantó 285 nuevos pueblos, y puso en regadío 1.000.000 de ha. Esta actuación se paralizó cuando en los años setenta se recibió un Informe del Banco Mundial desaconsejando las actuaciones de transformación en regadío, y las actuaciones prácticamente se dejaron de hacer. Como en tantas ocasiones, en España se acogen las opiniones ajenas con mucha disciplina y hoy en día no es fácil leer opiniones que rezan: “la agricultura será de regadío o no será”.

El informe del Banco Mundial acertó cuando aconsejó y financió a la Agencia de Desarrollo Ganadero, que orientaba las actuaciones encaminadas a mejorar técnicamente la producción ganadera, mejorando simultáneamente el manejo, pero lamentablemente la actuación finalizó una vez que el Banco Mundial dejó de financiar la Agencia. Esta mejora de la ganadería era perfectamente compatible con las actuaciones de transformación en regadío y en pocos años, obedeciendo las indicaciones o circunstancias del Banco Mundial, terminaron ambas.

En la mitad norte de la península la estructura de la propiedad que por razones que hunden sus raíces en la reconquista, dio lugar a un minifundismo que se agravaba con las sucesivas divisiones hereditarias, lo que suponía en ocasiones la imposibilidad de mecanizar las labores agrarias. Para solucionar este grave problema se acometió la concentración parcelaria que consistía en delimitar una zona, y en ella compensar a cada propietario la superficie de muchas parcelas, de tamaño ínfimo, que aportaba, compensándolas con pocas parcelas de mayor tamaño que permitían las labores con medios mecánicos, tractores y cosechadoras. Tanto en la fase de clasificación de los diferentes tipos de suelos como en su valoración relativa, participaban los agricultores que eran elegidos entre los afectados. Se trataba pues de una operación técnica ya que lo que aportaba un propietario era equivalente a lo que se le adjudicaba. El proceso fue solicitado voluntariamente, y una vez decretado, vinculaba a todos los propietarios de la zona a concentrar. El total de propietarios beneficiados ascendió a más de un millón cien mil, a los que más de dieciséis millones trescientas mil parcelas se le compensaron con dos millones cien mil parcelas concentradas, y esta labor se realizó en más de seis millones de hectáreas. Al acabar el proceso solo se procedía a amojonar las nuevas parcelas sólo si había menos de un 4% de recursos presentados, o lo que es lo mismo requería la conformidad del 96% de los propietarios. Después del proceso era frecuente oír a los agricultores decir “en la concentración parcelaria, el que más pierde, gana”.

Así se concentraron más de 6.000.000 ha y en bastantes zonas se ha reconcentrado de nuevo para lograr reducir aún más el número de propiedades.

Una actuación que se desarrolló intensamente en Extremadura, principalmente en la Tierra de Barros y en el Plan Badajoz, fue la financiación, como obras complementarias, de la modernización de agroindustrias, sobre todo en los sectores del aceite y del vino, para las Sociedades Cooperativas.

También el Ministerio de Agricultura llevó a cabo una valiosa actuación de formación humana cultural, higiénica y de formación profesional, a través del Servicio de Extensión Agraria, sin menospreciar la llevada a cabo por la Sección Femenina. Los agentes de Extensión Agraria en muchos casos se comportaban como apóstoles del campo, divulgando técnicas, asesorando tratamientos contra plagas y para el abonado, también les enseñaban conceptos de contabilidad agraria, etc.

La administración de Agricultura, a través de Organismos Autónomos dependientes del Ministerio, transformó la realidad persiguiendo unos objetivos claros para resolver distintos problemas, y quienes actuaron lo ejecutaron con un alto rigor técnico y profesionalidad especializada y contaron, año tras año, con la necesaria estabilidad presupuestaria.

Se puede afirmar por tanto que en los años transcurridos durante la Jefatura del Estado de Franco, las iniciativas llevadas a cabo atendieron a los diferentes problemas que tenían planteados con los medios disponibles dejando una situación totalmente mejorada con respecto a la situación de partida y los que hemos trabajado en ello adquirimos una experiencia profesional que hubiera podido perfeccionar las actuaciones, pero tras el proceso de traspasos a las Comunidades Autónomas, el rigor técnico ha descendido al debilitar la especialización profesional que provoca la movilidad de los funcionarios lo que impide que se acumule la experiencia y, por otro lado la alternancia de las orientaciones políticas hace difícil, cuando no inviable actuaciones de tipo estructural.