La descolonización del Sáhara (I), por Fernando Suárez

Fernando Suárez

Razón Española nº 230

Uno de los más graves problemas con los que hubo de enfrentarse el Gobierno al que yo pertenecí fue sin duda, el que provocó la “marcha verde”, con la que el Rey de Marruecos Hassan II intentó apoderarse del Sahara. La situación del Sahara, ya entonces sumamente compleja, sigue sin resolverse más de cuarenta y cinco años después y en este periodo se han escrito demasiadas tonterías, algunas notoriamente malintencionadas, sobre la actuación en el conflicto del Gobierno que presidía Arias Navarro.

Se ha dicho que Franco entregó el Sahara a Marruecos y también que Arias contravino las órdenes de Franco. Joaquín Prieto y Carlos Gómez se han atrevido a escribir que en su lecho de muerte Franco ordenó a Arias Navarro que declarara la guerra a Marruecos (1). Es completamente falso. Presencié todas las visitas del presidente Arias a la Ciudad sanitaria de La Paz en aquellos días y jamás entró en la habitación del Generalísimo. Nos reuníamos con los médicos en una sala cercana, donde le informaban de la situación. Cualquier despacho era ya imposible y esa tesis es una total fabulación: Las determinaciones adoptadas fueron de la entera responsabilidad del Gobierno.

Se ha escrito que el problema del Sahara es “uno de los lastres generados en los años de la transición política”, cuando la transición política hubiera sido mucho más difícil con un ejército implicado en aquel conflicto.

Se ha sostenido que «salimos huyendo del Sahara», cuando anunciamos nuestra salida con bastantes meses de antelación. Se ha publicado que fuimos ingratos con el pueblo saharaui, cuando el Frente Polisario que lo representa o pretende representarlo se comportó con España con manifiesta hostilidad, aunque sus líderes enseñen cuando les conviene el viejo Documento nacional de identidad del que les habían dotado las autoridades españolas y hasta se ha publicado algún libro cuyo título habla de la traición de España, sin explicar en el texto a qué o a quien.

Por sorprendente que pueda ahora parecer, aquel Gobierno actuó de manera irreprochable y consiguió los dos objetivos que a cualquier observador imparcial le tienen que resultar preferentes: Que no se produjera una guerra sin otra motivación que la de un prestigio mal entendido y que el Ejército español saliera del territorio con arreglo a lo previsto, sin una sola baja y con todos los honores. Los juicios que se han emitido contra el Gobierno de 1975 hubieran sido atroces si, en el momento de la instauración de la Monarquía, España hubiera estado implicada en una guerra colonial, o si el conflicto hubiera supuesto la muerte en acciones militares de varios o muchos jóvenes españoles, o si una victoria, que militarmente había que considerar segura, no hubiera supuesto ventaja alguna. «¿Qué clamor —justificado—no hubiera levantado en toda España (se preguntó el embajador Martín Gamero en su comparecencia de 1978) la muerte de los soldados de reemplazo en defensa de un territorio que habíamos anunciado solemnemente que íbamos a abandonar?» Ante la absoluta inoperancia de las Naciones Unidas, que han reconocido con reiteración su responsabilidad en todas las consultas que tengan por objeto lograr la libre expresión de la voluntad de la población (2), la única solución posible era la que se adoptó.

¿PROVINCIA O TERRITORIO COLONIAL?

Es cierto que resulta sumamente dolorosa la situación en que se encuentra aún el pueblo saharaui y que no fue grato tener que interrumpir el proceso que había de llevar a su autodeterminación, pero es rigurosamente falso que los dirigentes de ese propio pueblo no contribuyeran también a labrarse su incierto des-tino, con su hostilidad, tantas veces expresada de forma agresiva, contra el Ejército de España, que estaba contribuyendo a que el tránsito se produjera en orden y en paz. «Cuando nos hablan a los que estuvimos allí en algún momento… de la falta de apoyo de España a la República Árabe Saharaui Democrática, se olvida la traición del Polisario, sin la que quizás hoy ya serían independientes… Sería un error creer que tenemos alguna deuda contraída con la antigua población del Sahara Occidental. Les dimos todo lo que pudimos y, en un momento complicado para la situación interna española, nos rechazaron. No son creíbles las protestas actuales de amistad, lo que no impide que, ahora como entonces, intentemos mejorar las condiciones de vida del pueblo saharaui.» Son palabras de un testigo tan excepcional como el teniente general Ramos-Izquierdo Zamorano que presidió en su momento la Hermandad de Veteranos de Tropas Nómadas del Sahara (3). También Armas Marcelo recordó que los saharauis en su momento no se comportaron con la lealtad y el beau peste pactados, ni con el Ejército ni con los gobiernos españoles (4).

Prescindiendo de antecedentes que se remontan a más de un siglo (5), el Sahara —como explicó claramente Carro Martínez(6)— ha vivido sucesivamente cinco etapas distintas: La etapa colonial, la asimilista, la autonomista, la independentista y la de la retirada unilateral, pero en los últimos años del régimen de Franco era un territorio en vías de autodeterminación del que España era potencia administradora.

La propia denominación del organismo que administraba el territorio —dirección general de Marruecos y Colonias— demuestra que inicialmente la mentalidad era colonizadora, con presencia fundamentalmente militar. Cuando a mediados de siglo se impone en el mundo la idea descolonizadora, impulsada por la Naciones Unidas, y tanto Francia como Inglaterra van realizando sucesivas descolonizaciones que dan lugar a nuevos Estados independientes en África, España reconoce la independencia de Marruecos, que la alcanza el 2 de mayo de 1956 y va entregando los territorios que tenían consideración de protectorado. Fuera porque los territorios que le quedaban en África eran pequeños y poco conflictivos o porque se consideraba difícil que llegaran a ser independientes, rechazó en cambio la pretensión de ceder el Sahara y discutió la entrega de Ifni.

El secretario general de las Naciones Unidas, en carta del 24 de febrero de 1956 recordó a España su obligación de suministrar información sobre los territorios no autónomos que administraba, entre ellos el Sahara Occidental. España contestó a la carta del secretario general prometiendo una «respuesta oportuna» y es en ese momento cuando empieza la etapa que se puede denominar asimilista. Recuerda Carro que se siguió el equivocado ejemplo de Salazar en Portugal y que el Sahara recibió la consideración jurídica de provincia española, aunque, afortunadamente, con más efecto formal y legal que práctico y real. Es lo cierto que el Decreto de 21 de agosto de 1956 sustituyó a la Dirección General de Marruecos y Colonias por la Dirección General de Plazas y Provincias Africanas y que el Decreto de 10 de enero de 1958 crea las provincias de Guinea Ecuatorial, Ifni y Sahara, que tres años más tarde reafirma la Ley de 19 de abril de 1961(7).

Como escribió el ya citado teniente general Ramos-Izquierdo Zamorano, «desde 1959, la acción de España tuvo como consecuencia un aumento en general de la calidad de vida de los saharauis, incidiendo principalmente en la educación y en el aspecto sanitario, con una disminución muy significativa de la mortalidad materno-infantil. Esta acción estuvo facilitada por la disminución, a causa de una sequía excepcional, del modo de vida nómada que obligó a una concentración de las personas en los principales núcleos de población, El Aaiún, Smara y Villa Cisneros, y en los puestos cívico-militares Auserd, Daora y Mahbes, entre otros, del interior… La política española se basaba en el apoyo a la sociedad tradicional saharaui, con sus jefes de tribu y de fracción, hombres de cierta edad y de familias de prestigio.»(8) Según muchos testimonios, esta es la fecha en que las escuelas, los hospitales y las carreteras que hay son las que hizo España. En 1975 había en el Sahara dos institutos de enseñanza media, dos escuelas de formación profesional y ciento veintisiete unidades de educación general básica a las que asistían casi seis mil niños saharauis, a la vez que numerosos becarios cursaban enseñanza superior en la Península. Se habían creado el hospital general de El Aaiún, el comarcal de Villa Cisneros y numerosos dispensarios, ambulatorios y puestos sanitarios, sin comparación posible con la mayoría de los países del continente africano. Se habían construido viviendas, carreteras, puertos y dos aeropuertos. Se habían alumbrado aguas, se habían creado zonas regables en pleno desierto y se habían creado fábricas y talleres, todo lo cual permitía suponer que hacía 1980 la comunidad saharaui alcanzaría una renta per cápita sensiblemente análoga a la española.

En este punto, hay que hacer dos observaciones: Primera, que la provincialización tuvo un carácter sui géneris y, como dictaminó el Consejo de Estado(9), fue un medio instrumental de organización administrativa, pero las antiguas colonias nunca formaron parte integrante del territorio nacional. Segunda, que no son pocos los observadores que advierten las diferencias de criterio entre los Ministerios de la Presidencia y de Asuntos Exteriores, en concreto entre Luis Carrero y Fernando María Castiella, pues mientras el primero defendía el statu quo, el segundo consideró siempre al Sahara, no como una provincia, sino como un territorio no autónomo, sobre el que se venía informando a la ONU desde 1960. En diciembre de ese año, el representante permanente español reconoció que el Sahara, Ifni, Fernando Póo y Rio Muni eran territorios no autónomos bajo administración española.

La diferente actitud con que se enfrentaron al problema de la descolonización del Sahara los gobiernos en los que influía decisivamente el almirante Carrero y los que presidió Arias Navarro se refleja con toda claridad en la escasa influencia que tuvieron en la política española las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas anteriores a 1973 y la diligencia con que se intentó cumplir la de 14 de diciembre de ese año.

En efecto, el 16 de diciembre de 1965, la Asamblea General de la ONU aprobó su resolución 2072 (XX) solicitando de España que celebrara un referéndum de autodeterminación en el Sahara, en la que aparecen citados como partes interesadas Marruecos, Mauritania y Argelia, lo que implicaba una novedad, pues hasta entonces los procesos descolonizadores se desarrollaban exclusivamente entre el territorio no autónomo y la potencia administradora. En su resolución 2929, de 20 de diciembre de 1966, la Asamblea General diferenció el Sahara de Ifni, acordando la autodeterminación del primero a través de un referéndum y la devolución de Ifni a Marruecos, lo que se efectuó en 1969(10).

En 1967, la ONU aprobó su resolución 2354 (XXII), de 19 de diciembre insistiendo en el referéndum, como hicieron también las resoluciones 2428 (XXIII), de 18 de diciembre de 1968, 2591 (XXIV), de 16 de diciembre de 1969 y 2711 (XXV), de 14 de diciembre de 1970. Ninguna de ellas implicó la menor prisa para los gobernantes españoles de la época. Yo mismo estaba en las Cortes cuando, el 7 de febrero de 1979, el procurador saharaui Sella Uld Abeida Uld Si Ahmed, presidente del cabildo provincial del Sahara y también de la Yemáa, pronunció un discurso —elaborado con seguridad de acuerdo con Carrero Blanco— en el que cuestionaba la intervención de las Naciones Unidas, expresaba su hermandad voluntaria con el pueblo, el Gobierno y el Jefe del Estado español, rechazando las tesis de quienes vivían fuera del Sahara. «Queremos a España —dijo—; es nuestra madre y ninguna madre puede abandonar a sus hijos desvalidos e incapaces de alcanzar una vida decorosamente humana.» Seila Uld Abeida dejó terminante-mente claro que no constituían un peligro para la paz y que habían rechazado pública y solemnemente la intervención de las Naciones Unidas. «Nuestros destinos permanecerán ligados a España… —añadió— mientras no seamos capaces de dirigir nuestros propios asuntos por nosotros mismos. Este es el pacto sagrado que tenemos con España y que sellaron nuestros mayores.» (11)

Preguntado Carrero Blanco por el periodista Emilio Romero acerca de las posesiones españolas sometidas a proceso descolonizador, la respuesta del almirante fue la siguiente: «Si el anticolonialismo persigue el objetivo humano de redimir a unos hombres de la explotación de otros más fuertes, este anticolonialismo nada tiene que ver con España. España nunca ha explotado a los naturales de sus territorios africanos. Lejos de sacar de ellos ningún provecho económico, les ha dado cuanto ha podido, a pesar de no ser una nación rica, y a la vista de todos está la obra civilizadora realizada en ellos. Quede bien claro que en nuestras provincias africanas ni hay ninguna injusticia que corregir ni mucho menos ninguna reivindicación que ejercer. Sin embargo, España, como nación católica, suscribe plenamente, en su interpretación cristiana, el texto del punto tercero de la Carta del Atlántico (1941) y la doctrina descolonizadora de las Naciones Unidas y ha proclamado claramente el derecho de autodeterminación. Somos respetuosos, como nadie, con una auténtica autodeterminación. Sobre esta base, y previo referéndum entre los naturales de las provincias de Fernando Poo y Río Muni, la Guinea Ecuatorial disfruta desde hace cuatro años un generoso régimen autónomo y en los momentos actuales una Conferencia Constitucional estudia los deseos de los naturales y las posibilidades de ayuda de España para que puedan alcanzar un estatuto de independencia».

No aludía expresamente al Sahara, que había entrado ya en la fase autonomista. En efecto un Decreto de 11 de mayo de 1967 creó la Yemaá, una especie de Asamblea General integrada por un centenar de notables y otro Decreto de 5 de diciembre de 1969 creó la dirección general de Promoción del Sahara.

El 20 de febrero de 1973, la Yemaá elevó al Jefe del Estado Español una petición en sentido autonomista y Franco respondió con un mensaje el 21 de septiembre siguiente, en el que se ofrecía al pueblo saharaui un estatuto de autonomía, que debería elaborar la Yemaá para ser sancionado posteriormente por la ley. En ese mensaje se afirmaba también que la referida etapa de autonomía era un paso hacia la autodeterminación, que sería reconocida cuando fuese libremente solicitada por el pueblo saharaui. La Yemaá lo aprobó por unanimidad el 13 de noviembre de 1973(13).

El 14 de diciembre de 1973 —pocos días antes del asesinato del Almirante Carrero Blanco— la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó su reiterativa resolución 3162 (XXVIII), en la que «reafirma su adhesión al principio de la libre determinación y su preocupación de que se aplique ese principio en un marco que garantice a los habitantes del Sahara bajo dominación española la expresión libre y auténtica de su voluntad», invitando a la potencia administradora «a determinar, en consulta con los gobiernos de Marruecos y Mauritania y cualquier otra parte interesada, los procedimientos para la celebración de un referéndum con el auspicio de las Naciones Unidas para permitir al pueblo autóctono del Sahara que ejerza sin trabas su derecho a la libre determinación». Con ese fin, la Asamblea General invitaba al gobierno español a «crear un clima político favorable para que el referéndum se desarrolle en forma completamente libre, democrática e imparcial, permitiendo en particular el regreso de los exiliados políticos al territorio y a tomar todas las medidas necesarias para que sólo los habitantes autóctonos ejerzan su derecho a la libre determinación y a la independencia, con miras a la descolonización del territorio».

PLANES MARROQUÍES Y SURGIMIENTO DEL POLISARIO

A partir de esa resolución, todas las acciones de nuestra Administración respondieron a esos propósitos, en tanto que otros países vulneraban la letra y el espíritu de la resolución, cuestionando precisamente el principio de libre determinación con reivindicaciones absolutamente incompatibles con él. Sin perjuicio de buscar la cooperación con Marruecos y con los demás países del norte de África, para España era incuestionable que sólo la población autóctona del Sahara estaba legitimada para decidir su propio destino. De ahí que se fuera completando un primer censo que se había elaborado en 1961 y que en 1974 incluía 74.000 nativos de aquel territorio, que deberían participar en el referéndum tan pronto como la ONU fijara la fecha. Ese censo se aceptó en los años 90, lo que es una prueba de su corrección14.

El mundo árabe votaba todas las resoluciones sobre la autodeterminación porque estaba prácticamente unánime en que España se retirara del Sahara, aunque cada país ocultara sus propias pretensiones. El 25 de abril de 1974, el primer ministro de Libia, comandante Ahmad Yallud, durante una cena oficial que le ofrecía el Presidente Arias, llegó a pedir la retirada de España «en veinticuatro horas». Con más diplomacia, así se manifestaron también los demás dirigentes árabes que visitaron España por entonces y el Gobierno tuvo que evaluar el riesgo que suponía tanta solidaridad.

Francia, por su parte, no sólo no deseaba ayudar mínimamente a España, sino que veía con satisfacción el proyecto anexionista marroquí, hasta el punto de que muchos años después, cuando ya Valéry Giscard d’Estaing había sido sustituido por Jacques Chirac, éste, en un viaje oficial a Marruecos, se refirió al Sahara como «las provincias del sur».

Pero mientras España pensaba preparar a los saharauis para que sustituyeran a la Administración española hacia 1975, llegando incluso a crearse el Partido de Unión Nacional Saharaui, para tener una fuerza propicia en el momento de la independencia (15), en mayo de 1973 apareció en escena el Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Rio de Oro —el Polisario— que con el apoyo de Libia y de Argelia comenzó a provocar diversos incidentes con las fuerzas españolas que patrullaban el territorio, con bajas por ambas partes.

Su primer ataque se produjo el 20 de mayo de 1973 en el puerto de Yangnet Quesat y consistió en el robo de armamento y en el secuestro durante tres días de cuatro nativos, pero no hubo víctimas. El primer muerto fue un saharaui de la policía territorial española, Brahim Alamin, asesinado el 29 de septiembre de ese año. El 21 de noviembre mataron a un cabo saharaui del Ejército español.

El Polisario celebró un congreso en Mauritania en agosto de 1974 y el primer punto del programa que aprobó era la retirada de las tropas españolas. Todo el mundo sabe que en el Frente Polisario había partidarios de Argelia, de Libia, de Marruecos, de Mauritania, del marxismo, del islam: Lo único que de verdad los aglutinaba, digan ahora lo que digan, era el propósito de que se fueran los españoles(16).

Dos informes del Alto Estado Mayor de julio de 1974 advertían de que las autoridades marroquíes habían radicalizado su actitud ante la noticia de la promulgación de un estatuto de autonomía para el Sahara y era muy probable el incremento de los incidentes fronterizos, de modo que llegó a solicitarse de los tres Ejércitos la evaluación operativa de las unidades que podrían intervenir en el territorio en caso de conflicto armado, sin envío de refuerzos desde la península. Se sugería al Presidente del Gobierno que ordenara la evitación a toda costa de incidentes y que acelerara al máximo la autodeterminación del Sahara, quemando etapas si era necesario. Dado que Marruecos rechazaba terminantemente esa solución, habría que llegar a un entendimiento que salvara el prestigio personal de su Rey, con fórmulas que le permitieran salir de la tensa situación actual. La nota para el Presidente del Gobierno del 19 de julio de 1974 —«máximo secreto»— recomendaba una solución política, «evitando a toda costa el conflicto armado».

El 20 de agosto de 1974, España comunicó formalmente al Secretario General de la ONU que el referéndum de autodeterminación en el territorio del Sahara se celebraría en los seis primeros meses de 1975, en fecha que debería naturalmente fijar la ONU. Fue entonces cuando Marruecos solicitó a la ONU —el 17 de septiembre de 1974— que encargara un dictamen consultivo al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la historia del dominio del Sahara. El 13 de diciembre siguiente, la Asamblea General de la ONU aprobó la solicitud y rogó —encarecidamente— al Gobierno de España que aplazara el referéndum hasta el pronunciamiento de La Haya”. Así lo acordó el Gobierno en su reunión del 30 de enero de 1975. La dilación que eso suponía tuvo efectos gravísimos y resultó letal para la autodeterminación del Sahara, que cuarenta y cinco años después sigue sin materializarse.

 

 

 

(1) Vid. por ejemplo el punto 6° de la resolución 3162 (XXVIII), de 14 de diciembre de 1973.

(3) «La traición del Frente Polisario», en Los domingos de ABC, 4 de noviembre de 2001, pág.9, y «Elementos para la solución del Sahara», en ABC, 25 de julio de 2004.

(4) ABC, 13 de junio de 2005, pág. 7.

(5) En el Tratado de Marrakech, firmado en 1867 entre España y el Sultán de Marruecos, este reconocía que su territorio terminaba en el río Draa, hasta el punto de referirse en tono despectivo a las tribus feroces y salvajes que habitaban allí. El 26 de diciembre de 1884, en el contexto de la Conferencia de Berlín, el Sahara Occidental fue proclamado protectorado español y en el Tratado de Fez, de 1912, se adjudicaron a España 300.000 km2. de desierto, divididos en dos partes: Una, desde el río Draa al paralelo 27° 40′ -el protectorado de Marruecos español- y otra hasta el paralelo 26°, donde consta que faenaban pescadores canarios desde tiempo inmemorial y en el que España tendría plena libertad de acción.

(6) La descolonización del Sahara, en Revista de Política Internacional, n° 144, marzo-abril de 1976, págs. 11 y sigs. Carro reiteró su autorizadísima versión en la comparecencia que efectuó el 15 de marzo de 1978 ante la comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.

(7) Una prueba de la equívoca situación del Sahara la constituía el hecho de que, a finales de los años sesenta, estuvieran en las Cortes dos procuradores familiares, un alcalde, un representante de la Diputación y hasta un consejero nacional por la provincia.

(8) «La traición del Frente Polisario» cit.

(9) Dictámenes de 20 de junio y 7 de noviembre de 1968, citados por Carro en loc. cit., pág. 16. Allí se pueden encontrar también muchos otros aspectos de las diferencias entre españoles y saharauis. Era entonces evidente que una provincia no podría tener distintos sellos de correos, ni ser objeto de información ante las Naciones Unidas.

(10) El tratado España—Marruecos sobre retrocesión de Ifni se aprobó por el Pleno de las Cortes Españolas el 22 de abril de 1969. 

(11) Diario de Sesiones, págs. 22443 a 22445.

(12) Pueblo, 7 de febrero 1968, pág. 9.

(13) El Estatuto de autonomía del Sahara como territorio administrado por España, se aprobó verbalmente por Franco en mayo de 1974. Carro Martínez, que fue el Ministro que lo despachó con él, dejo escrito que «Franco, con un excepcional conocimiento de los hábitos del pueblo saharaui, introdujo personalmente varias modificaciones que, incluso jurídicamente, mejoraron el texto». Estudiado por la Yemáa, lo aprobó el 4 de julio de 1974, acordando su envío a Madrid para su sanción por el Jefe del Estado, que utilizaría la prerrogativa de aprobarlo por Ley. La primera enfermedad de Franco, internado el 9 de julio, el hecho de que el Príncipe de España, que ocupó temporalmente la Jefatura del Estado, careciera de tal prerrogativa y la ofensiva de Marruecos, que llegó al riesgo cierto de intervención armada, hicieron que no entrara en vigor el Estatuto que «había envejecido antes de nacer». La descolonización cit. págs. 18-19 y comparecencia citada. 

(14) La realización del censo, ya dificilísima en 1974 por el nomadismo de buena parte de aquélla población, resulta cada vez más ardua por los asentamientos de muchos saharauis en territorios ajenos y es, sin embargo, esencial para que se pueda celebrar el referéndum. Después de los acontecimientos de cuarenta años, el censo de la población saharaui parece ya una quimera. 

(15) En octubre de 1974, un saharaui que trabajaba en la Metalúrgica Santa Ana, donde se ocupaba de sus relaciones comerciales con los países árabes, Han Henna Uld Rachid, fue encargado por la Presidencia del Gobierno de organizar el PUNS y se le designó adjunto a la jefatura de Minería e Industria en El Aaiún. Organizó el partido, pero fracasó en sus intentos de entenderse con el Polisario para que éste abandonara sus ataques y él mismo abandonó el PUNS y el Sahara en mayo de 1975, para rendir pleitesía en Fez a Hassan II. En agosto le siguió el tesorero Jalifa Bayemaa Mohamed, con la mayor parte de los fondos que quedaban, aproximadamente 1,3 millones de pesetas. 

(16) La historiadora Gemma Esteban, especialista en el Sahara español, ha subrayado la traición del Polisario a España e incluso, sin quererlo, a su pueblo. Según ella, los comunicados del Frente terminaban arengando «contra el fascismo opresor español» y no dejaron de hostigar a las tropas españolas.