Los 30 generales muertos por los rojos en la guerra

 

 

 

   Como ya vimos en el artículo anterior, la mayoría de los oficiales generales en el Ejército y la Armada españoles no se sublevó; sin embargo, la zona gubernamental fue donde más de ellos murieron asesinados o ejecutados. Su lealtad, por acción o por indiferencia, a la Constitución republicana y al Gobierno del Frente Popular, no les protegió, ya que para los socialistas, los comunistas y los anarquistas eran enemigos de clase. Una gran paradoja. No sólo José Calvo Sotelo y José María Gil Robles eran amenazados de muerte en las Cortes, sino que la criminalización alcanzaba a todos los que la izquierda consideraba sus enemigos, desde monjas, a las que acusaban de envenenar a los niños, a generales.

 

   A lo largo del verano y en los meses siguientes, con el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, apodado de manera optimista como el de la victoria, el Ejército que quedó en la zona gubernamental fue sustituido por uno de nuevo cuño. Se denominó Ejército Popular de la República y contó con símbolos tomados del Ejército Rojo de la URSS, como la estrella de cinco puntas y la instauración de comisarios políticos en las unidades, amén de estupideces como la sustitución del saludo reglamentario con la palma abierta por otro con el puño cerrado. En octubre de 1936, la Gaceta de Madrid publicó un decreto firmado por Largo Caballero que instauraba el Comisariado Político, que tantos muertos iba a causar en sus propias filas, unas veces por incompetencia militar y otras por eliminación de derrotistas, facciosos, trotskistas y traidores.

 

 

   De acuerdo con los datos de Ramón Salas Larrazábal en su artículo titulado Los 40 generales víctimas de la guerra civil (revista Historia y Vida), murieron en la zona nacional ocho generales del Ejército y dos de la Armada, en total, 10; y en la zona republicana 19 generales del Ejército y 11 de la Armada, es decir, 30. De los 40 generales y almirantes fallecidos, tres cuartas partes lo fueron en la zona roja.

 

 

   El primer general muerto fue el general de brigada Jacinto Fernández Ampón, gobernador militar de Gerona, que proclamó el estado de guerra en esta ciudad. Fue detenido y trasladado a Barcelona, donde se le fusiló en el cementerio de Moncada por milicianos el 22 de julio de 1936. Al asesinato, el Gobierno de izquierdas unió el insulto, ya que después de su muerte un tribunal lo condenó a muerte en rebeldía.

 

   Antes de cumplirse el primer mes de la sublevación cívico-militar fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados los generales que dirigieron las sublevaciones de Madrid, Barcelona y Málaga.

 

   En Barcelona fracasó el golpe y fueron apresados los generales implicados. En el consejo de guerra se juzgó al general de división Manuel Goded, que era comandante militar de Baleares, pero el 19 de julio había volado a Barcelona para ponerse al frente de las tropas. Junto a él también fueron juzgados y condenados a la pena máxima los generales de brigada Álvaro Fernández Burriel y Justo Legorburu. Se les fusiló en el castillo de Montjuic el 12 de agosto. En octubre de 1940, fue fusilado en el mismo lugar por los vencedores el golpista Lluìs Companys.

 

   En Madrid, el general Joaquín Fanjul Goñi encabezó la rebelión en el Cuartel de la Montaña y se salvó de la matanza cometida al rendirse, pero sólo para ser juzgado el 15 de agosto y ejecutado el 17 de agosto. El general Francisco Patxot, gobernador de Málaga, sacó las escasas tropas que tenía a sus órdenes y tomó la ciudad con la colaboración de 600 guardias civiles. Pero Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes, habló con él por teléfono, le aseguró que el alzamiento había fracasado, añadió que el destructor Sánchez Barcáiztegui se dirigía a la ciudad con órdenes de bombardearla y para evitar más muertes le intimó a la rendición, a la vez que le prometió respeto a su vida y a la de sus oficiales. Patxot mandó a las tropas regresar a sus cuarteles, donde las milicias de izquierdas irrumpieron y cometieron una matanza.

 

   El 23 de agosto de 1936, el ABC de Madrid, controlado por el PSOE y la UGT, dio la noticia de la muerte como La Vanguardia daba las muertes de los sindicalistas a los que se les aplicaba la ley de fugas:

 

 

   El general de brigada José Bosch Atienza, comandante de Menorca, proclamó el estado de guerra en la isla, la única de las Baleares que se mantuvo leal a Madrid. La reacción de los grupos de izquierda y de otras unidades militares y navales hizo que se rindiese. El general José Gacía Aldave, comandante militar de Alicante, en cuya prisión se encontraban encerrados José Antonio Primo de Rivera y otros falangistas, tuvo una postura dubitativa y, aunque no proclamó el estado de guerra, no se salvó de ser ejecutado.

 

 

   Ese mismo mes murió el general Eduardo López Ochoa, al que sus condiciones de masón y republicano no salvaron la vida. El Gobierno republicano le encargó la represión de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, por lo que la izquierda le convirtió en uno de los objetivos de su campaña de odio de los meses siguientes.

 

   El 18 de julio, López Ochoa estaba ingresado por enfermedad en el Hospital Militar de Carabanchel, y los milicianos azuzados por meses de odio fueron a por él; la primera vez, un piquete de Guardias de Asalto les impidió a éstos la entrada en el hospital; pero la segunda vez, el 17 de agosto, lo consiguieron. Los rojos asesinaron al coronel González Deleito, que trató de defender a López Ochoa. Su muerte fue espantosa. Gonzalo Queipo de Llano difundió por radio que le dispararon cuarenta tiros en su cama. La verdad es que lo degollaron con una navaja barbera y luego le decapitaron; por último, clavaron su cabeza en un palo y la llevaron en triunfo por la barriada. La chusma encamionada de la República española actuaba como la chusma parisina de la Revolución francesa: paseando las cabezas de sus enemigos.

 

   Otros generales muertos, muchos de ellos en sacas, fueron los tenientes generales Pío López Pozas y José Rodríguez Casademunt y los generales Villegas, Capaz, González de Lara, Emilio Araujo y Manuel Lon Laga.

 

   El tercer teniente general que había en España, Alberto Castro Girona, estaba en Madrid en situación de disponible sin destino. Aunque tampoco se sublevó, el Gobierno de Largo Caballero lo encarceló. Salvó la vida y falleció en 1969.

 

   En la base naval de Cartagena fueron detenidos los contraalmirantes Francisco Márquez Román, Camilo Molins y Ramón Navia Osorio Castropol. Márquez fue trasladado a Madrid donde murió asesinado; Molins fue absuelto, pero los vencedores le juzgaron y ejecutaron; y Navia Osorio murió en la última matanza de oficiales del Cuerpo General de la Armada, a finales de octubre de 1936.

 

   En Madrid los republicanos mataron al vicealmirante Francisco Javier de Salas González, jefe del Estado Mayor de la Armada. La tripulación del crucero Miguel de Cervantes asesinó al vicealmirante Miguel de Mier y del Río.

 

   En Mahón también se asesinó al contraalmirante Luis Pascual del Pobil. En Guadalajara murió el contraalmirante Ramón Fontella Maristany. Y en Madrid al contraalmirante Joaquín Cervera, segundo jefe militar del Cuarto Militar del presidente de la República.

 

   Otros cuatro generales de la Armada asesinados todos en Madrid fueron: Manuel González de Aleda y Castilla, ingeniero, José Martínez Ayala, de Intendencia, Guillermo García Parreño, jurídico y Esteban Martínez Cabañas, jurídico.