La otra memoria histórica: Timoteo Mendieta y la represión republicana en Sacedón, por Roberto Muñoz Bolaños

Roberto Muñoz Bolaños

Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid

Autor de ‘Las conspiraciones del 36: militares y civiles contra el Frente Popular’

(Espasa, 2019).

El Español

 

El 16 de septiembre de 2019 murió Ascensión Mendieta, convertida en una figura pública por sus esfuerzos para exhumar los restos de su padre, Timoteo Mendieta Alcalá, fusilado por los rebeldes poco después de que finalizara la Guerra Civil, y otorgarle una sepultura digna.

Timoteo Mendieta, de profesión carnicero, había nacido en 1898 en Sacedón, una localidad de 2.407 personas perteneciente a Guadalajara. La provincia alcarreña, que entonces tenía 203.998 habitantes y que en su mayor parte permaneció bajo el control del Gobierno republicano durante la contienda civil, fue testigo de una dinámica represiva desencadenada por militantes de izquierdas tras el fracaso de la sublevación militar en la capital el 22 de julio de 1936. Esta derrota fue seguida de una ola de violencia que afectó a los militares rebeldes y a los civiles sospechosos de apoyarlos, cuyo alcance sigue siendo objeto de debate.

El escritor franquista Enrique Sánchez y Rueda –autor de De Sigüenza a Madrid pasando por Guadalajara: apuntes para la historia de la sangrienta y bestial actuación de la horda roja, años 1936 y 1937– afirmó que entre julio y agosto fueron asesinadas mil personas. Juan Carlos Belinches Balbacid –doctor con una tesis sobre la represión en esta provincia y autor de Violencia política en la provincia de Guadalajara (1936-1939)– consideró esta cifra “algo exagerada”.

Respecto a las causas que desencadenaron este proceso, se vinculan con las tensiones socioeconómicas y la política de exclusión que caracterizó a la izquierda y a la derecha durante la II República, con el anticlericalismo secular de la mayor parte de la izquierda, con el proceso de brutalización de la vida pública que definió el periodo de entreguerras en toda Europa y con la propia sublevación militar.

La dinámica represiva de la capital se extendería por el resto de Guadalajara, siendo Sacedón una de las localidades donde cobró más fuerza, a pesar de que no existió en su término municipal ningún conato de apoyo a la sublevación y de que no estaba cerca del frente de batalla, dos argumentos que se han empleado para intentar explicar los desmanes que tuvieron lugar en la zona republicana.

Por el contrario, las causas que explican este proceso deben buscarse en dos planos: el exógeno, ya que los primeros asesinatos fueron obra de milicianos que habían participado en la toma de la capital, y el endógeno, conformado por los enfrentamientos socioeconómicos, políticos y personales existentes en la localidad, que implosionaron con el comienzo de la Guerra Civil.

El instrumento que lideraría este proceso, cuyo objetivo era modificar las estructuras socioeconómicas existentes mediante la violencia, fue el comité de partidos del Frente Popular (FP) creado en julio de 1936, bajo la jefatura de Crisanto Romo Corona. Integrado inicialmente por miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la Unión General de Trabajadores (UGT) y en menor medida del partido de Manuel Azaña, Izquierda Repúblicana (IR); incorporándose posteriormente militantes de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y del Partido Comunista de España (PCE). De este organismo formó parte, desde su creación, Timoteo Mendieta Alcalá, presidente de la UGT hasta 1938.

Por tanto desde julio de 1936, Sacedón presentó una dualidad de poderes. Por un lado, el Ayuntamiento, bajo la presidencia del alcalde socialista Sixto Romo Mendieta, que representaba teóricamente la legalidad republicana. Por otro, el citado comité, que simbolizaba la nueva situación revolucionaria surgida tras el colapso del Estado republicano como consecuencia de la sublevación militar y el inicio de la Guerra Civil. Este órgano, con la aquiescencia del Ayuntamiento, se hizo con el control de la localidad.

La represión en Sacedón se articuló en dos planos: la violencia contra las personas, por un lado, y contra la propiedad privada, por otro. En el primero, pueden distinguirse tres fases. La primera afectó a los miembros de las dos instituciones que simbolizaban para la izquierda el poder conservador en España: la Iglesia Católica y el Ejército.

Así, el 4 de agosto de 1936 fueron asesinados en el Barrio de La Isabela, Pedro Manuel Lorente Corona, cura párroco de la Iglesia de San Antonio de Padua; Miguel de la Fuente Falcón, capellán mayor del Ejército retirado, y el capitán de Intendencia José Carrasco de la Fuente. No lo fue el maestro local Antonio Cuenca Martínez, que se encontraba en compañía de las víctimas, gracias a la intercesión de un miliciano. Los responsables de estas muertes fueron milicianos comunistas de Las Ventas y del Puente de Vallecas de Madrid, que contaron con el apoyo del alcalde de La Isabela Gabriel Izquierdo Tomico.

La segunda fase se desarrolló en la segunda mitad de agosto de 1936 y tuvo carácter “legalista”, afectando a los funcionarios de Sacedón Su base jurídica fue un decreto publicado el 22 de julio de 1936 que permitía “la cesantía de todos los empleados que hubieran tenido participación en el movimiento subversivo o fueran notoriamente enemigos del Régimen”.

En Sacedón, como en otras localidades, se creó una Comisión Investigadora de la Actuación de los Funcionarios Municipales. Su trabajo quedó reflejado en el acta del Ayuntamiento del 17 de agosto, donde se acordó por unanimidad informar contra los médicos Gerardo Hernando Trillo y Pedro José Rullán, el veterinario Antonio Lamela Guijarro y el farmacéutico Pedro Bousinit Garay, de los que no se tenía constancia de que “hayan podido tomar parte indirectamente en el movimiento revolucionario”, aunque eran funcionarios “de destacada filiación derechista”. De hecho, Rullán y Lamela ya habían sido detenidos el 4 de agosto, y junto a Daniel Fuentes Amor, habían sido trasladados a la prisión de Guadalajara.

El alcalde de Sacedón y los miembros del comité no se olvidaron de ellos y enviaron un escrito a las autoridades de la capital de la provincia solicitando “el fusilamiento del recalcitrante fascista Sr. Rullán, máxime si se tiene en cuenta que en este pueblo ya se han suprimido hombres que no eran tan responsables como dicho señor”. Este documento fue firmado por el alcalde y el presidente del comité, pero también por Timoteo Mendieta Alcalá.

Las autoridades republicanas hicieron caso omiso a esta petición. No obstante, Rullán y Fuentes Amor serían dos de las 280 personas asesinadas el 6 de diciembre de 1936, en la gran saca que tuvo lugar en diferentes prisiones de la ciudad de Guadalajara como represalia por un bombardeo aéreo rebelde.

La tercera fase se inició el 1 de septiembre y se prolongaría hasta octubre de 1936, afectando a personas contrarias al Frente Popular. Su primera manifestación tendría lugar ese mismo día con el asesinato de siete vecinos en el término municipal de Auñón: Juan Julián Peiró Moya, Esteban Peiró Rojo, Manuel Alique Alique, Bienvenido Moya de León, Carmelo González Corona, Jesús Martínez Écija y Vicente Agreda Corral.

Las víctimas presentaban cuatro características: pertenecían al partido que provocaba más rechazo entre las izquierdas españolas, Falange Española de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FE de las JONS); eran muy jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y 23 años; fueron asesinadas tras un simulacro de juicio, y sufrieron el ensañamiento de sus verdugos, ya que tras ser tiroteados, y cuando algunos estaban vivos, fueron quemados y posteriormente mutilados.

Un mes más tarde, el 28 de septiembre de 1936, era sacado de la cárcel local y asesinado Ciriaco Romo García, vecino del Olivar, y poco después el vecino de Pareja Julio de Castro era “colgado de un árbol en el sitio denominado ‘La primavera del Tajo’ del término de Sacedón”. De este crimen fue acusado, entre otros, Timoteo Mendieta Alcalá, que conducía la camioneta en la que se desplazaron los responsables de este crimen.

No obstante, el asesinato masivo más importante tendría lugar un mes y medio después, cuando fueron fusiladas veinticuatro personas el 15 de octubre en las cercanías del cementerio de la localidad: Pedro Moreno Corra, Ramón Razola Molina, Luciano Ardiz Arribas, Ángel Pérez Corral, Vicente Ortega Notaría, Fermín Moreno Corral, Antonio Gil Corral, Manuel Gil Pérez, Tomás Ibarra Moreno, Tomás Escamilla Rebollo, Amos Escamilla Alcolea, Felipe Moro Muñoz, Victoriano Ardiz Ortega, Nicolás López Agreda y Facundo Martínez del Río (todos ellos vecinos de Sacedón). También Saturnino Aybar Palezo, Pablo Rebollo Vázquez, Fidel San Andrés Catalán, Paulino Fernández Tarabillo, Jesús Cortés Vázquez, Juan Luis Pastor Dondel, José San Andrés Pastor y Miguel San Andrés Pastor (vecinos de Tendilla). Por último, Lázaro Puerta López (vecino de Santa María de Poyos). Tres de ellos sobrevivieron a la Guerra Civil –Pedro Moreno Corral, Ramón Razola Molina y Luciano Ardiz Arribas–, declarando posteriormente contra los responsables.

Esta ejecución ilegal presentó cuatro características. La primera, que afectó a personas de mediana edad e ideología conservadora que constituían la élite económica de la localidad. La segunda, que se cometió tras un simulacro de juicio por un tribunal presidido por el alcalde. La tercera, que las víctimas sufrieron actos de ensañamiento y crueldad. Así, Victoriano Ardiz Ortega y Manuel Gil Pérez “fueron apaleados en la prisión momentos antes de ser ejecutados hasta el extremo de que al primero le dejaron exánime”. La cuarta, que se intentó encubrir los hechos, encargándose de esta labor Timoteo Mendieta Alcalá, quien habló con un vecino de la localidad, Ángel Viñas, para que enterrase a los muertos.

En este periodo también se encarceló a numerosas personas. De estos arrestos fueron acusados varios miembros del comité, entre otros, Timoteo Mendieta Alcalá, al que se le consideró probado que participó “en la detención de más de treinta vecinos que sufrieron encarcelamiento durante cuatro meses”.

Esta dinámica represiva finalizó a finales de 1936, cuando el Gobierno de la República recuperó totalmente el control del territorio que aún poseía. No obstante, se siguieron realizando detenciones, con la diferencia de que los arrestados eran enviados a las prisiones de la capital.

El segundo vector represivo fue el ataque contra la propiedad privada. En este proceso, también se distinguieron dos fases. La primera, desarrollada en agosto, tuvo por objetivo la destrucción de las posesiones de la Iglesia Católica: parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, la del Barrio de La Isabela y ermitas de la Santa Cara de Dios y Nuestra Señora del Socorro. De estos ataques fueron acusados, entre otros, el alcalde Sixto Romo Mendieta que fue “el que entregó el día 15 de agosto al pueblo las imágenes y las ropas sagradas que fueron quemadas” y Timoteo Mendieta Alcalá.

La segunda fase se centró en las propiedades de los vecinos derechistas; distinguiéndose dos manifestaciones. Por un lado, la apropiación indebida de objetos. Así, por ejemplo, Timoteo Mendieta Alcalá y Crisanto Romo Corona fueron acusados de llevarse el vino de marca de la confitería de Luciano Ardiz Arribas –superviviente tras ser fusilado–. Por otro, la expropiación de las fincas rústicas pertenecientes a las familias de los asesinados y de otras propiedades pertenecientes a vecinos de ideología conservadora. Timoteo Mendieta Alcalá participó activamente en este proceso, siendo nombrado “Delegado para la explotación de las fincas incautadas”.

Al entonces presidente de la UGT, el Ayuntamiento también le encargó la recaudación de impuestos. Así, en la sesión ordinaria del 10 de enero de 1937, “se acordó por unanimidad adjudicar definitivamente el referido arbitrio de pesas y medidas al único licitador, Timoteo Mendieta Alcalá, por la cantidad de diez mil quinientas dos pesetas”. Pero, parece que no cumplió los plazos, porque en la sesión ordinaria del 27 de junio de 1937, se le requirió que ingresara el dinero “concediéndole de plazo ocho días” y “significándole que en caso contrario, se procederá a su exacción por vía de apremio”. Timoteo Mendieta Alcalá ingresó el dinero, pero no se le volvió a adjudicar ninguna recaudación más.

La Guerra Civil terminó en Sacedón el 29 de marzo de 1939, cuando la localidad fue ocupada por las tropas sublevadas pertenecientes al Cuerpo de Ejército de Aragón. A partir de ese momento, la dinámica represiva cambió de bando, ya que los vecinos conservadores procedieron a denunciar de manera inmediata a las antiguas autoridades y miembros del comité que se encontraban en la localidad.

Timoteo Mendieta Alcalá fue detenido el 9 de abril y juzgado en un consejo de guerra sumarísimo de urgencia el 26 de agosto de 1939, por un tribunal militar presidido por el coronel de Infantería retirado Juan Perelló Sacristán. El informe del instructor, capitán de Infantería Pedro Gutiérrez Corcuera, además de recoger su militancia izquierdista, su pertenencia a la UGT y al comité de partidos del FP, insistía en su papel en el asesinato de veinticuatro personas el 15 de octubre de 1936 y de Julio de Castro, y en su participación en la destrucción de objetos sagrados.

A partir de estos datos, el fiscal Agustín Escobar Dronda le acusó de un delito de auxilio a la rebelión, solicitando la pena de muerte. Su defensor, José González Tardaguila, intentó demostrar que no había pertenecido a ese comité y que su implicación en el asesinato de Julio de Castro se limitaba a haber llevado en su camioneta a los milicianos responsables del crimen, solicitando para él una pena de seis años y un día como reo de un delito de excitación a la rebelión. Timoteo Mendieta, por su parte, alegó en su defensa que impidió que la vecina de Sacedón Paula Sánchez fuera extorsionada por unos milicianos y que salvó la vida de cuatro individuos.

El tribunal aceptó la acusación del fiscal –aunque en la sentencia no recogió su participación en el asesinato de Julio de Castro–, condenándole a muerte. Tras el enterado del general Franco, fue fusilado el 15 de noviembre de 1939; siendo enterrado al día siguiente en la fosa número uno del cementerio de Guadalajara.

Igual suerte corrieron otros veinticuatro vecinos de Sacedón que habían ejercido como autoridades o formado parte del comité de partidos del Frente Popular, entre ellos Sixto Romo Mendieta, Crisanto Romo Corona y Gabriel Izquierdo Tomico, siendo parte de las 822 personas ejecutadas en Guadalajara tras el final de la Guerra Civil, de acuerdo con la cuantificación realizada por Pedro García Bilbao, P. Carlos Paramio Roca y Xulio García Bilbao, autores de La Representación franquista en Guadalajara: Foro por la memoria de Guadalajara. Sin embargo, otro miembro del comité, Francisco Palomino Romo, de diecinueve años de edad, acusado de delitos de sangre, no fue condenado a muerte, sino a veinte años de reclusión porque se le aplicó el atenuante de minoría de edad en el momento en que cometió esos delitos.

Han pasado ochenta años desde que finalizó la Guerra Civil. Timoteo Mendieta Alcalá descansa en paz y con dignidad en una tumba que lleva su nombre en el cementerio de la Almudena (Madrid), en la que pronto le acompañará su hija Asunción. Pero, a la vez, las piedras de la fachada de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción siguen recordando el nombre de los vecinos de Sacedón que fueron asesinados entre 1936 y 1939 por orden del comité del que formó parte.

 

FUENTES: Archivo Histórico Nacional, Fondos Contemporáneos, Causa General de la provincia de Guadalajara. Archivo Municipal de Sacedón (Guadalajara), Libros de Sesiones del Ayuntamiento (1923-1939). Archivo Provincial de Guadalajara, expedientes judiciales.