Así influyó la masonería en la Segunda República española

 

 

 

 

   Si algún régimen en la historia de España puede ser considerado masónico con toda justicia, ese es el de la Segunda República. Cierto que la primera apenas lo fue menos, aunque los males que trajo pudieron conjurarse –si bien por poco- con menor daño para el país. Pero la segunda fue un régimen de logias y mandiles, una vez que la masonería había caído en las manos de esos pequeños burgueses que agudizaron su radicalismo.

 

 

   A nadie se le escapa que, en los años 20, la Orden estaba ducha en las artes de la conspiración, acumulando una larga experiencia al respecto; incluso durante la pacífica dictadura de Primo de Rivera, no dudó en trajinar aquella astracanada veraniega conocida como “la sanjuanada”, llamada así por haber tenido lugar aquel día de 1926.

 

   Pero, en lo esencial, la masonería se mantuvo neutral y hasta llegó a negociar su supervivencia por medio de quien había sido su Gran Maestre, Augusto Barcia. Todo lo que el régimen primorriverista opuso a su labor fue una muy discreta política de “consejos” a determinados mandos militares para que abandonasen la Institución y algún que otro registro.

 

   Las tímidas iniciativas de la dictadura ratificaron a la masonería en su percepción de la esencial debilidad de aquella. Los años veinte fueron una época de esplendor para las logias: sabiamente alejados de la política (por una vez), echaron sus redes en un caladero prometedor, que habría de reportarle enormes beneficios: en el de los intelectuales.

 

   Si, ciertamente, la masonería había tenido un innegable ascendente entre los intelectuales del siglo XIX, ahora tuvo un enorme éxito en su recluta: firmas como la de Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, Américo Castro y Antonio Machado se unieron a las de otros perfiles más políticos como los de Araquistáin, Álvarez del Vayo, Jiménez de Asúa o Manuel Azaña. Enroscada en torno a la Alianza Republicana que se constituyó por entonces, preparó el giro del PSOE hacia el republicanismo, impulsando al socialismo al abandono de la colaboración con el régimen del general; para ser justos, digamos que por las misma razones por las que Alfonso XIII se desentendió del dictador.

 

 

   Para entonces, muchos militares de relieve habían ingresado en la Orden. En parte hastiados por la indecisa y traicionera política monárquica, y en parte herederos de las corrientes liberales que tan larga tradición tenían en las armas españolas, entraron en la Institución militares como López Ochoa, Cabanellas, Riquelme, Ponce de León, Sebastián Pozas, Ramón Franco, Hernández Saravia, Aranda, Fermín Galán…

 

   Los militares masónicos y republicanos no solo participaron en la intentona golpista de 1926; secundaron igualmente la de 1929, organizada por Sánchez Guerra y que tuvo como resultado unas cuantas detenciones en las logias de Sevilla, Almería, Huelva, Madrid, Murcia, Valencia y Alicante, pero poco más. Se arrestó a un puñado de responsables, a los que se puso en libertad con inmediatez con excepción de Daniel Anguiano, implicado en la fundación del Partido Comunista de España.

 

   Como consecuencia de los diversos fracasos, la Orden distribuyó a sus principales hombres entre los partidos más propicios. Así, Álvaro de Albornoz y Marcelino Domingo fueron al Partido Radical Socialista, Giral a Acción Republicana y Jiménez de Asúa al PSOE –que ya contaba con el destacadísimo masón Fernando de los Ríos-.Cuando cayó Primo de Rivera, en enero de 1930, la masonería alentaría la convergencia de republicanos, socialistas y catalanistas que cuajaría en el Pacto de San Sebastián, firmado en agosto de 1930. Dicha iniciativa culminaría con la constitución de la Agrupación al Servicio de la República dirigida por Pérez de Ayala, Marañón y Ortega.

 

   Y también con la sublevación militar del capitán Fermín Galán, que precipitó un golpe que implicaba a otros muchos compañeros de milicia: el 12 diciembre de 1930, la guarnición de Jaca se subleva –tras haberse proclamado la república en el ayuntamiento de la población oscense- y marcha sobre Huesca. La rebelión debería haber tenido lugar tres días más tarde según lo acordado por el Comité Revolucionario, un comité republicano en el que figuraban destacados masones. Pero Fermín Galán se precipitó, condenando la intentona.

 

   La tentativa fue fácilmente dominada, y sus dos principales protagonistas (Galán y García Hernández) fusilados. Pero cuando se proclamase la república, cuatro meses más tarde, el nuevo régimen reivindicaría las figuras de estos golpistas como la de unos “mártires” de la causa. Los mártires darían sus nombres a calles, plazas, colegios y diversos centros públicos. No era un buen augurio.

 

 

   Las logias forzaron la caída del gobierno Berenguer –que había sustituido a Primo de Rivera- y contribuyeron así a la futura proclamación de la república que vendría. Aunque nadie podía imaginar, en ese momento, que la monarquía cedería como lo hizo. Alfonso XIII, empeñado en hacer borrón y cuenta nueva de la dictadura, nombró presidente al almirante Aznar; la idea era convocar elecciones municipales primero, a las diputaciones, después, y más tarde, generales. Pero la izquierda no permitiría olvidar a la monarquía su complicidad con Primo de Rivera, aunque los catalanistas y los socialistas ocultarían oportunamente la suya, que no fue poca. Y aún menos cuando se supo que, dividido el gobierno sobre el fusilamiento de Fermín Galán, el monarca se empeñó en su ejecución.

 

   Sin duda, la adscripción masónica de buena parte de los mandos del ejército –que no pudieron evitar el fusilamiento de Galán, significado masón que, por otro lado, aceptó su destino con admirable entereza- tuvo una influencia determinante en que al rey se le retirasen muchos apoyos militares, lo que pesó decisivamente en su ánimo.Cuando se produjesen las elecciones del 12 de abril, la posición del monarca sería tan débil que unos simples comicios en los que se ventilaba la formación de ayuntamientos a través de la elección de alcaldes y concejales, bastarían para liquidar la restaurada monarquía traída por Cánovas más de medio siglo atrás.

 

 

   El 14 de abril se proclamó la república, y las logias mostraron su júbilo abiertamente considerando al nuevo régimen como suyo. En “La República es nuestro patrimonio”, Augusto Barcia aseguraba en junio de 1931 que “España será una república democrática o será una anarquía desatada”. Así sería.

 

   Los documentos muestran que, aunque la Orden pidió a los suyos una actitud moderada, algunos agitaron de un modo algo más que irresponsable y extremista. Antes de que se cumpliera un mes de la proclamación del nuevo régimen, los conventos y templos de las principales ciudades de España habían ardido. Sobre la responsabilidad de los incendiarios hay pocas dudas (en no pocas localidades los incendiarios eran las nuevas autoridades que, ebrias de un poder recién estrenado, no trataban de ocultarse).

 

   Tampoco hay dudas acerca de la dirección del movimiento y las responsabilidades políticas. No se entiende de otro modo la seguridad que mostró Azaña acerca de la filiación de los incendiarios al afirmar que “todos los conventos de Madrid no valen la vida de un republicano” (lo que, implícitamente, revela la seguridad que el presidente tenía acerca de la filiación de los pirómanos); por si no fuera suficiente, en su propio diario se traiciona de nuevo, apenas unos meses más tarde, cuando recibe en su despacho “al hombre que organizó la quema de conventos del año pasado”.

 

   La república no fue en absoluto un proyecto democrático concebido para la convivencia del conjunto de los españoles, sino un régimen nacido de la convicción de que su legitimidad precedía a la expresión de la voluntad popular. De este modo nadie, sino los propios republicanos, podían gobernarla. Un historiador izquierdista como Santos Juliá ha escrito con respecto a los socialistas y republicanos que “consideraban a la república como criatura propia y creían gozar de un derecho, anterior a las elecciones y al voto popular, para gobernarla.” Sin duda, este sentido patrimonial del régimen no era exclusivo de los republicanos. La historia del constitucionalismo español liberal muestra cómo las constituciones del siglo XIX habían sido pensadas –y, sobre todo, eran empleadas- como arma arrojadiza contra el adversario: carlista, primero; moderado o progresista, después. No se trataba de crear un cauce de convivencia, sino de imponer un orden político, sobre todo al adversario.

 

   Nunca fue esto más visible que durante la II República.

 

   La dirección del nuevo régimen le fue encomendada, sobre todo, a miembros de la Institución. Los masones inundaban, literalmente, el parlamento, y no cabe duda de que tanto la política del primer bienio como los principales políticos formaban parte de su disciplina. El coronel Fermín de Zayas admitió que “el 14 de abril llevó a los más altos cargos de la nación a eminentes hermanos, a los que más sufrieron, a los más inteligentes…”

 

   Ciertamente, muchos masones habían desempeñados cargos de enorme relevancia; hasta el punto de que, tras los gobiernos progresistas de las regencias, los finales del XIX y comienzos del XX habían sido los más abundantes en miembros de la Orden: Sagasta –presidente de gobierno varias veces- había sido Gran Maestre; Ruiz Zorrilla –presidente de las Cortes- había alcanzado el mismo grado.

 

   Pero el nuevo régimen de 1931 era masónico casi en exclusividad. El Gran Oriente español contaba entre sus filas con muchos de entre los cargos principales del gobierno: Diego Martínez Barrio, el de Comunicaciones; Alejandro Lerroux, el Ministerio de Estado; Santiago Casares Quiroga, el de Marina; Marcelino Domingo, Instrucción Pública; Álvaro de Albornoz, Fomento; Fernando de los Ríos, Justicia; Nicolau D´Olwer, Economía; Azaña –que sería, poco después, presidente de gobierno- el de Guerra. A ellos habría que sumarle cinco subsecretarios, quince directores generales, cinco embajadores y veintiún generales.

 

   Sobre la importancia de la masonería es buen reflejo el que Azaña consignase en sus diarios el fastidio que le causaba la iniciación en la Orden; revelación indudable de que los poderosos del nuevo régimen debían pasar por las horcas caudinas de la masonería, pues Azaña no lo hizo hasta casi trascurrido un año de su presidencia. La iniciación de Azaña provocó tal expectación que llegó hasta publicarse en El Liberal del 6 de marzo de 1932.

 

   Azaña no volvería a pisar una logia tras su iniciación, pero este acto mismo revelaba, con toda claridad, cuáles eran sus inclinaciones. Y se trataba de quien sería presidente de gobierno, primero, y de la república, más tarde.

 

   La obra del primer bienio republicano, el que más fielmente refleja las intenciones y los objetivos masónicos, dejará poco margen a la duda. Obsesionados con el régimen de la Tercera República francesa, los masones españoles trataron de emular su evolución política, seguramente sin percibir las esenciales diferencias que existían entre un país y el otro.

 

   Las propuestas de las logias no fueron acogidas con universal benevolencia. A comienzos de los años treinta, algunas de las cosas que sostenían parecían descabelladas para una mayoría de españoles. En mayo de 1931, la Asamblea General de la Logia emitió una declaración de principios en la que reclamaba una serie de conquistas que habría de conseguir el nuevo régimen: la abolición de la pena de muerte y de la cadena perpetua, el matrimonio civil, la libertad de cultos, el divorcio y el estado federal, la separación de la Iglesia y el Estado y la escuela neutra, única y obligatoria.

 

   La cantidad de miembros masones del parlamento varió mucho según las legislaturas; en la primera alcanzó una cifra enorme, muy cerca de los 180 diputados. Esa cantidad disminuyó por debajo de la mitad tras las elecciones de 1933 y la consiguiente derrota de la izquierda; pero lo verdaderamente significativo es que, tras las elecciones del Frente Popular en febrero de 1936, la cantidad de diputados masones –pese a que la izquierda disponía de una clara mayoría de asientos en el Parlamento- era apenas la mitad de lo que había sido en 1931. Un síntoma, una evidencia, de la transformación que habían sufrido las fuerzas de izquierda y la propia república en España; en 1936, los escaños del parlamento estaba ocupados por algo mucho más radical que aquellos viejos sectarios de ateneo.

 

   El modo en que reaccionaron las urnas cuando se celebraron elecciones en noviembre de 1933 lo deja claro: apenas un tercio de los diputados masones –significados en los partidos denominados republicanos- fue reelegido.

 

   La de la derecha fue una victoria muy peculiar. La izquierda impidió que la CEDA, que había ganado las elecciones, pudiera formar gobierno, insinuando que no aceptarían el nombramiento de alguien tan adverso al republicanismo como el triunfador Gil-Robles. En consecuencia, se nombró presidente a Alejandro Lerroux.

 

   Lerroux, hombre de agitada trayectoria, que había comenzado en la izquierda extrema y terminado en el centro-derecha, hacía decenios que había sido iniciado en la masonería. La verdad es que su tarea al frente del ejecutivo se compaginó mal con los objetivos de esta (entre otras cosas llevó a cabo una concesión de haberes al clero), pero duró poco en el cargo y dejó paso a Ricardo Samper, también miembro de la Orden y que había sido ministro de Trabajo y de Industria y Comercio. Es bastante posible que la militancia masónica de Samper fuese también irrelevante en su biografía, pues no se conservan documentos que acrediten algo más que superación de las pruebas de ingreso en la Orden, y su obra política no le acredita como ejecutor de una política característica de la Institución.

 

   De hecho, en julio de 1934 el gobierno Samper daría un paso destinado a cortarle las alas a la masonería, por cuanto la prohibición de que los militares estuviesen afiliados a partidos políticos se hizo extensiva a la de formar parte de ella. Sin embargo, la medida no fue disuasiva en lo más mínimo. No consta que ningún militar se diese de baja, e incluso menudearon las inscripciones.

 

   Poco después se produjo la revolución de Asturias, en el mes de octubre de 1934, que quiso coincidir con la rebelión de la Generalidad. Las organizaciones revolucionarias de la izquierda se deslizaron por la pendiente del radicalismo, aunque no faltaron significados miembros de la masonería entere ellos, sobre todo entre los socialistas. Sin embargo, formaron con los comunistas y los anarcosindicalistas, cuyos propósitos estaban muy lejos de compaginarse con los de la Orden.

 

   Las medidas que tomó el gobierno en los meses sucesivos no pudieron ser más desafortunadas. No condenó a los culpables de la rebelión -ni en Barcelona, ni en Asturias- más que a penas muy leves (por cierto que, entre los culpables, se encontraba Manuel Azaña, que salió bien librado pese a no estar exento de responsabilidad). Las organizaciones que se sublevaron contra la república no dejaron de ser legales, cuando se habían rebelado en bloque contra la legalidad; algo poco explicable y achacable, únicamente, a lo que sus enemigos determinaron era debilidad.Para rematar los desatinos, el gobierno legisló con enorme ceguera en el caso de la reforma agraria, una de las más poderosas razones de la propaganda revolucionaria. Si las medidas aprobadas por el primer bienio de la República resultaban absolutamente insuficientes para poner fin a la flagrante injusticia social que azotaba el campo español, ahora el gobierno de derecha empeoraba la situación sencillamente ignorando el problema y dando marcha atrás en lo poco que se había hecho.

 

 

   En términos muy generales, podemos decir que el gobierno de derechas cayó víctima de sus propios errores, de las acusaciones de corrupción y de su impericia política. Cuando se convocaron las elecciones, para el 16 de febrero de 1936, las espadas estaban en todo lo alto; la metáfora de las espadas es bastante apropiada.

 

   El ambiente de violencia arreció en las semanas que precedieron a las elecciones. Las fuerzas de la izquierda revolucionaria desataron un terror que asombró a sus socios republicanos, al fin y al cabo burgueses, que detestaban la revolución del siglo XX; la suya era la del siglo anterior. Lo que sucedió en la jornada del 16 de febrero es suficientemente conocido; la izquierda violó las más elementales normas democráticas e ignoró la voluntad popular expresada en las urnas, tal y como desde hace décadas se sabe y como ha sido recientemente demostrado de forma pormenorizada e inapelable. El gobierno que salió de la cita electoral era ilegítimo, por tanto, pero el conocimiento de la naturaleza del poder que habían alcanzado no disuadió a los republicanos de ejercerlo.

 

   Dada la distribución de escaños resultante de la falsificación electoral de febrero, los republicanos necesitaban a socialistas y comunistas para mantener la mayoría en el parlamento. Eso se convirtió en un seguro para los revolucionarios, que actuaron a sus anchas en la calle, sin ser molestados desde el gobierno; por el contrario, se puso fuera de la ley a Falange, única organización que se oponía con alguna eficacia a su violencia.

 

   La deriva de la primavera de 1936 es conocida. El deterioro de la situación de la mano de aquel gobierno ilegítimo se produjo a ojos vista; los crímenes y atentados se sucedieron con una violencia cada vez mayor, agudizándose de acuerdo al trascurrir de los días. La presión de las formaciones de la izquierda radical, o radicalizada, aumentó hasta hacer insoportable la situación, que se desbordó también para las logias.

 

   Entre tanto, Azaña actuó de forma dudosamente legal contra Alcalá Zamora, al que destituyó de la presidencia de la república en beneficio propio, contraviniendo los procedimientos previstos, como reconocieron numerosos diputados del Frente Popular.

 

 

   El Azaña de después del Frente Popular es un hombre que se ve rebasado por esos “gruesos batallones populares” que un día creyó dominar, sin darse cuenta de que aquellas ya no eran las ingenuas masas del 14 de abril, sino las multitudes torvas y violentas, intoxicadas por la propaganda bolchevique y prontas a las más sangrientas ferocidades que habrían de arrastrarle también a él. A manos de la izquierda, la última sombra de legalidad saltaría por los aires, y con ella los postreros restos de legitimidad de la república.

 

   Cuando rayaba el verano de 1936, las logias habían perdido buena parte del control. La situación estaba tan deteriorada que muchos de aquellos militares afiliados a la masonería formarían parte del golpe destinado a la rectificación de la república. Golpe que desencadenaría una guerra civil, aunque ese no fuera, en absoluto, su propósito inicial.

 

   En manos del Frente Popular, la república se había convertido en un régimen tan insufrible que incluso destacados republicanos terminaron conspirando contra él, no pocos de entre ellos, masones. Como escribió Stanley G. Payne, llegó un momento en que no sublevarse era más peligroso que hacerlo. Muchos de entre los “hermanos” de la Orden así lo entendieron, y se sumaron a la rebelión en que cristalizó la exasperación del verano de 1936. Una exasperación que, como el aprendiz de brujo, ellos tanto habían contribuido a traer.