España 1934-1936: Para que no se repita aquella historia, por Eduardo Palomar Baró

 

 

Eduardo Palomar Baró     

 

El año 1936 se inició en un ambiente político-social cargado de amenazas. El Presidente de la República, en contra de las normas parlamentarias, había impuesto un Gobierno de simpatizantes suyos, que no contaba con el apoyo de las Cortes. En vez de dar el poder a la mayoría, constituida por los grupos de derechas, decretó la disolución de las Cortes, fijando la fecha del 16 de Febrero para las nuevas elecciones. Las fuerzas políticas se lanzaron a la lucha electoral encuadradas en dos grandes bloques: el “Frente Nacional”, que englobaba a los partidos de derecha, desde los monárquicos a los republicanos del Partido Radical; y el “Frente Popular”, que comprendía desde los republicanos de izquierda a los comunistas, con el apoyo excepcional del anarco-sindicalismo. Pero aquella lucha electoral, normal en otros regímenes parlamentarios, tenía en España un aire torvo y agresivo. La coexistencia de los grupos marxistas y los nacionales se había demostrado imposible, y unos y otros tenían conciencia de que aquella era, probablemente, la última oportunidad para conquistar el Estado por medios democráticos.

 

La trágica división de España en dos bandos irreductibles se había iniciado con la instauración de la República el 14 de Abril de 1931. Podía ser una nueva oportunidad para España, y por ello fue propugnada o aceptada por amplias capas del país. Pero pronto demostraron sus dirigentes un espíritu sectario en tres órdenes principales: en el religioso, en el patriótico y en el social.

 

Los dirigentes republicanos, masones en su mayoría, estaban imbuidos de un anticlericalismo agresivo y pasional. Su primera manifestación fue la quema de conventos realizada al mes escaso de haberse proclamado la República. Pudiera resultar explicable que la acción sorprendiera a los Poderes Públicos y no les diera tiempo a evitarlo. Pero el desarrollo de los acontecimientos demostró la criminal inhibición, si no la complicidad, del Gobierno en unos desmanes que se estaban cometiendo en la misma capital de la nación. Los incendiarios, con toda tranquilidad como si estuvieran realizando una tarea legítima, fueron quemando a lo largo del día once edificios religiosos de la ciudad. Once columnas de humo que en aquel atardecer subían al cielo de Madrid, anunciaban que en aquella República el crimen, en vez de castigo, recibía estímulo de los gobernantes.

 

Como era de esperar, el ejemplo de Madrid se extendió a provincias, destacando Valencia, Alicante, Murcia, Sevilla, Córdoba, Cádiz, Granada y Málaga. En esta última ciudad fueron incendiados cuarenta y ocho edificios religiosos, entre ellos, el Palacio Episcopal. De once parroquias, sólo una quedó intacta. La Guardia Civil intentó evitar los incendios, pero el Gobernador Militar, cargo que desempeñaba el General masón Gómez García Caminero, mandó en persona, retirar a la fuerza y envió al Ministerio de la Guerra el siguiente telegrama: “Ha comenzado el incendio de iglesias. Mañana continuará”.

 

Cuando el Gobierno lo dispuso, bastó con proclamar el estado de guerra para que, sin disparar un sólo tiro, el orden se restableciese, lo que demuestra más aún la tolerancia culpable de los gobernantes. Manuel Azaña, Ministro de la Guerra, había manifestado que: “Todas las iglesias de España no valían la vida de un sólo republicano”.

 

La lucha contra la Iglesia Católica se continuó con procedimientos gubernativos y legislativos. Entre ellos destacan: la expulsión del Primado de España, Cardenal Segura; la disolución de la Compañía de Jesús, con incautación de sus bienes, y las limitaciones impuestas a las restantes Ordenes Religiosas, tales como la prohibición de dedicarse a la enseñanza, lo cual constituía un atentado a los derechos de la Iglesia y una ofensa a los sentimientos católicos de la Nación.

 

En el orden nacional, los españoles se encontraron ante un verdadero intento de desmembrar la Patria. Primero, el Estatuto catalán, y luego el vasco, se convirtieron en dos instrumentos para deshacer la unidad nacional lograda, tras ocho siglos de luchas, por los Reyes Católicos. Porque no se trataba de conceder determinados fueros a regiones españolas con características propias, ni de proceder a una descentralización de las tareas del Gobierno, sino que en el ánimo de los nacionalistas vascos y de los separatistas catalanes, estaba el propósito de una total independencia. Basten como muestra los siguientes párrafos tomados de un manifiesto de los nacionalistas vascos: “¡Baskos!…Recordad lo que valen las promesas y los ofrecimientos solemnes de esa mezcla híbrida de razas, de ese monstruo tirano –España–, opresor infame de pueblos ilustres…La cuestión urgente que agita hoy a Euzkadi es la de su independencia nacional, la devolución de la tierra vasca al pueblo de Euzkadi, sin reservas, absolutamente”.

 

Por último, en el orden social, el Gobierno no emprendió la solución de los graves problemas que la Economía española tenía planteados, como consecuencia de un siglo de abandono liberal, de una forma constructiva y dinámica, sino que prefirió ceder a la demagogia en la calle y tolerar que los derechos de propiedad, incluso los más legítimos, fueran atropellados, sin, en contrapartida, instrumentar una legislación que pusiera orden en unas estructuras. El resultado fue el abandono de muchos cultivos, la disminución de la producción industrial y el incremento consiguiente del paro y la miseria, con lo que se perjudicó a ambas partes en litigio, sin beneficio para nadie, y se creó un estado de tensión social y de agresividad que dio lugar a luctuosos sucesos a lo largo de toda la geografía nacional.

 

De la inseguridad que sufría la Nación es buen exponente el siguiente resumen de los sucesos ocurridos durante un solo mes, el de septiembre, tomado al azar del primer año de República: Intento comunista de Jaca; asalto a la Casa-cuartel de la Guardia Civil de Doña Mencia, dirigido por el propio Alcalde; colisión de los obreros parados con la Guardia Civil en Rute; incendio de una iglesia en La Coruña; huelga de campesinos, en Talavera y de mineros en Asturias; huelgas generales en Zaragoza, Osuna, Granada, Soria, Sanlúcar la Mayor, Bujalance, Teruel, Zamora, Salamanca y Manresa; huelgas parciales, en Murcia, Tarragona, Valencia y otras localidad; bombas, en La Coruña, Sevilla y Manresa; colisiones entre distintos grupos políticos, en Bilbao y en Santander; motines, en Sevilla, Zamora, Teruel y en varios pueblos de la provincia de Toledo; 6 muertos y 31 heridos…

 

El balance es desolador. Ya no puede dudarse de lo que aquella República va a dar de sí. Ortega y Gasset, uno de los intelectuales que había contribuido a su advenimiento, confiando en que fuera un régimen tolerante y equilibrado, escribió en un periódico madrileño: “Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron al advenimiento de la República con su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen ahora, entre desasosegados y descontentos: No es esto, no es esto”.

 

Se habían sembrados vientos y se recogían tempestades. Las fuerzas izquierdistas y socialistas que dominan el Gobierno no muestran ningún interés en enderezar la situación. Alejandro Lerroux que ha ido evolucionando hacia la derecha, retira su apoyo a Azaña, y éste se ve obligado a dimitir. Se disuelven las Cortes, y las elecciones, celebradas en noviembre de 1933, proporcionan un triunfo sensacional a los partidos de derechas: cuatro millones de votos frente a dos de sus contrarios. Con 212 Diputados, la derecha tiene la mayor fuerza del Parlamento. No se puede gobernar sin ella. Se inicia así un periodo de gran trascendencia histórica: el intento de llevar a la República por cauces de orden y legalidad, con arreglo a la voluntad nacional expresada en las elecciones. El intento fue un fracaso.

 

Los partidos de izquierda, en especial los socialistas y comunistas, demostraron pronto que no estaban dispuestos a seguir las normas democráticas aceptando la victoria del adversario, y se dispusieron a apoderarse del poder por la fuerza. Se inicia la subversión en la calle. Durante el mes de diciembre, en motines revolucionarios, la fuerza pública tuvo 14 muertos y 59 heridos y los revoltosos 75 muertos y 104 heridos. Azaña, en un mitin celebrado en el cine Pardiñas, anuncia claramente su intención de no sujetarse a las normas democráticas: “Es hora de abandonar la pura táctica de partido e incluso la táctica parlamentaria, que es de segundo orden en la situación actual”.

 

En 1933 se registra un acontecimiento que ha de tener honda repercusión en el futuro de la Nación: el 29 de octubre tiene lugar en el teatro de la Comedia el mitin fundacional de la Falange Española, en el que intervienen José Antonio Primo de Rivera, Julio Ruiz de Alda Miqueleiz y Alfonso García Valdecasas. El nuevo movimiento político se ve rápidamente engrosado por jóvenes estudiantes y obreros que aspiran a un sistema nuevo, distinto al de partidos que tan estrepitosamente está fracasando en la Nación. La fusión posterior de la Falange con las J.O.N.S., fundadas por Ledesma Ramos, dará nuevo impulso a la organización.

 

Mientras tanto, la política gubernamental no va por el cauce esperado por la masa de electores que había barrido a las izquierdas. Timideces, concesiones y debilidades frustran aquella gran posibilidad política. Las izquierdas se envalentonan y se disponen a imponer sus criterios por la fuerza. El 4 de octubre de 1934, como salida de una crisis, se forma un nuevo Gobierno presidido por Lerroux, en el que se da entrada a tres Ministros de la CEDA. Esta normal medida parlamentaria provoca una revolución socialista-separatista que invalida para siempre el carácter democrático que aseguraba tener.

 

En Madrid fracasa, en la noche del 4 al 5 de octubre, un intento de ocupar los cuarteles, y la revolución se manifiesta en una huelga general y en tiroteos por las calles. En cambio, en Barcelona, el Presidente de la Generalidad Luis Companys proclama la independencia del Estado Catalán, y ordena a las fuerzas militares que se pongan a sus órdenes. Estas reaccionan patrióticamente y proclaman el estado de guerra. Acto seguido, las Unidades del Ejército salen a la calle y, en menos de veinticuatro horas, consiguen dominar la situación.

 

Chispazos aislados de rebeldía se producen en diversas partes de España, pero donde la revolución logra su éxito más firme es en Asturias. Las milicias socialistas se apoderan prácticamente de toda la cuenca minera, y atacan y ocupan gran parte de la ciudad de Oviedo. Se hace precisa la intervención de varias columnas de socorro e, incluso, el desembarco en Asturias de unidades de la Legión y Regulares traídas de África. La lucha en Asturias duró desde el 4 al 16 de octubre. Costó a España 1.372 muertos y 3.000 heridos. Durante ella fueron destruidos 65 edificios particulares, 58 iglesias, 26 fábricas y 58 puentes. Los daños totales fueron evaluados, en moneda de aquel tiempo, en más de 1.000 millones de pesetas.

 

Vencidos claramente con las armas los grupos marxistas, y demostrada su voluntad de tomar el poder por la violencia, podía el Gobierno haber dictado medidas que apartaran definitivamente al país de la senda por donde se deslizaba hacia la catástrofe. Sin embargo, se prefirió seguir una conducta contemporizadora y las responsabilidades de aquella terrible revolución, en la que estuvieron implicados importantes dirigentes políticos y algunos Oficiales del Ejército, se saldaron con el fusilamiento de un Sargento y de un minero. Medidas que, si se esperaba sirvieran para atraer a los antiguos enemigos, produjeron el efecto contrario, pues los marxistas se crecieron con la impunidad y, además, crearon una leyenda negra sobre la represión de Asturias, que aprovecharon inteligentemente en su propaganda.

 

Durante el año 1935 la coalición republicano-derechista se desgasta en una labor de gobierno ineficaz, que no convence a nadie, desprestigiada, además, por escándalos constantes producidos por la inmoralidad administrativa de los radicales, entre los que destaca el del “estraperlo”, ruleta con trampa que intentaba instalarse en Mallorca.

 

El origen de este acrónimo “estraperlo” o “straperlo” fue debido a un escándalo político, producido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta eléctrica de marca “Straperlo”, nombre derivado de Strauss, Perel y Lowann, apellidos judíos holandeses de quienes promovieron el negocio. Los juegos de azar –especialmente la ruleta– estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de los 30, se popularizaron numerosos modelos de pseudorruletas, que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente.

 

Los empresarios, Daniel Strauss (que disponía de pasaporte mexicano y hablaba español), Perle y Lowann (esta última esposa del primero), volvieron su atención hacia España. A lo largo del mes de junio de 1934, los empresarios y los políticos llegaron a un acuerdo económico para explotarlo en el Casino de San Sebastián (Guipúzcoa). Varios personajes en la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio. Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux (líder del Partido Radical) recibiría el 25 por ciento de los beneficios; Joan Pich i Pon, alcalde de Barcelona, un diez por ciento; Aurelio Lerroux (sobrino de Alejandro Lerroux), Miguel Galante Roudil, teniente coronel de Estado Mayor y el periodista Santiago Vinardell, un 5 por ciento. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, Joan Pich i Pon se había comprometido a hacerle llegar un soborno de 100.000 pesetas.

 

El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento (pues la rueda se controlaba mediante un botón, y por lo tanto la banca ganaba siempre que lo deseaba), lo que no impidió que funcionara también en el Hotel Formentor (Mallorca), donde luego también fue clausurado.

 

Pocos días después de que se resolviera el “escándalo del estraperlo” con la salida de Alejandro Lerroux del gobierno de coalición radical-cedista presidido por Joaquín Chapaprieta, estalló en noviembre de 1935 un segundo escándalo que también afectó al Partido Republicano Radical. El funcionario de colonias Antonio Nombela acusó a varios dirigentes del partido de Lerroux, y especialmente al subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Moreno Calvo, de haber resuelto de forma fraudulenta un expediente por el que se indemnizaba a la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario catalán Antonio Tayá que había conseguido un contrato público para conectar por barco las colonias de Guinea Ecuatorial y Fernando Poo que había sido cancelado en 1929, por la pérdida de dos buques en la colonia española de Guinea Ecuatorial. El gobierno presidido por Alejandro Lerroux había aprobado la indemnización el 12 de julio y cuando Nombela se negó a pagarla y se dirigió a algunos miembros del gobierno para denunciar el caso, concretamente a los ministros de la CEDA, José María Gil Robles y Luis Lucia, el gobierno lo cesó, el día 26 de julio. Entonces Nombela llevó el asunto a las Cortes, donde se formó una comisión de investigación. A diferencia del “escándalo de estraperlo”, Alejandro Lerroux estaba directamente implicado porque como presidente del gobierno había firmado el expediente. Cuando se produjo el debate parlamentario Alejandro Lerroux no fue capaz de dar unas explicaciones convincentes sobre las acusaciones de corrupción, aunque en la votación fue exculpado.

 

Este segundo caso de corrupción supuso el derrumbe del Partido Radical, con lo que finalizó el denominado “bienio negro”.

 

Así se inició el año 1936, bajo negros nubarrones. Los acontecimientos demostraron pronto que los presagios no eran infundados.

 

Contra lo que esperaban las derechas, fueron vencidas en los primeros resultados de las elecciones. No eran definitivos, ni bastaban para asegurar la mayoría al Frente Popular, pero las masas se lanzaron a la calle reclamando el poder, y el Gobierno, en contra de sus deberes, dimitió, dando lugar a que el Presidente de la República entregara el poder al Frente Popular. Con esta arma en la mano no fue difícil adulterar el resultado de las elecciones, proporcionando a las izquierdas una mayoría en las Cortes que no correspondía con el reparto real de votos, muy equilibrado, pero con ligera ventaja derechista.

 

El advenimiento del Frente Popular al poder se caracterizó, como se temía, por una completa anarquía, en la que era posible toda clase de arbitrariedades y atropellos que, indefectiblemente, tenían que llevar a la guerra civil. Los desmanes de los primeros tiempos de la República quedaron empalidecidos ante el nuevo sesgo que tomó el país. El espíritu de revancha y el deseo de imponer rápidamente un sistema rojo que impidiera otra sorpresa derechista como la de las elecciones de 1933, llevó a un proceso revolucionario favorecido desde el Gobierno.

 

El fracaso de los métodos parlamentarios para gobernar el país hace que las masas derechistas, en especial los jóvenes, se orienten hacia los grupos de acción más activos. La Falange y el carlismo crecen en forma prodigiosa y plantean la lucha en la calle, oponiéndose briosamente a los atropellos de los grupos de acción marxista y anarquistas, a los que combaten con los propios medios. Gracias a ello se genera el espíritu de lucha y de resistencia en las masas nacionales, impidiendo que, por el simple ejercicio del terror, se imponga al país un régimen bolchevique. La lucha política toma así un claro aire de guerra civil, en la que menudean los atentados, encuentros sangrientos y represalias. El Gobierno, en vez de cumplir con su deber de enderezar la situación e imponer respeto a la Ley y el orden a todos los grupos en litigio, se declara públicamente en las Cortes, beligerante, por boca del Presidente del Consejo de Ministro, Santiago Casares Quiroga, que dice: “Cuando se trata del fascismo, yo no he de quedar al margen de la lucha, y os digo que, contra el fascismo, el Gobierno es un beligerante más”.

 

Como bajo el nombre genérico de “fascismo” incluían las izquierdas españolas a todos los grupos de derecha, quedaba claro que el Gobierno era beligerante frente a ellos, mientras, en cambio, no hacía ninguna declaración semejante frente a los grupos marxistas, comunistas o anarquistas, que practicaban una política de fuerza y terror a la luz del día, e incluso llegaban a detener, uniformados, a los automóviles, exigiendo a sus ocupantes contribuciones para el Socorro Rojo.

 

Al mes y medio de subir al poder el Frente Popular, en la primera sesión de las Cortes, José Calvo Sotelo hace una briosa interpelación sobre el orden público, en la que dice: “Desde el 16 de febrero al 2 de Abril ha habido lo siguiente: asaltos y destrozos, en centros políticos, 58; en establecimientos públicos y privados, 45; en domicilios particulares, 33; en iglesias, 36. Total, 100. Incendios: en centros políticos, 12; en establecimientos públicos y privados, 45; en domicilios particulares, 15; en iglesias, 106, de las que 56 quedaron completamente destrozadas. Total, 178. Huelgas generales, 11; motines, 169; tiroteos, 39; agresiones, 65; atracos, 24; heridos, 345; muertos, 74”. A continuación, Gil Robles anunció que a las gentes de orden no les quedaría pronto otro camino que responder a la violencia con la violencia.

 

Ante la situación, que llevaba inevitablemente a la desintegración de la Patria y a su bolchevización, el Ejército no podía permanecer indiferente. Tanto el honor colectivo como los sentimientos individuales de sus componentes, se lo impedían. Y aunque un excesivo sentido de la disciplina le hubiera llevado al neutralismo, las propias masas marxistas se hubieran encargado de demostrar que era imposible mantenerlo. Para la bolchevización del país era precisa la supresión de un Ejército de indudables sentimientos patrióticos. El Gobierno se dedicó a desarticularlo y desunirlo.

 

Con la ayuda de la masonería, muchos jefes y oficiales se pusieron al servicio de la política del Frente Popular. El traslado, sanción o destitución de los restantes era medida corriente. Pero con ello no bastaba. El núcleo central del Ejército seguía inconmovible, y su voluntad de resistir era cada vez más visible. Las provocaciones menudeaban. En Melilla, los socialistas insultaban a los oficiales que estaban en el Casino Militar. Se ponía el hecho en conocimiento del Delegado del Gobierno, y la solución que éste adoptaba era la de mandar cerrar el Casino. En Alcalá de Henares, un Capitán de Caballería, insultado y agredido por las turbas, hubo de defenderse sacando su pistola. La solución del Gobierno fue arrestarle y trasladar, de la noche a la mañana, todo el Regimiento a Palencia. Casos como estos se contaban a docenas.

 

En junio de 1936 el General Franco, que había sido enviado a mandar la División de Canarias, escribe al Ministro de la Guerra: “Respetado Ministro: Es tan grave el estado de inquietud que en el ánimo de la oficialidad parecen producir las últimas medidas militares, que contraería una grave responsabilidad y faltaría a la lealtad debida si no hiciese presente mis impresiones sobre el momento castrense y sobre el peligro que, para la disciplina del Ejército, tiene la falta de interior satisfacción y el estado de inquietud moral y material que se percibe”. Tras describir las vejaciones sufridas por el Ejército, concluía: “No le oculto a V.E., el peligro que encierra este estado de conciencia colectiva en los momentos presentes, en que se unen las inquietudes profesionales a aquellas otras de todo buen español ante los graves problemas de la Patria”.

 

Esta carta puede ser considerada como la última tentativa de las Fuerzas Armadas para contribuir al restablecimiento de una situación de orden dentro de la legalidad republicana.

 

Altos mandos militares, entre los que, además de Franco, figuraban los Generales Mola, Sanjurjo, Varela, Fanjul, Goded, Orgaz, Queipo, etc…., habían tomado contacto entre sí, para actuar unidos en caso de que las circunstancias lo exigieran. Se mantuvo relación con los carlistas y con la Falange. Ambas organizaciones ofrecieron su apoyo incondicional.

 

El 14 de Abril, aniversario de la proclamación de la República, se celebró en la Castellana el desfile acostumbrado, presidido por el Gobierno en pleno. Al pasar la Guardia Civil, grupos marxistas comenzó a lanzar insultos y silbidos. El Alférez Anastasio de los Reyes, que con unos guardias contemplaba el desfile, se dirigió a los alborotadores y los mandó callar. Cuando regresaba a su sitio fue alevosamente atacado a tiros por la espalda, resultando muerto, a la vez que heridos otros dos guardias. La reacción del Gobierno en este asesinato cometido durante un desfile oficial es inconcebible. Comienza por tachar, de la esquela enviada a “A B C” por la Inspección General del Cuerpo, el titulo de Alférez de la Guardia Civil y la hora que había de verificarse el entierro. A continuación, intentó trasladar, en secreto, el cadáver al cementerio. La resuelta actitud de la familia y del Teniente Coronel de su Unidad, consiguió que el cadáver fuera depositado en una capilla ardiente del Cuartel de las Cuarenta Fanegas, donde se amontonaron las coronas enviadas por el Ejército, la Marina, y otros Cuerpos Armados.

 

Al entierro no asistió ningún Ministro. En cambio, acudió una impresionante multitud, los Diputados de los grupos de derechas, las juventudes falangistas, hombres decididos de todos los grupos nacionales y, con uniforme, gran cantidad de Oficiales del Ejército y miembros de todas las categorías de la Guardia Civil. El traslado del cadáver por las calles de Madrid se convirtió pronto en una verdadera batalla campal. Desde las casas en construcción, grupos marxistas disparaban sus pistolas contra el entierro, y la comitiva respondía en la misma forma. Cae muerto el joven falangista Antonio Sáez de Heredia, primo de José Antonio. Y momentos después, el Teniente de Asalto Castillo, elemento destacado de la organización socialista, mata de un disparo a quemarropa al joven tradicionalista Luis Llaguno. Quizás, por primera vez en la Historia de España, la sangre de carlistas y falangistas se mezcla en una misma lucha, al lado del Ejército, como símbolo de su futura unión en la Cruzada Española.

 

En la sesión parlamentaria del 16 de junio de 1936 tuvo lugar una de las sesiones parlamentarias más dramáticas de toda la historia de España. En ella, José María Gil Robles, denuncia la anarquía que reina en el país. Las cifras en que basa su informe son las siguientes: Entre el 16 de febrero y el 15 de junio de 1936 habían quemado 160 iglesias y asaltado 251 templos; hubo 269 muertos, 1.287 heridos, 215 agresiones, 138 atracos, 138 huelgas generales, 228 parciales, 43 periódicos asaltados, 381 asaltos a centros políticos y estallaron 146 bombas.

 

Desde el 13 de mayo al 15 de junio (desde que Casares Quiroga está al frente del Gobierno): asaltos de iglesias, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 34; muertos, 65; heridos de diferente gravedad, 230; atracos consumados, 24; centros políticos, públicos y particulares, 9; asaltos, invasiones e incautaciones, 46; huelgas generales, 79; huelgas parciales, 92; clausuras ilegales, 7; bombas halladas y explotadas, 47.

 

Acto seguido tomó la palabra José Calvo Sotelo insinuando la posibilidad de que los militares se sublevaran a favor de España. El Jefe del Gobierno, Casares Quiroga, le replica: “De cualquier cosa que pudiera ocurrir haré responsable a su señoría.” A lo que Calvo Sotelo contestó: “Me doy por notificado de las amenazas de su señoría….Mis espaldas son anchas: yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades ajenas si son para el bien de mi Patria, y para gloria de España las acepto también. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos contestó a un Rey castellano: “Señor, la vida podréis quitarme, pero más no podéis”. “Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio”.

 

 El carrusel de atentados continúa. El 5 de julio, a un Oficial de Complemento, falangista, lo sacan a la carretera de Carabanchel y lo asesinan. Es el primer “paseo”. Lo inaudito es lo que ocurre días después. Guardias de Asalto uniformados, entre los que figura el Capitán de la Guardia Civil Fernando Condés Romero, vendido al marxismo, sacan a Calvo Sotelo de su casa, en plena noche, lo asesinan y lo depositan en el cementerio. El Gobierno, no sólo no condena públicamente aquel acto ni procede con energía contra los culpables, sino que intenta justificarlo. Con su acostumbrado sectarismo, suspende los periódicos de derechas e intenta mantener secreta la hora del entierro, que por fin se celebra con una inmensa masa de asistentes.

 

En las Cortes, Fernando Suárez de Tangil y Angulo, Conde de Vallellano anuncia que el Bloque Nacional se retira de ellas por no convivir un momento más con los amparadores y cómplices de aquel crimen. A continuación, Gil Robles augura: “Sé que vais a hacer una política de exterminio de todo lo que signifique derechas. Os engañáis profundamente. Cuanto mayor sea la violencia, mayor será la reacción; por cada uno de los muertos, surgirá otro combatiente…, vosotros, que estáis fraguando la violencia, seréis las primeras víctimas de ella…, dentro de poco vosotros seréis en España el Gobierno del Frente Popular del hambre y de la miseria, como ahora lo sois de la vergüenza, del fango y de la sangre. Nada más”.

 

El 15 de julio de 1936 la convivencia española está definitivamente rota. Los dirigentes derechistas abandonan la Cámara y parten, unos hacia el extranjero, otros hacia regiones más seguras. Dos días después se subleva el Ejército de África. Las guarniciones de la Península secundan el Alzamiento con suerte desigual.

 

 

Las medidas tomadas por el Frente Popular para desarticular el Ejército dan su fruto. La intervención de mandos entregados al marxismo o la masonería, en unas guarniciones; la debilidad o el oportunismo de otros; y, por último, la desproporción entre los débiles efectivos militares y las bien armadas milicias marxistas, en algunas regiones, hacen que en Madrid, Barcelona, Valencia y en casi toda la zona cantábrica, no se produzca o sea aplastado el Movimiento Nacional. En cambio, triunfa plenamente en Navarra, Castilla la Vieja, Aragón, Galicia, Baleares (excepto Menorca), Canarias e importantes ciudades de Andalucía. Partiendo de estas bases, cada uno de los bandos contendientes extiende su acción, y pronto España queda dividida en dos zonas: la nacional y la roja, transformándose, lo que debió de ser un golpe de Estado de amplio apoyo popular, en una larga guerra interior que había de durar cerca de tres años.